Los crímenes extrajudiciales de Donald Trump

En aguas cálidas del Caribe y el Pacífico oriental, varios ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico han reavivado un debate global sobre los límites del poder presidencial, la legalidad internacional y el respeto de los derechos humanos.

Desde comienzos de año, al menos una decena de embarcaciones han sido destruidas por drones o misiles navales en operaciones autorizadas por el presidente Donald Trump. Según el propio mandatario, las acciones forman parte de una ofensiva directa “contra los carteles que envenenan a nuestros jóvenes y amenazan la seguridad nacional”.

Pero las imágenes satelitales, los reportes de testigos y la ausencia de datos verificables sobre los presuntos vínculos criminales de las víctimas han encendido alarmas dentro y fuera de Estados Unidos. Organismos internacionales, expertos en derechos humanos y algunos legisladores republicanos describen los ataques como ejecuciones extrajudiciales cometidas fuera de todo marco judicial o de guerra formal.

Las operaciones, según fuentes del Pentágono citadas por diversos medios de prensa de los EE.UU., se concentraron en aguas internacionales próximas a Venezuela y Centroamérica. La Casa Blanca las justifica bajo la doctrina de la “autodefensa ampliada” frente al narcotráfico y sostiene que las embarcaciones eran “objetivos legítimos” asociados a redes de contrabando y, en algunos casos, a grupos armados presuntamente vinculados al terrorismo.

Sin embargo, no hay pruebas existentes al respecto. Ninguna investigación pública ha confirmado la identidad de los fallecidos ni su participación directa en actividades criminales. Tampoco se han divulgado pruebas audiovisuales independientes, lo que deja el relato oficial en una zona gris.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue una de las primeras en reaccionar. En un comunicado reciente, sus expertos advirtieron que “el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin base legal suficiente puede constituir ejecuciones extrajudiciales”, y pidieron al gobierno estadounidense suspender de inmediato estas prácticas.

En Washington, senadores de ambos partidos, entre ellos el republicano Rand Paul, han cuestionado la autoridad legal que sustenta las órdenes criminales de Trump. “El Congreso nunca autorizó una guerra en el Caribe”, afirmó Paul en declaraciones al The Guardian, reclamando supervisión legislativa y transparencia sobre las víctimas.

Juristas consultados coinciden en que la calificación de estos ataques depende de cómo se definan sus objetivos. Si las personas abatidas eran civiles o presuntos delincuentes, la acción debería regirse por normas policiales y de justicia penal, no por leyes de guerra. En ese caso, el uso letal sin juicio constituiría una violación del derecho internacional y de los derechos humanos.

Por el contrario, si se consideraran “combatientes” en el marco de un conflicto armado no internacional, se aplicarían las reglas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, para la mayoría de los expertos, EE.UU. no ha demostrado que exista tal conflicto, lo que deja sin sustento la justificación criminal militar.

Gobiernos del Caribe y América Latina han evitado pronunciamientos directos, producto de represalias directas del gobierno de Trump, solo lo han hecho los gobiernos de Venezuela y Colombia. aunque diplomáticos de varios países expresan en privado preocupación por la violación potencial de su soberanía marítima. Las acciones también han tensado la cooperación regional antidrogas, tradicionalmente basada en acuerdos judiciales y no en ataques preventivos o criminales como los de Trump.

“Estas operaciones pueden erosionar la confianza y debilitar el marco multilateral”, advierte la analista de seguridad internacional Carla Mendoza. “Cuando un país actúa como juez y verdugo en aguas internacionales, el mensaje que envía es peligroso”.

La Casa Blanca o de los horrores, defiende que los ataques han sido “quirúrgicos y efectivos”. En sus palabras, “se eliminaron amenazas antes de que llegaran a nuestras costas”. En contraste, organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional los califican de “asesinatos fuera de proceso” y exigen investigaciones independientes.

Más allá de la retórica, el episodio plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede un Estado extender su poder punitivo más allá de sus fronteras invocando la seguridad nacional?

En el mar Caribe, donde las líneas territoriales se disuelven entre olas y banderas, esa pregunta no es solo jurídica. Es también una cuestión de legitimidad política y moral.

En conclusión, sí, hay una base suficiente para afirmar que las operaciones descritas están fuera o al menos al margen de lo que el derecho internacional internacionalmente aceptado considera como legal o legítimo uso de la fuerza letal, por lo que hablar de ejecuciones extrajudiciales o al menos de abusos graves es jurídicamente razonable. Esto implica que el gobierno de extrema derecha de Trump está protagonizando una dinámica que debilita normas del Estado de derecho, derechos humanos y soberanía internacional.

Desde una perspectiva práctica, esto podría tener varios efectos negativos, un debilitamiento del sistema multilateral, un empeoramiento de la cooperación regional antinarcóticos, una posible escalada militar, y un retroceso de los derechos humanos. También abre la puerta a que otros Estados adopten prácticas similares, lo cual podría desencadenar una “normalización” de ejecuciones sin juicio en contextos de seguridad, bajo la doctrina criminal de Donald Trump.