Un gobierno reaccionario con la izquierda dentro

Hace unos meses, Yolanda Díaz afirmó en una entrevista que la coalición PSOE-Sumar conforma un gobierno de resistencia, no de transformación, pues se estaría limitando a subir y bajar la persiana cada día sin acometer grandes proyectos en favor de las mayorías sociales, no obstante lo cual- aclaraba la ministra de Trabajo- resulta obligado mantener su estabilidad por cuanto la alternativa, un gobierno PP-Vox, es muy peligrosa. Y, además, exhibe como activo el conjunto de medidas progresistas adoptadas en los últimos años.

Este argumentario, que se mantiene invariable hasta el momento, adolece de falta de consistencia por cuanto no se compadece con la realidad. En principio porque no existen los gobiernos de resistencia: todos ellos, por acción u omisión, acaban gobernando en favor de clases o grupos sociales concretos. Y el nuestro no se sale de esta norma, pues siendo incontestable que a lo largo de la vida de la conjunción progresista(primero con Unidas Podemos y después con Sumar)se han adoptado medidas positivas como la subida muy importante del salario mínimo o la reforma laboral(en este caso con más dudas respecto de su idoneidad), lo cierto es que la brutal inflación de los últimos años, el mantenimiento de la precariedad laboral, la cifra de despidos más alta-en 2023- desde que hay registros, el aumento de los accidentes de trabajo y los bajos salarios en muchos sectores, con horas extras no pagadas, han hundido el poder adquisitivo de las familias trabajadoras a la par que se han disparado, como nunca, las ganancias empresariales. Paralelamente, el capital rentista y especulativo ha entrado en su edad de oro para desgracia de quienes buscan un techo bajo el que vivir. Así, se han incrementado tanto el número de personas con dificultad para llegar a fin de mes como la pobreza infantil. Y ello en un contexto, además, de fuerte crecimiento económico, lo que hace más inexplicable esta situación social. 

Es decir, por omisión, por dejar hacer al capitalismo libremente, Moncloa ha desprotegido a las clases populares. Pero también por acción, obviando la dignificación de la indemnización por despido improcedente como exige Europa, la retribución de los permisos parentales como también demanda Bruselas y el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo para poner fin a los muchos abusos que se dan en el seno de las empresas. Lo que ha hecho este gobierno es, básicamente, incumplir el acuerdo del programa de coalición suscrito tras las elecciones del 23J.

También en aspectos de la política militar y exterior ante los que es especialmente sensible la población progresista. A este respecto, en estas últimas semanas estamos asistiendo a un torbellino de iniciativas por parte del PSOE que han estremecido a la gente que depositó su confianza en este gobierno. Aparte de mantener viva la llama de la guerra de Ucrania, con envíos reiterados de dinero y armas a Zelenski, ha consumado la violación del Derecho Internacional asestando una puñalada definitiva al pueblo saharaui,  ha seguido financiando el genocidio palestino comprando armas al Estado de Israel-mientras nos engañaba asegurando que no lo hacía- y, como colofón de toda esta deriva, ha incrementado espectacularmente el gasto militar sin pasar por el Congreso, ejecutando las órdenes que la OTAN y Trump le han dado a Sánchez a lo largo de estos meses.

Cuesta ya mucho trabajo reconocer en el Consejo de Ministros algún rasgo progresista y, por el contrario, es muy fácil identificar la pendiente reaccionaria por la que se desliza el tándem PSOE-Sumar. El primero lo hace de cara, sin complejos, mientras que los de Yolanda retuercen el lenguaje, y a veces el sentido común, para prestar cobertura-eso sí, con las correspondientes ‘observaciones’- a las tropelías que emanan del gobierno.

Muy ilustrativo ha sido, a este respecto, el asunto de los contratos de armas con Israel. El PSOE cede, porque lo pillan, en un contrato menor- 5 millones-, pero mantiene dos por importe total de 813 millones porque incluyen tecnologías ‘no sustituibles’.

Aun reconociendo parte de lo expuesto, Sumar y las fuerzas que la integran aducen que en momentos tan graves como los presentes, en los que el fascismo está a las puertas de tomar el poder, sostener el gobierno es un deber casi sagrado. Dos consideraciones al respecto. Primera, lo que es irrenunciable para un ejecutivo de izquierda es la ejecución del programa: los gobiernos no son un fin es sí mismo. Segunda, si no cumple aquél, está perpetrando un fraude contra su base electoral y social, provocando desafección y crecimiento de la antipolítica, abono sobre el que brota el fascismo. El ala progresista del Partido Demócrata estadounidense lo ha entendido a la perfección: su derrota electoral a manos de Trump la atribuye, sin ambages, a que su partido se ha puesto al servicio de las élites y ha abandonado a la clase trabajadora. 

Cuesta entender que una izquierda que en el pasado llenaba las calles contra la OTAN, el rearme y los recortes sociales esté sosteniendo a un ejecutivo  bajo cuya gestión se expanden el militarismo, la desigualdad y la angustia por la falta de viviendas asequibles. Consciente, como es, de que son estas políticas las que aceleran la llegada al poder de los malos. Por ello, sólo encuentro una explicación a tal actitud: la erótica del poder, con sus privilegios y prebendas, ejerce un gran poder de seducción sobre quienes han hecho de la política su forma de vida.

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