Empobrecimiento de Extremadura

En Extremadura estamos sufriendo un proceso de empobrecimiento como resultado de la expropiación de los bienes colectivos y del trabajo del pueblo extremeño. No cabe duda que en el marco general de la crisis económica la pandemia ha acelerado este proceso de un modo notable, al que se suman los recortes presupuestarios que impone la Junta de Extremadura para equilibrar unos gastos que deben adaptarse a los insuficientes ingresos que recaudamos y recibimos del Estado y de la UE

Nos vamos a centrar brevemente en algunos de los componentes responsables de la depauperación que sufre el pueblo extremeño en el ámbito demográfico, económico y social.

 Así, son continuas las luchas y reclamaciones que vienen realizando los sindicatos de la enseñanza y de la sanidad denunciando la disminución de los recursos humanos y materiales que contribuyen de modo directo a la disminución de la calidad de estos servicios públicos en el territorio extremeño.

La disminución de recursos en el sector público va parejo al crecimiento del sector privado. No hay que olvidar que el éxito de lo privado se basa en la reproducción del capital, y en el beneficio de sus propietarios, a lo que contribuye de modo importante la concesión de ayudas y subvenciones desde las instituciones públicas.

 La Junta de Extremadura contribuye al mantenimiento y ampliación de este sector privado destinando cientos de millones de euros a la enseñanza y a la sanidad que de este modo se apropia de parte del producto común de la sociedad, con los que muy bien se pudieran potenciar y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Todo este proceso expropiatorio al pueblo extremeño al que contribuyen los dirigentes políticos, forma parte de manera intrínseco al desarrollo capitalista, se lleva a cabo de modo simultáneo a la concentración y centralización de otros medios de producción que se acelera notablemente en períodos de crisis como el que estamos sufriendo.

Por mencionar sólo algunos casos concretos más visibles. El enriquecimiento de los industriales, muchos de ellos autóctonos, dueños de empresas dedicadas a la agricultura y a las transformaciones de productos hortofrutícolas, practican una expropiación salarial con emolumentos a sus trabajadores y trabajadoras que no se corresponden ni mucho menos con unas condiciones laborales leoninas, a la vez que amplían sus propiedades expulsando a los campesinos a los que compran sus tierras una vez que los arruinan con las políticas de precios y contratos de recogida de sus cosechas.

En otros sectores de la actividad agrícolas son las grandes multinacionales que suministran los insumos necesarios para la producción agrícola, abonos, semillas, maquinarias, las que saquean y arruinan a los agricultores.

Las ayudas que proceden de la Unión Europea enriquecen a un selectivo grupo de latifundistas que viven fuera de Extremadura que se lucran con estas subvenciones, mientras mantienen sus tierras improductivas o como cotos de caza.

En otros sectores económicos, son las grandes superficies las que se implantan en el territorio extremeño creciendo como la espuma en nuestros pueblos, y de paso arruinando a los pequeños comercios de toda la vida.

En estos últimos años, arrecian los intentos de los monopolios dedicados a la minería por arrasar y destruir la naturaleza extremeña, y por si todo lo señalado no fuera suficiente, es público y notorio el impulso institucional desde la Junta de Extremadura a las energías renovables escudándose en que alivia temporal, aunque precariamente, el desempleo con “las plantaciones” de placas solares.

De este modo, las grandes eléctricas se apoderen gratuitamente de bienes colectivos como la tierra, la luz y el agua con los que enriquecen las carteras y negocios de sus directivos, a la vez que roban los bolsillos a toda la sociedad con precios desorbitados de unos suministros básicos imprescindibles para la vida como son los alimentos, combustibles, energía eléctrica y otros.

En otras cuestiones, sobre todo en las que afectan a los sectores más empobrecidos de la sociedad extremeña, aparece claramente el sello de la desidia de la administración pública regional. La lucha contra el desempleo estructural de la población en edad de trabajar no existe y sólo está basada en la concesión de pequeñas migajas que aplaquen el descontento social, no se hace nada por resolver el enorme problema de la falta de viviendas, se mira de reojo la existencia de un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras que se desenvuelven en la economía sumergida con una alta precariedad, o se aletarga a los sindicatos oficiales con el falso diálogo y las subvenciones mientras que son incapaces de firmar un convenio colectivo en el campo.

 En conclusión, nuestra tierra sufre un proceso extraordinario de empobrecimiento que no se detiene con las plegarias de algunos partidos políticos que se encomiendan a las privatizaciones, rebajas de impuestos, todo aderezados con la adoración a la bandera y a la patria, ni tampoco con las acciones partidistas del gobierno del PSOE encaminadas a promocionar a una clase media de la que espera que sus imaginativos emprendimientos nos saquen del precipicio al que estamos cayendo a toda velocidad.