La izquierda ante el referéndum catalán

Vaya por delante que, particularmente, no soy partidario de que Cataluña se separe del resto del estado español. Esta aclaración no debería tener más importancia en un escrito de opinión sobre la cuestión catalana, pero habida cuenta del nivel de crispación que se ha alcanzado al respecto en los últimos meses, me ha parecido oportuno dejar clara mi postura desde el principio.

La posición de la izquierda española y por supuesto, de la catalana no nacionalista ante el referéndum del 1 de octubre no está fijada con claridad a día de hoy y seguramente, va a experimentar cambios más o menos importantes en las próximas semanas. En primer lugar, se trata de dilucidar la legitimidad de la convocatoria realizada por la Generalitat. Más allá de las limitaciones impuestas por los diferentes marcos legales, ya sean de carácter nacional (Constitución de 1978) o internacional ( diferentes acuerdos suscritos por la Asamblea de Naciones Unidas, de dudosa interpretación, por cierto, a la hora de establecer el término «pueblo» como sujeto político que ejerce la autodeterminación), lo que es incontestable es que estamos ante un conflicto de naturaleza política, en el que se dirime el ejercicio real del derecho de la soberanía por parte de la gente que vive en Cataluña. Todas las encuestas, incluidas las del CEO (el «CIS catalán»), señalan que entre un setenta y un ochenta por ciento de los catalanes desean la realización de un referéndum en el que puedan pronunciarse sobre la relación política con el resto del estado. Incluso en la última publicada por el CEO, a finales de julio, se recoge que casi la mitad del electorado estaría a favor de una consulta convocada unilateralmente por el gobierno catalán. Por otra parte, se calcula en un 67,5% la participación en ese referéndum unilateral, mayor que en muchas de las consultas electorales autonómicas o generales que se han celebrado en Cataluña.

Se puede ignorar la voluntad política de un pueblo (más allá de discusiones escolásticas sobre el concepto de «pueblo»), pero los resultados de hacerlo no resolverán el problema, sino que lo enquistarán, con consecuencias imprevisibles. La postura inteligente, además de la consecuentemente democrática, es dar la oportunidad a esa comunidad para que se manifieste, tal y como se hizo en Canadá con el caso de Quebec o también, más recientemente, con el referéndum escocés. En ambas ocasiones, se rechazó la alternativa secesionista y quizás no sea aventurado suponer que sucedió tal cosa porque los respectivos estados centrales tuvieron la suficiente sensibilidad para convocar la consulta, restando argumentos a aquellos nacionalistas que pudieran esgrimir razones de claro tinte victimista.

Pero, desgraciadamente, España es diferente. Nuestra derecha, con el gobierno a la cabeza y secundado por todo su aparato mediático, se ha cerrado en banda desde hace años a contemplar una salida política al conflicto, lanzando toda una serie de descalificaciones e invectivas contra el movimiento nacionalista, lo que no ha hecho sino fortalecer al mismo. Y así hemos llegado al momento actual, a menos de treinta días de la consulta del 1 de octubre. Y la izquierda española (y también la catalana) debe definir su postura ante esa convocatoria. Veamos cuáles pueden ser las posiciones a adoptar. Una sería la de llamar a la no participación, ya que no estamos ante un referéndum pactado, que es lo que Unidos Podemos ha pedido insistentemente desde que se conformó como fuerza electoral. En mi opinión, sería cometer un error de bulto, por todo lo expuesto anteriormente: los catalanes quieren votar y, hoy por hoy, la única oportunidad real de hacerlo es acudir a las urnas el 1-O. Creo que, además, la factura política a pagar por la izquierda catalana no nacionalista sería realmente alta. Otra alternativa consistiría en llamar a participar en la consulta, reconociendo el carácter innegable de movilización política que la misma reviste, y sin hacer ninguna recomendación explícita de voto. Por último, se podría contemplar una tercera: convocar a la gente a las urnas, pidiendo, sin ningún complejo, el voto negativo, al no recogerse en el referéndum la opción federal. En todo caso, creo que deberían ser las bases de la izquierda catalana y no los aparatos políticos o los líderes de los diferentes partidos, las que deberían tomar, en consulta vinculante, la decisión definitiva al respecto.

Queda ahora dilucidar qué proponer al día siguiente de la celebración de la consulta. Y ese es un reto aun mayor que la postura a tomar ante la misma. Está claro que la solución no puede venir ni del gobierno español ni del catalán, ya que ambos seguirán, muy posiblemente, en- rocados en sus respectivas posturas. Ya que estamos ante una cuestión que afecta muy directamente al pueblo catalán, pero también al español en su conjunto, solo los representantes legítimos de ambas soberanías pueden abordar las posibles soluciones. Estamos hablando, claro está, del Congreso de los Diputados español y del Parlament catalán. Debería crearse una Mesa Interparlamentaria, con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en ambas instituciones, que adquiriera el compromiso, en el plazo máximo de un mes, de elaborar una propuesta de desbloqueo político, con un calendario definido de actuaciones que pudieran conseguir dicho desbloqueo. Durante ese tiempo, por su parte, los gobiernos español y catalán asumirían el compromiso de no tomar ninguna medida de carácter unilateral: suspensión de la autonomía, por ejemplo, por parte del primero; declaración de independencia, por parte del segundo.

Las deliberaciones y conclusiones de esa Mesa Interparlamentaria deberían contemplar, como es lógico, los resultados de la consulta del 1-O. Es evidente que no es lo mismo que participe un cuarenta o un sesenta por ciento del censo, o que gane el «sí» por abrumadora mayoría o con menos de diez puntos de diferencia. Pero todo eso formará parte del «material» con que deberá trabajar ese espacio multilateral, cuyo objetivo fundamental no debe ser otro que reconstruir los puentes de comunicación entre el pueblo catalán y el español.