Christian Zampini •  CZM •  Opinión • 05/02/2020

Fidel Narváez: «La de Assange ha sido en todo momento una persecución política, un ataque al derecho a la información»

Fidel Narváez: «La de Assange ha sido en todo momento una persecución política, un ataque al derecho a la información»

Fidel Narváez ejerció como primer cónsul de Ecuador en Londres entre 2010 y 2018. Durante ese periodo, vivió uno de los momentos más críticos de las relaciones diplomáticas para Ecuador y a nivel internacional: La acogida y asilo del activista Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Tras la subida al poder de Lenin Moreno y el giro en la política internacional de Quito, Narváez abandonó el puesto. Actualmente se encuentra inmerso en una campaña internacional para denunciar la situación de Assange, las detenciones arbitrarias y el derecho a la información. En conversación con Tercera Información, repasa los momentos más críticos del caso Assange, su acogida y posterior entrega por el gobierno de Lenin Moreno.

 

¿En qué circunstancias llega Assange en junio de 2012 a la embajada ecuatoriana en Londres?

Julian solicita asilo como un último recurso para preservar su libertad. Para entonces, para el 2012, ya era evidente que la persecución sobre él era feroz y que los aliados de Estados Unidos que estaban que estaban involucrados en esa persecución, esto es Suecia y Reino Unido tenía la clara intención de entregarlo a Estados Unidos. Eso ya resultaba evidente cuando él solicita asilo.

¿Por qué precisamente Ecuador?

Existía una relación previa de Assange con Ecuador porque, bajo el gobierno de Rafael Correa, fue el único país que solicitó la develación de todos los cables diplomáticos referentes al país. Para entonces WikiLeaks estaba sacando a la luz toda la información en colaboración distintos medios de comunicación. En nuestra apreciación como gobierno ecuatoriano, la gestión de la información de WikiLeaks por parte de ciertos medios estaba condicionada por su propio círculo de intereses o su línea editorial. Esa colaboración dio inicio a la relación cercana de Julian con Ecuador, que, en mi opinión, despertó en él la percepción de que Ecuador sería un país que garantizase sus derechos, como efectivamente hizo durante siete años y hasta la llegada a la presidencia de Lenin Moreno. Me atrevo a decir que el asilo ecuatoriano fue lo único que protegió a Julian en aquellos momentos. Y durante su estadía, en la etapa presidencial de Correa, la diplomacia ecuatoriana se volcó en defender sus derechos.

La pasada semana, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, afirmaba que se ha transmitido deliberadamente una imagen distorsionada de las causas de persecución a Assange.

Y así es. Cuando Assange solicita asilo en la embajada ecuatoriana lo solicita frente a una posible acción judicial de los Estados Unidos. El gobierno de Ecuador quiso dejar claro en todo momento que las garantías y la protección no eran frente a Suecia, sino a los Estados Unidos. La investigación en Suecia pudo proseguir sin ninguna restricción. Con Julian Assange en Londres, con él acogido en la embajada… Ecuador siempre colaboró con la fiscalía y las autoridades suecas. Mostró en todo momento su mejor voluntad para no interferir con esa investigación. Lo que se hizo fue solicitar garantías de que no lo extraditarían a Estados Unidos y, de concederlas, Assange podía ir a Estocolmo a ser interrogado. También se propuso a los fiscales que acudiesen a interrogar a Assange en Londres, una práctica habitual y que Suecia ha hecho en multitud de casos. Se prestó incluso la opción de un interrogatorio mediante videoconferencia. Pero el tiempo fue confirmando la impresión que siempre habíamos tenido: no existía una genuina intención de investigar ni resolver el caso sueco. No había ninguna intención de proseguir con esa investigación, que nunca se concretó en la apertura de un proceso, porque no era más que un pretexto. El caso sueco se abrió y cerró tres veces en nueve años y nunca se llegaron a presentar cargos. De hecho, en las primeras semanas tras la apertura del caso, Julian Assange fue interrogado porque acudió voluntariamente.

Finalmente en el año 2015, tras una supervisión del caso por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de NNUU a petición de la defensa legal de Assange, se dictaminó que se estaban violando sus derechos, al encontrarse con una orden de detención que no se correspondía con esa etapa de la investigación. Esa desestimación de la orden de detención supuso que Reino Unido y Suecia perdían la razón en su actuación judicial. Reino Unido presentó una apelación a ese dictamen del grupo de Naciones Unidas y perdieron nuevamente. Eso muestra una doble moral por parte de ciertas democracias occidentales. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias está evaluando casos constantemente y emitiendo sus pertinentes resoluciones. Reino Unido o Suecia hacen referencia constante a estas resoluciones cuando no se trata de ellos. Pero en este caso la ignoraron. El mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó la atención a Londres y Estocolmo a raíz del incumplimiento de esa resolución, recordando que se trataba de un dictamen vinculante.

A raíz de dicha resolución, las autoridades suecas estuvieron de acuerdo con acudir a interrogar a Assange a Londres. Se le tomó declaración, convenio de cooperación judicial mediante para facilitar y realizar el interrogatorio dentro de la embajada ecuatoriana. Después de dicho interrogatorio en mayo de 2016, las autoridades suecas cerraron el caso. A partir de ese momento quedó completamente claro que las autoridades británicas estaban utilizando la investigación en Suecia como pretexto para no permitir a Assange desplazarse a Ecuador para ejercer su derecho de asilo político. Se inventaron otro motivo legal, por supuesto, plantearon el supuesto incumplimiento de una fianza al refugiarse en una embajada, una falta menor según la legislación británica, con un sorprendente despliegue de fuerzas y recursos.

En 2018 la situación de Assange parece cambiar con el cambio de gobierno.

Sí, con el cambio de gobierno en Ecuador básicamente se termina la protección legal de Julian Assange. Permanecerá en la embajada un tiempo más pero bajo una situación completamente diferente.

 

«Al revocar el asilo de Assange y entregarlo, el gobierno ecuatoriano rompió toda una serie de principios legales nacionales e internacionales»

 

¿Cómo justificó legalmente el gobierno de Lenin Moreno el cambio de parecer en su protección oficial a Assange?

No existe justificación legal. Al revocar ese asilo y entregar a un ciudadano, recordemos que con la nacionalidad ecuatoriana desde 2017, se rompieron toda una serie de principios legales nacionales e internacionales. No se puede entregar a una persona que está amparada bajo el asilo como refugiado si se ha establecido que representa un riesgo para su vida y su integridad y dicho riesgo se mantiene, es un

principio presente en todas las convenciones internacionales. Así mismo, el gobierno se inventa una figura legal que no existe como es el “retiro temporal de la nacionalidad”, si un tribunal no dictamina que hay motivos específicos, con toda la gravedad que suponen, para retirar la ciudadanía a alguien, no se puede hacer de forma unilateral y arbitraria por parte de un jefe de gobierno. Por otro lado, nuestra Constitución establece que ninguna tropa extranjera puede adentrarse en el territorio ecuatoriano, que está considerado un territorio de paz, y al abrir la embajada se rompe también la provisión constitucional, al permitirse el ingreso de la policía británica prácticamente a secuestrar a un refugiado político y un nacional ecuatoriano, con el permiso de diplomáticos ecuatorianos.

Respecto a las posibles violaciones de derechos y principios constitucionales, en 2019 fue noticia que la defensa de Assange, de la mano en concreto del ex magistrado de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, había presentado una reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué sucedió con dicha reclamación?

Bueno, a lo largo del proceso, de la situación de Assange, han sido varias las diligencias de su equipo legal para proteger sus derechos. A partir del cambio de gobierno en Ecuador, como primera estrategia, antes de optar directamente por su entrega a Reino Unido, trataron de que abandonara la embajada por su propia voluntad. Para esto, se comenzó a acosar a Assange. Se le aisló dentro de la embajada, se le incomunicó, cortándole el acceso a cualquier medio de comunicación ya fuese internet o teléfono e, incluso, se le prohibieron las visitas, con la única excepción de sus abogados. Eso a una persona que ya llevaba, no olvidemos, más de seis años de arresto domiciliario de facto. A este acoso ya se ha referido Nils Melzer en calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura. El tema se estaba convirtiendo en un problema diplomático para Ecuador, con organismos internacionales presentando quejas, reclamaciones e informes que afectaban a su imagen. Cuando las autoridades se ven obligadas a levantar ese aislamiento, se diseñaron una serie de reglas de convivencia diseñadas para continuar acosando a Assange y que abandonase la embajada. Eso fue acompañado por una cierta difamación a su persona. La cuestión es que en esos momentos, a través de sus abogados solicita una “acción de protección” ante la jurisdicción ecuatoriana. Ante lo que estimaban un altísimo riesgo de que se terminase su acogida y asilo por Ecuador, esta acción judicial podría, al menos temporalmente, establecer la obligatoriedad de las medidas de protección. Sin embargo, la situación política en Ecuador es tremendamente preocupante con el actual gobierno y no se puede considerar que existe independencia judicial. En esa situación, la acción de protección no tuvo acogida por el judicial ecuatoriano y los abogados se vieron obligados a acudir a la Corte Interamericana. Aunque en mi opinión la Corte no estuvo a la altura al no exigir a las autoridades el levantamiento de esas “medidas de convivencia”, sí advirtió a Ecuador que no podía quitar ese asilo a Assange si el riesgo persistía, advertencia vinculante que como sabemos el gobierno infringió. Los abogados de Julian Assange nuevamente apelaron a la Corte por este motivo, que según tengo entendido está pendiente de resolución.

Tras su detención, ha salido a la luz en reiteradas ocasiones informaciones alarmantes sobre la situación en la que se encuentra Assange. ¿Se sabe algo cual es esa situación en estos momentos, incluido su estado de salud?

Lamentablemente no he tenido la oportunidad de visitarlo y cuento tan solo con los reportes de su equipo legal. El hecho es que la salud de Assange estaba ya muy deteriorada en el momento de su detención. Cuando el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura asevera que Asssange padece síntomas propios de haber sufrido tortura psicológica no lo hace de manera subjetiva, lo hace en base a informes realizados por expertos de Naciones Unidas. A las pocas semanas de su detención, Melzer visita a Assange y se entrevista con él durante horas, examinando su situación, tras lo cual establece que continúa siendo sometido a este tipo de torturas, dada su régimen de aislamiento permanente. Assange sufre secuelas físicas y psicológicas. Las primeras derivadas de que al permanecer en arresto domiciliario de facto durante años, no ha tenido la oportunidad de ser atendido en instalaciones médicas de algunas afecciones que se han ido agravando durante ese tiempo. Las psicológicas, derivadas de la presión a la que ha sido sometido desde 2018, primero por las autoridades ecuatorianas y, posteriormente, las británicas en su presidio. Estas últimas son las que a mí personalmente más me preocupan. Durante su estancia en la embajada a mí me preocupaba su salud física, pero estaba convencido de que espiritualmente nunca le iban a quebrar psicológicamente. Pero me equivoqué.

Para concluir. ¿Qué perspectivas se tienen de todo este proceso? ¿Qué se plantea hacer para defender a Assange?

La situación es absolutamente crítica. No debemos engañarnos, estamos ante una persecución política por parte de Estados Unidos por las filtraciones de WikiLeaks en 2010. Se está evidenciando por el comportamiento de las autoridades británicas, su detención bajo pretextos mínimos, su encarcelamiento durante meses, en régimen de aislamiento como si se tratase de un terrorista o criminal peligroso, etc. Las Cortes británicas decidirán en primera instancia sobre su extradición a Estados Unidos. Digo en primera instancia porque siempre cabe la posibilidad de que el poder ejecutivo posteriormente se niegue a cumplir dicha extradición, como pasó en el caso de Augusto Pinochet cuando era la justicia española la que lo reclamaba. Aunque en el caso de Assange no parece haber demasiados motivos para la esperanza.

Pero dicho esto, no todo está perdido porque tanto el poder judicial como el ejecutivo británico sean permeables a la presión de la opinión pública y de la sociedad civil. Nuestro objetivo es, en la medida de nuestras posibilidades, denunciar la situación, hacer pública la verdad, luchar contra la desinformación y buscar que nuestros representantes públicos se pronuncien sobre esta situación. El caso de Assange es de interés para el derecho a la información y por lo tanto para la sociedad en general, en un momento en el que es patente que se permiten y promociona la información falsa por intereses políticos. Independientemente de la percepción personal que cada quién tenga de Assange, a su vez influida por difamación, la gente tiene que entender que su caso puede sentar un precedente terrible y que se debe combatir contra la persecución y la criminalización de una labor periodística como fue la revelación de los cables de WikiLeaks. Que la gente sea consciente de que el motivo de su detención, el motivo de su posible extradición a Estados Unidos es esa labor periodística, eso es por lo que se le quiere juzgar.


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