Humala, un caso para la polémica en Perú
El fiscal peruano Germán Juárez está convencido de lograr que el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), su esposa Nadine Heredia y otros coacusados sean condenados, aunque los abogados de la pareja manifiestan lo contrario porque los cargos, dicen, carecen de consistencia.
El juez pertinente fijó para el 13 de junio el llamado control de acusación, audiencia en la que verificaría si la formulación de cargos y otros detalles presentados se ajustaban a la legalidad, dispondría eventuales enmiendas, antes de fijar la fecha de inicio del proceso.
El fiscal les imputa el delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y ocultamiento de fondos para las campañas electorales de 2011 y 2016, recibidos supuestamente de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht -que reconoció un aporte de tres millones de dólares-, respectivamente.
El alegato del acusador sostiene que Humala y Heredia deben ser condenados a 20 y 26 años de cárcel, respectivamente, lo que ellos y sus abogados consideran por lo menos desproporcionado.
Además, el fiscal solicita 20 años de prisión para la madre de Heredia, Antonia Alarcón, su hermano Ilán Heredia y su amiga Rocío Calderón, y pretende que parte de la condena sea la disolución del Partido Nacionalista (PNP), fundado por Humala en 2005.
La medida contra el PNP sería ilegal, según la mayoría de los partidos y juristas, porque equivaldría a condenar a todos sus militantes, ajenos a los presuntos delitos cometidos.
El abogado Wilfredo Pedraza, defensor del expresidente Humala y su esposa Heredia, califica como un exceso la acusación del fiscal.
También sostiene que los argumentos de la fiscalía son ‘inconsistentes y difusos en su mayoría’, sobre todo en lo referente a la acusación de que Humala, siendo candidato, recibió fondos de monto impreciso del gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez, supuestamente sustraídos del tesoro venezolano.
‘Como prueba, el fiscal solo esgrime frases generales y el recorte de un diario, sin corroborar’, agrega el defensor, para subrayar que ‘no ha podido lograr un elemento conector serio entre Venezuela y la campaña electoral del 2006’ de Humala.
‘Para nosotros, se trata de un tema de carácter electoral que está sujeto, por tanto, a la Ley de Partidos Políticos y es pasible de una infracción de carácter electoral. En cualquier caso, un aporte cuyo origen se desconoce y sobre el cual no existe retorno al aportante no puede ser lavado de activos’, añade.
En una primera etapa, el 13 de junio, explicó el abogado, la defensa y la fiscalía debatirían la acusación y el juez decidiría qué temas ameritarían ventilarse en el juicio propiamente dicho y cuales serían enmendados o descartados, de ser el caso.
La acusación sostiene además que Heredia recibió fondos electorales encubiertos como honorarios por servicios inexistentes, sobre lo cual Pedraza dijo tendrá que analizarse y establecerse la naturaleza de esos pagos.
El abogado no duda en calificar como arbitrariedad el pedido del fiscal de disolver el Partido Nacionalista, porque el artículo del Código Penal que invoca dispone la disolución de empresas que incurran en lavado de activos y no habla de organizaciones políticas, las cuales tienen una naturaleza diferente. Añade que la legislación no permite la analogía pretendida por el fiscal para desaparecer al PNP de Humala, y apuntó que la ley especifica que ‘la única razón para disolver un partido es que sus idearios tengan relación con el terrorismo’.
Pedraza destaca finalmente el hecho que, a casi seis años de acusaciones periodísticas y de investigación fiscal, sus defendidos, que se proclaman inocentes y víctimas de encono político y mediático, no son acusados de corrupción ni de otros delitos vinculados con el manejo de recursos públicos.
La pareja pasó nueve meses en prisión preventiva entre julio de 2017 y abril de 2018, siendo liberados por un fallo del Tribunal Constitucional, el cual consideró ilegal la medida que les impuso un juez anticorrupción.
Los abogados de Heredia y Humala pidieron la inhibición del juez Richard Concepción Carhuancho, quien tendrá a su cargo las audiencias iniciales, que comienzan el 8 de julio, porque consideran que no es imparcial con los acusados; pero el magistrado se negó a dejar el caso.
Además de Humala, en Perú son investigados por corrupción el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, bajo prisión preventiva domiciliaria; por lavado de activos la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, en prisión preventiva desde noviembre de 2018, y por presunto cohecho la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, también en prisión preventiva.
Por otra parte, el exgobernante neoliberal Alan García (1985-1990 y 2006-2011), cercado por graves indicios de corrupción, se suicidó en abril pasado con un disparo en la cabeza para evitar ser detenido preliminarmente.
arb/mrs
*Corresponsal de Prensa Latina en Perú.
Relacionado
