Juristas y gentes se unen para blindar las pensiones

Cien juristas apoyan el blindaje constitucional de las pensiones. Cien juristas se unen a las gentes,de muy diversas ideologías, sensibilidades políticas y credos religiosos, unidos por un único objetivo, blindar las Pensiones en la Constitución para que ningún gobierno las pueda recortar ni privatizar, gentes que empezamos en 2013 y que ya sumamos más de 2 millones y medio de firmas, seguramente la causa que más firmas ha recogido en las últimas décadas.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) somos ya un amplio movimiento social, presente en todo el país, donde confluyen más de quinientas organizaciones de toda índole, asociaciones de todo tipo, plataformas muy diversas y miles de profesionales y personalidades firmantes de muy distintas ideologías, sensibilidades políticas y credos religiosos, unidos por un único objetivo, blindar las Pensiones en la Constitución.

Un paso más, el Foro de Juristas

Por eso, se ha constituido el ‘Foro de Juristas por el blindaje constitucional de las pensiones’, un ámbito con un solo punto de unidad que incluye en su propio nombre la participación de todo tipo de juristas sin distinción de ideologías, credos y siglas, en el que los criterios que importan son el debate, la pluralidad y el rigor académico. Un foro integrado por profesionales y personalidades de muy distintas ramas del derecho, con una cantidad significativa de expertos en distintos ámbitos legales como son el Derecho Constitucional, el Laboral, el Fiscal, y el Administrativo.

Cien firmas de juristas reunidas en 15 días. Y es solamente el principio porque vamos a por el segundo, porque son cientos de profesionales los que sabemos que comparten esta exigencia que conecta con la madurez de nuestro sistema democrático y de nuestra sociedad.

Romper, con la unidad social, la división política

El Sistema Público de Pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, porque somos 49 millones de pensionistas, del presente o del futuro.

Es la próxima gran reforma social de la Constitución en la que nos podemos unir todos los demócratas, y evitar que las pensiones públicas vuelvan a pagar las turbulencias económicas, sean del tipo que sean. Aunque al final el decreto de revalorización de las pensiones ha sido aprobado, hemos visto que dos años consecutivos se ha paralizado la revalorización. Y no vamos a entrar en las causas ni en el reparto de responsabilidades. 

Desde lo social a lo político avanzamos. Y la persistencia desde 2013 y dos millones y medio de firmas con su unidad social han adquirido su peso político. Prácticamente todos los grupos parlamentarios, se han comprometido a reunirse con la MERP para estudiar con sus técnicos la inclusión en sus programas electorales del blindaje constitucional de las pensiones.

Mientras los juristas firman las gentes se concentran

Nos hemos concentradosimultáneamente en cerca de 100 poblaciones en toda España, donde se ha celebrado que la MERP ya haya recogido más de dos millones y medio de firmas en todo el país, y que se hayan ido entregando a los sucesivos Defensores del Pueblo en el Congreso, así como a los de cada Autonomía. De hecho, coincidiendo con el manifiesto de los juristas y las concentraciones se han hecho entregas de firmas en las Defensorías del Pueblo autonómicas: Galicia (Valedora do Pobo Galego), País Vasco (Ararteko, Euskadi), Aragón (Justicia de Aragón), Cataluña (Síndica de Greuges de Catalunya), Comunidad Valenciana (Síndic de Greuges), y Canarias (Diputado del Común); y al presidente del parlamento asturiano (Junta General del Principado de Asturias) y al delegado del gobierno en Murcia, dado que en ambas no existe la figura institucional de defensor del pueblo.

Lo que nos une a juristas y gentes

Este es el texto intocable que nos une. “Una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas, aumentando su protección y rango como derecho constitucional”.