A por más feminismo

El feminismo se ha convertido en un concepto instrumentalizado, manipulado y tergiversado por la derecha política y mediática de nuestro país, con el que han pretendido ponernos a las unas frente a las otras, hacernos dudar de quiénes somos y para quién y por qué estamos luchando, para paralizar nuestros derechos y libertades.

En 2019 pusieron en duda la instauración de un Ministerio de Igualdad, tachándolo de irrelevante y carente de competencias, un capricho de las de Podemos. Y hemos demostrado que, a pesar de los continuos ataques y desprestigios contra este, está siendo fundamental para la protección de nuestras libertades, de nuestros derechos y de nuestras vidas, gracias al impulso y al trabajo de Irene Montero y todo su equipo.

Hasta la aprobación de la nueva ley del aborto, España mantuvo vigente la ley del aborto más restrictiva de la democracia, impulsada por el Partido Popular, que limitaba casi de manera taxativa los supuestos para la interrupción del embarazo. Hoy contamos con una ley que permite a las mujeres de más de 16 años decidir sobre sus propios cuerpos y que establece la educación sexual como el eje transversal de la libertad sexual de las mujeres. Una ley que, aunque blinda la instauración de unos servicios públicos de asistencia integral especializada en salud sexual y reproductiva, en Castilla-La Mancha ha encontrado un cortafuego en el gobierno de Emiliano García-Page.

Castilla-La Mancha, tercera comunidad autónoma más extensa a nivel nacional, con casi 80.000 km² de extensión, cuenta exclusivamente con dos centros privados que realizan Interrupciones Voluntarias del Embarazo, en Albacete y Ciudad Real. Y, por tanto, según el Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha es la autonomía que más fuerza a sus mujeres a abortar fuera de sus provincias. Aun así, durante estos meses hemos visto declaraciones de la Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, en las que ponía en duda la aplicación de la ley porque había que respetar, según ella, “ese otro derecho que es la objeción de conciencia.”

No obstante, a pesar de que el gobierno castellanomanchego solo se dedique a atacar y cuestionar los avances feministas nacionales, o que en su afán electoralista tome como propias inversiones, recursos y medidas del Gobierno de España, como el Plan Corresponsables o el Plan de Infancia, las mujeres de esta región seguimos ganando en derechos, le pese a quien le pese. Así lo ha demostrado la Ley de Libertad Sexual, también conocida como ley de ‘solo sí es sí’, una de las políticas más valientes de esta legislatura y que, en consecuencia, ha sufrido una ofensiva judicial, política y mediática sin precedentes.

¿Por qué? Porque es una ley que pone el consentimiento en el centro, haya violencia física o no, siendo la voluntad de la mujer el hecho fundamental para que se produzca una agresión contra la libertad sexual. Porque contempla todas las formas de violencia machista, incluso las más olvidadas como el acoso callejero, los ataques digitales o la sumisión química. Y, porque denunciemos o no, las mujeres tenemos acceso permanente a los derechos reconocidos en la norma.

Sin embargo, vemos a la derecha y a la extrema derecha recuperar el anterior modelo penal, que nos obliga a probar una agresión sexual con heridas físicas o algún grado de violencia contra nosotras. Vemos a un PSOE cobarde, alineado con los sectores más conservadores de nuestras sociedad y que ayer nos alejó a las mujeres de los derechos que venimos durante años reclamando en las calles. Ayer, quienes alegaban que “no hay socialismo sin feminismo, ni feminismo sin socialismo” nos dejaron claro que no es suficiente con la estigmatización, el hostigamiento y el constante sentimiento de oprobio que las mujeres sufrimos ante las agresiones sexuales.

Con todo, ya sea en la protección a las víctimas de violencia machista, ya sea en materia de derechos reproductivos, las feministas siempre nos encontramos de frente el negacionismo de la derecha y la extrema derecha, así como las presiones políticas, mediáticas y judiciales. Y, como era de prever, las realidades LGTBI no iban a ser una excepción.

La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, que estuvo hasta al último instante de su aprobación pendiente de un hilo –como consecuencia, nuevamente, de un posicionamiento reaccionario y conservador del bipartidismo y la extrema derecha– se ha convertido en el primer constructo legislativo del derecho a la autodeterminación de género de las personas trans. Porque que todas, todos y todes seamos libres para ser quien queramos ser y para amar a quien queramos, nunca supone una privación de libertad a las demás, nunca pone en riesgo la identidad de las mujeres y porque sin la libertad de ser una misma, es imposible construir y vivir una vida plena, satisfactoria y feliz.

Y, es ese vivir libres, vivir seguras, vivir plenas lo que le debemos a las que ya no están con nosotras. Ellas son el motivo por el que seguir reivindicando y saliendo a las calles, junto a aquellas que siguen encubiertas por las estadísticas, como demuestra la existencia de una bolsa oculta de violencia machista en género de más del 70% y del 90% en violencia sexual. Ellas son las que nos tienen que servir de referente para no ceder, para que entendamos que las políticas feministas son siempre irrenunciables.

*Asun Mateos Gámez.

Secretaria de Políticas de Igualdad y Mundo Rural de Podemos CLM.

Candidata de Unidas Podemos a la Alcaldía de Cabanillas del Campo.