El mayor escándalo sanitario de la democracia

Estamos viviendo el mayor escándalo sanitario de la historia de nuestra democracia en Andalucía. Un escándalo que ha puesto y sigue poniendo en peligro las vidas de mujeres y que está siendo objeto de una gestión negligente e irresponsable por parte del gobierno andaluz.

Casos de cáncer de mama que han tardado hasta dos años en ser notificados a las afectadas y miles de pruebas con diagnósticos no concluyentes que se han ocultado a las mujeres en lugar de citarlas para realizarles una nueva.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tiene que aclarar ya si los fallos y la falta de información se han detectado únicamente en el programa de detección del cáncer de mama o si estos errores se han podido producir también en otros programas de prevención o pruebas diagnósticas realizadas con otros tipos de cáncer.

El presidente de la Junta de Andalucía no puede seguir manteniendo en su cargo a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, cuya reacción al estallar el escándalo no fue ni reconocer los errores ni actuar con transparencia y garantías. Su reacción fue falsear el número de casos, inventando que solo eran «dos o tres» y acusar de «manipulación» a las mujeres que lo destaparon tras trascender el testimonio de una afectada a quien su diagnóstico de cáncer le llegó nada menos que dos años después.

Tras restar importancia al escándalo en unos primeros momentos, la Junta de Andalucía ha reconocido que son 2.000 las mujeres con un diagnóstico previo no concluyente de cáncer de mama pendientes de que las llamen para confirmar o descartar la enfermedad.

La Junta tiene que ser transparente y depurar responsabilidades a todos los niveles. Este gravísimo error ha generado en todos los usuarios del Servicio Andaluz de Salud, y especialmente en las mujeres, miedo y desconfianza sobre un sistema de notificaciones que no ha funcionado, llegando a poner en peligro la vida de muchas personas.

Hace falta sin más demoras una respuesta rápida y contundente por parte de la Administración andaluza para que las mujeres afectadas por esta falta de información puedan ser tratadas y estudiadas a la mayor brevedad posible. Y se tienen que comunicar de manera transparente los cambios que se van a implementar en el sistema para garantizar que las usuarias del servicio sanitario público reciban, en plazo, tanto los resultados como las indicaciones de actuación correspondientes.

Y por supuesto, la Junta tiene que habilitar un procedimiento extraordinario de reparación a las víctimas con cauces específicos de reclamación patrimonial y apoyo jurídico y psicológico. Nosotros ya estamos evidentemente atendiendo a las afectadas que se ponen en contacto con nosotros. Hay que recordar además, hay que poner en valor, que este escándalo ha trascendido gracias al trabajo de una organización de la sociedad civil, AMAMA.

Nosotros en FACUA estamos recibiendo numerosas consultas de mujeres andaluzas preocupadas por la situación y sobre todo, por no haber recibido en un plazo razonable la información sobre los resultados de sus pruebas.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.

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Editorial del episodio 89 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACU.