Consumidores más protegidos

Multas millonarias contra compañías aéreas por cobrar fraudulentamente un recargo por viajar con equipaje de mano. Multas contra agencias inmobiliarias por colar a los inquilinos honorarios que están totalmente prohibidos por ley. Multas a establecimientos comerciales por defraudar en el Black Friday inventando descuentos que no existen. Multa tras multa, el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy está lanzando un mensaje claro al mercado: los fraudes pueden acabar pagándose muy caros.

Son multas que vienen de un ministerio con limitadísimos recursos que tiene una escasa capacidad para controlar todas las irregularidades que se producen en ese mercado plagado de abusos hacia los consumidores. Un ministerio al que el Gobierno debería dotar de muchísimos más recursos para poder realizar con más eficacia su labor de vigilancia del mercado.

En el Ministerio de Bustinduy están estrenando, y con bastantes ganas, la potestad sancionadora que tiene el organismo desde que en el año 2022 una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores permitiera compartir esa capacidad con las comunidades autónomas. Una potestad sancionadora consecuencia de reivindicaciones históricas de FACUA que fueron oídas en la anterior legislatura por el equipo de Alberto Garzón. Una capacidad para sancionar los fraudes que FACUA llevaba muchísimos años reivindicando pero que ningún político al mando del ministerio con competencias en protección de los consumidores había querido emprender.

Habían transcurrido tres décadas desde la última vez que se intentó la posibilidad de que el ministerio tuviera capacidad para imponer multas. El último que lo hizo a principios de los años 90 fue José Domingo Gómez Castaño, el director general de Consumo de un ministerio donde, por cierto, la ministra era la madre de Bustinduy, Ángeles Amador.

En esas fechas, la idea no llegó a buen puerto pero por fin en esta y la anterior legislatura los consumidores lo hemos conseguido. Pero la defensa de los consumidores no solamente se trata de multar el fraude, también hay que legislar para mejorar nuestros niveles de protección. Y en este ministerio, como ya ocurriera en el anterior, están empeñados en dotarnos de más y mejor legislación que defienda nuestros intereses como usuarios. Legislación en la que, por cierto, es fundamental escuchar la voz de las organizaciones que defendemos los intereses de los consumidores. Cuando lo hacen salen mucho mejor las normas que se acaban aprobando.

Así estamos viendo, pese a las enormes dificultades que tiene esta legislatura para sacar adelante nuevas leyes, cómo en el ministerio están ideando multitud de cuestiones que van a mejorar nuestra vida frente a las prácticas de las empresas. Y los últimos ejemplos son esas medidas que se pretenden incorporar en la futura Ley de Consumo Sostenible para enfrentarnos a abusos como la reduflación, la reventa lucrativa de entradas o la obsolescencia programada.

Pero más allá de escuchar a organizaciones como FACUA para que salgan adelante con la mejor redacción posible normas que protejan los derechos de los consumidores, en este Gobierno sin mayoría absoluta ni nada que se le parezca es absolutamente fundamental que el conjunto de fuerzas políticas en el Congreso abandonen la demagogia y los cálculos electoralistas, y apoyen medidas que redundan en beneficio de absolutamente todos los ciudadanos.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.