No es ciencia, es coacción a las mujeres

El Ayuntamiento de Madrid, con Almeida al frente, ha aprobado una propuesta de Vox que obliga a informar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo sobre el supuesto “síndrome postaborto”. La medida, presentada como defensa de la salud mental, es en realidad una coartada ideológica que busca difundir como verdad científica algo que no lo es y así coaccionar a las mujeres que quieren abortar de manera legal. 

En primer lugar,conviene aclarar un aspecto importante: ese síndrome no existe. No aparece en manuales de referencia como el DSM-5 ni está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. El “síndrome postaborto” es, simplemente, un invento político-religioso impulsado por grupos antiabortistas en EE.UU a partir de los años 80 con el objetivo de dotar de un barniz “científico” a sus campañas contra el derecho a decidir. Empezaron a hablar de un “Post Abortion Syndrome” (PAS) para convencer de que ejercer sus derechos reproductivos siempre deja secuelas graves a las mujeres.

Numerosos estudios científicos rigurosos coinciden en señalar que este síndrome no existe, y el consenso científico en este aspecto es claro al respecto: abortar no incrementa de manera sistemática la depresión, la ansiedad o el riesgo de suicidio. Al contrario, lo que sí está demostrado es que impedir un aborto deseado puede generar consecuencias psicológicas graves.

Vox y el PP no inventan nada nuevo, lo que hacen, como vienen repitiendo en los últimos años, es importar – con cierto retraso – los marcos ideológicos y la propaganda más reaccionaria procedente de Estados Unidos, un país que ya arrastra de por sí una larga y preocupante tradición conservadora en materia de derechos sexuales y reproductivos. El objetivo está claro: asustar lo suficiente a las mujeres con un supuesto trauma de por vida como para que se replanteen ejercer su derecho al aborto. 

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja y, sobre todo, más humana. Para muchas mujeres, abortar supone un alivio, una decisión meditada y responsable ante un embarazo no deseado. Más allá de lo desagradable que pueda resultar un procedimiento médico de este tipo, lo que muchas mujeres experimentan es liberación, la posibilidad de 

retomar el rumbo de la propia vida y el agradecimiento por poder ejercer un derecho que aún hoy se enfrenta a múltiples trabas y cuestionamientos.

El PP y Vox, o Vox y el PP, porque ya son prácticamente indistinguibles, no buscan con esta medida proteger la salud de ninguna mujer, sino reforzar la culpa. Porque lo que muchas mujeres, que interrumpen un embarazo, sí tienen que aguantar es el estigma social: los juicios, los señalamientos, las acusaciones de egoísmo. 

Si hubiera una mínima preocupación por la salud mental de las mujeres, se pondrían en marcha servicios de acompañamiento psicológico sin juicios, se invertiría en educación sexual, se garantizaría el acceso al aborto en la sanidad pública sin tener que recorrer cientos de kilómetros o acudir a clínicas concertadas. Pero la derecha hace justo lo contrario: blinda la objeción de conciencia en los hospitales y recorta programas de educación sexual en los centros educativos.

Lo aprobado en Madrid no es ciencia, es un ataque político planificado, diseñado para culpabilizar a las mujeres. Una estrategia de la derecha con el objetivo de imponer su moral sobre nuestros cuerpos, recortar nuestros derechos y arrastrarnos de nuevo a un pasado de silencio y culpa. Y no lo vamos a permitir.