Felipe Pineda Ruiz y Horacio Duque Giraldo •  Opinión • 07/06/2020

Bogotá 2020-2023: Un Plan de desarrollo pero de Transmilenio

Con la aprobación casi unánime –incluido uribismo y vargasllerismo- en el Concejo de Bogota del Plan Distrital de Desarrollo de la administración de Claudia Lopez, la capital de la Republica quedo dotada de una Hoja de ruta y de unos referentes programáticos para los próximos cuatro años.

No obstante que la Alcaldía de López intenta situarse  ante los ojos de la ciudadanía como una administración alternativa sensible con los temas ambientales, la protección de los recursos naturales y los dineros públicos, en los aspectos primordiales de su Plan de desarrollo se observa una muy fuerte defensa del principal instrumento de la movilidad en Bogota como es Transmilenio y la eventual construcción de un Metro elevado que no es más que otra pata de aquel, pues el Metro subterráneo que ya tenía estudios y soportes financieros fue descartado por el gobierno de Peñalosa.

 Las inversiones más importantes del gobierno en Bogota en los próximos 42 meses serán para Transmilenio y su Metro auxiliar. Son casi 34 billones de pesos, una cifra gigantesca que poco encaja con el mundo que está surgiendo tras la peste del Covid19 afectado por el colapso económico, social y sanitario.

En el Plan de Claudia Lopez de cada 100 pesos presupuestados, 40 pesos van para el transporte tradicional contaminante, 4 pesos a cultura y 20 centavos de peso para la Secretaria de la mujer.

El Plan, tal vez por su eclecticismo y por la influencia de la perversa herencia neoliberal peñalosista, es más un plan de negocios diseñado por especuladores urbanos, lobistas de los buses de transito rápido (BRT, o Transmilenio en el argot popular), conglomerados financieros y negociantes de la salud.

Con razón el Senador y ex Alcalde de Bogotá Gustavo Petro plantea lo siguiente: “una ciudad de peatones, bicicletas y poderoso transporte público para el distanciamiento social, es una ciudad más Humana. El urbanismo debe densificar junto a las áreas de estudio y trabajo. En Bogotá implica densificar el centro ampliado. ¿El plan de Claudia lo hace?, la respuesta es No”, afirma el parlamentario. (https://bit.ly/3eMmXBB )

Hay allí, en el enfoque de la Alcaldía López, un sesgo para sofisticar la “sociedad del control” y la desviación policiaca del tejido democrático en el campo político. Terreno para el autoritarismo y la omisión de los derechos humanos fundamentales del ciudadano.

Jamás los datos de salud deben pasar a la actividad policial y de espionaje, pues así ni tendremos  salud ni tendremos democracia (https://bit.ly/2Ua7J1h ).

Victimas excluidas.

La omisión de las víctimas del conflicto y de los instrumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales en el reconocimiento de los derechos de más de 800 mil víctimas es protuberante en el texto del Plan.

Reflexiones para el debate público.

Ponemos a consideración de la ciudadanía bogotana y de las organizaciones políticas y comunitarias de la ciudad estas notas y observaciones sobre la plataforma programática acordada para Bogotá.

La herencia del modelo neoliberal urbano de Peñalosa.

Lo cierto es que se trata de un Plan que a grandes rasgos no se deslinda sustancialmente de las metas y alcances heredados de la administración de Enrique Peñalosa,  que mantiene la fórmula de las alianzas público-privadas para la gestión de la salud, los servicios públicos y el transporte.

Se nos quiere ofrecer el gobierno de Lopez como uno de cambio pero en realidad la misma continúa los proyectos de Enrique Peñalosa. En los próximos días será demolido el H. San Juan de Dios que fue entregado en APP a españoles. Por cierto a una firma cuestionada por corrupción.

En ese sentido conviene recordar que El San Juan de Dios fue comprado a Cundinamarca y se invirtieron $40mil millones  en la adecuación de 4 pisos para cuidados intensivos. Hoy, está listo para habilitar 38 camas para atender las personas afectadas por el Covid19, pero la pregunta es ¿Por qué Claudia Lopez prefiere continuar un contrato de $400 mil millones para hacer un Hospital privado?

En los próximos días Copasa, firma española cuestionada por presunta corrupción en ese país, demolerá la torre central del H. San Juan de Dios. No se entiende por qué se intervendrá éste dado qué hay otras 5 edificaciones que requieren reforzamiento urgente y cuya restauración se inició en el 2015,

En el Plan de Lopez no hay una ruptura con el modelo de especulación inmobiliaria en el centro ampliado de la ciudad.

A excepción de algunos avances en materia ambiental y en la lucha por la equidad de género, particularmente con el programa de economía del cuidado, no existe un avance sustancial en defender el Derecho a la ciudad, atacar la gentrificación (desalojo de espacios urbanos populares), los proyectos de renovación urbana, y en avanzar de fondo en mitigar la desigualdad social y económica de la ciudad.

Un extraño consenso con la ultraderecha fascista.

La cercanía en la visión de ciudad entre la Administración López, y sus supuestos “opositores corruptos” (Vargasllerismo, Partido Conservador, Colombia Justa Libres y Uribismo), ha quedado al descubierto al haber contado con estas colectividades para sacar adelante el Nuevo Plan de Desarrollo Distrital con abrumadora  mayoría (41 votos a favor, 4 en contra), una gobernabilidad excepcional solo igualada por su predecesor Enrique Peñalosa.

En temas estructurales como la seguridad, la movilidad, el desarrollo económico de la ciudad, el hábitat, la gestión de la educación y la vivienda, la alcaldesa contó con el apoyo unánime de los partidos del Gobierno Nacional quienes votaron mayoritariamente a favor todo el plan plurianual de inversiones, salvo aisladas excepciones.

Plan de movilidad con inversiones billonarias.

Es llamativo que de los 53 billones de pesos que el distrito invertirá para reactivar económica y socialmente a la ciudad (artículo 28), en el marco de la emergencia sanitaria, y de los 109 billones contemplados en el Plan Plurianual de Inversiones, 34 sean para movilidad, de los cuales 7 serán para la red de metros y 27 para Transmilenio. Es llamativo porque en la mejora de la gestión de las instituciones de salud solo serán invertidos 2.1 billones, en la disminución del porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables el gasto se aproxima a los 1.3 billones, mientras que en productividad y competitividad la cifra solo alcanza el medio billón.

Mientras al Sistema Distrital del cuidado se le asignan 1,2 billones, al propósito Movilidad/Transmilenio, 34 billones de pesos.

Lo ambiental sí, pero no lo necesario.

Con lo aprobado por el Concejo, el artilugio ambiental se convierte en la carta de salvación de una administración que prepondera el diésel y el concreto en su Plan Plurianual de Inversiones: la Secretaría de Ambiente aumentará su presupuesto en un 20% con respecto a la vigencia anterior; el Jardín Botánico, incrementará en 50 %; el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) lo hará en un 4%; y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – Idpyba, en un 42 %. 

Temas que quedaron por fuera:

Son varios los aspectos que esta Administración omitió, y que hicieron parte de la plataforma programática de la campaña de la Alcaldesa, cabe destacar dos:

1) ¿Por qué no se incluyeron en el PDD programas de retorno y reubicación de las víctimas, de apoyo y representación legal y proyectos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Bogotá de acuerdo con lo que dispone la Ley 1448 y la jurisprudencia?

2) A pesar de prometer en campaña no construir Transmilenio (TM) por la Avenida 68, el concejo aprobó su construcción, abriendo la puerta para que los buses de esta troncal lleguen hasta la calle 100 con carrera séptima, lo que pone en duda que el “corredor verde” esté exento de  TM.

Plan Distrital de Desarrollo: los aspectos negativos para la ciudad.

Artículo 106 (corredor verde por la séptima): aunque es adecuado, al evitar parcialmente la implementación de Transmilenio (TM) por esta emblemática vía, no es claro como la construcción de  TM por la avenida 68, que llegaría hasta la calle 100 con carrera séptima, no se extienda de ese punto hacia el sur.

No deja de ser llamativo el interés de los concejales por el valor de los estudios de TM por la séptima pero no los estudios del metro subterráneo tirados a la basura. ¿Será que la norma sobre el ancho de los andenes frenará la construcción futura de este sistema masivo de transporte por esta emblemática vía?

Artículo 46 (proyectos estratégicos del distrito): uno de los proyectos más controversiales que pasó en las votaciones del Concejo Distrital fue la aprobación de la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Bogotá, que destina $30.000 millones de pesos a estimular la oferta privada de la educación en la ciudad, dineros que hubiesen podido ser utilizados para el fortalecimiento del fondo de universidades públicas y financiar más de 600 cupos en el Sena y la Universidad Distrital.

Artículo 146 (Agencia de Analítica de Datos del Distrito) lo sucedido recientemente, en relación al interés de la Alcaldía de pedirle los datos a los ciudadanos que pernoctan por las calles de la ciudad, coincide con la preocupación de diversas organizaciones en relación al manejo de dicha información manejada por la Agencia recién constituida, “encargada de los procesos inherentes a la analítica de datos como la validación, recolección, integración, almacenamiento, depuración, estandarización, tratamiento, procesamiento, enriquecimiento, visualización y analítica multifinalitaria de datos estructurados y no estructurados del Distrito Capital e información pública y privada”

La preocupación alrededor de la nueva Agencia gira en torno al uso represivo de la gestión de dichos datos por parte de la administración distrital y la policía metropolitana de la ciudad. Adicional a esto, hasta el último momento la Administración Distrital insistió en quitarle a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) la administración de dicha entidad para cederla a un privado, tentativa que fue derrotada por la presión de diversos sectores sociales.

Artículo 30 (Reactivación económica a partir de la construcción de obra, infraestructura pública, e impulso a la construcción privada y la industria manufacturera en el marco de la emergencia de la pandemia por COVID-19): esta norma promueve la construcción de obras privadas y agiliza la expedición de normas y trámites a través de las entidades distritales. Esto puede facilitar la expedición de licencias en zonas ambientalmente protegidas y saltarse las restricciones de construcción incluidas en los Planes Especiales de Manejo Patrimonial (PEMP).

Artículo 75 (porcentajes de suelo con destino al desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP): aunque adecuado no es clara la asignación porcentual de viviendas de este tipo para las minorías étnicas (afrocolombianos e indígenas).

Artículo 135 (sistema distrital de infraestructura para la educación): disfraza instalaciones no aptas, ni construidas por el distrito, como instalaciones educativas. De esta manera los salones comunales serían catalogados como “instalaciones” eximiendo al distrito de hacer inversiones más robustas en infraestructuras realmente dignas.

“MICOS” que se cayeron.

Artículo 91 (instrumentos de captura de valor del suelo en torno a infraestructura de transporte): aunque las plusvalías para recaudar impuestos son necesarias para financiar obras, como las de transporte, este artículo beneficiaba la valorización de predios aledaños a Transmilenio y dejaba vacíos tributarios en el pago del impuesto predial a desarrolladores urbanos y fiduciarias, endeudando a la ciudad además con estos agentes económicos.

Supresión del artículo 36 (facultades extraordinarias al distrito durante 6 meses): este “mico” gigante pretendía dotar de facultades a la alcaldesa Claudia López, pasando por encima del Concejo de Bogotá, para que  en el marco de la urgencia manifiesta en la actividad contractual facultara a las entidades y fondos de desarrollo local del Distrito para contratar en los términos del artículo 42 de la Ley 80/1993.

Normas necesarias.

Artículo 129 (Manejo del relleno de doña Juana): aunque siga funcionando, el cabildo distrital logró que no se prolongara la vida útil ni se ampliara este botadero de residuos. Este artículo faculta a la Unidad Administrativa Distrital de Servicios Públicos (UAESP) para que transforme dichos residuos utilizando nuevas tecnologías.

Artículo 20 (Proyectos vinculados a la Estructura Ecológica Principal de Bogotá-EEPB-): se invertirán en el cuatrienio más de $ 400.000 millones de pesos en la conservación de humedales, ríos, cerros orientales, reforestación de bosques, entre otros.

Ligado a este componente ambiental también se encuentra el Artículo 21, que expide el Código de Ecourbanismo y construcción sostenible, que incluye los lineamientos para la adaptación al cambio climático de la ciudad.

Es paradójico que dentro de estos recursos también se asegure la ejecución del plan zonal lagos de Torca, que afecta a la EEPB en su conjunto, mediante la ejecución de proyectos inmobiliarios al norte de la ciudad.

Operador Público Distrital de Transmilenio: es adecuado que el distrito haya incluido la propuesta de una empresa distrital dentro de los operadores de Transmilenio (TM) con el fin de conocer los costos reales de operación del sistema y lograr que parte de las ganancias se transfieran al erario distrital (Artículo 92).

Sin embargo, no deja de ser contradictorio que los Artículos 90 y 94 le atribuyan funciones diferentes al transporte a TM como actor en los proyectos urbanísticos de iniciativa pública o privada, modificando el objeto mismo de esta empresa. 

También es necesario señalar que el ingreso del Operador público no signifique la renegociación de los contratos con los demás operadores.

Artículo 107 (política pública de la bicicleta): su aprobación supone la implementación de un sistema de bicicletas públicas, así como la ampliación, conectividad y mejora de la infraestructura para bicicletas y Cicloparqueaderos.

Artículo 114 (protección animal): Descentraliza las funciones del Instituto Distrital de Protección Animal (urgencias, brigadas, esterilizaciones) dándole facultades a las Alcaldías y las redes de proteccionistas locales para que las ejerzan. 

Artículo 118 (protección animal): Amplía las competencias del Instituto Distrital de Protección Animal otorgándole funciones de inspección y vigilancia.

 Artículo 34 (agricultura urbana distrital): encaminado a incentivar la creación de huertas urbanas y al fortalecimiento de los mercados campesinos, en donde se incluyen a las organizaciones campesinas.

Art. 124 (estrategia de Compras Locales “Bogotá compra Bogotá”): operado por la Secretaría de Desarrollo Económico, este artículo busca contactar a diferentes agentes económicos para impulsar el desarrollo y emprendimiento productivo de familias y comunidades que habitan en la ciudad.

Un Neoliberalismo “progresista”.

En términos generales bien puede caracterizarse el gobierno de la señora Claudia y su Plan de Desarrollo como una versión tropical del Neoliberalismo “progresista”, el cual combina una agenda económica y social en función de los intereses de los sectores financieros y de poder, un manejo represivo de la movilización social, en defensa del orden con políticas que defienden el ambientalismo, el animalismo, los derechos de las mujeres y los derechos de los LGBTI. Un neoliberalismo progresista que según la feminista Nancy Fraser, quien acuñó dicho concepto, se reconoce porque es “enteramente compatible con el neoliberalismo financiero, ya que bloquea el igualitarismo. El abordaje de las discriminaciones consiste en “asegurar que unos pocos individuos ‘talentosos’ de grupos ‘subrepresentados’ puedan ascender al tope de la jerarquía corporativa y alcanzar posiciones y remuneraciones paritarias con los hombres”.

* Horacio Duque Giraldo, politólogo e historiador. Felipe Pineda Ruiz, publicista, investigador social, colaborador de la Fundación Democracia Hoy. Director del Laboratorio de Innovación Política Somos Ciudadanos.


Felipe Pineda Ruiz y Horacio Duque Giraldo /  Opinión /