Partido Comunista de España (PCE) •  Opinión •  17/11/2020

Rechazamos la excarcelación de García Juliá, autor de la Matanza de los Abogados de Atocha

17 de Noviembre de 2020.

Desde el PCE mostramos nuestra indignación con la puesta en libertad de uno de los asesinos de los Abogados de Atocha toda vez que se ha llevado una interpretación favorable para el preso que ha permitido una salida injusta de la cárcel. Consideramos que esta decisión es una atropello a la memoria de las víctimas, al Partido al que pertenecían y a todas las personas que lucharon por traer la actual sociedad democrática. En ningún caso un sujeto con tal historial y sin reparación a los familiares ni arrepentimiento alguno, puede verse beneficiado de la legislación penitenciaria para acortar su condena. Debemos recordar que García Julià pidió un permiso para “trabajar” en Paraguay que fue concedido por la justicia y que después fue prófugo de la justicia hasta que se le detiene en Brasil.

Es de lamentar profundamente la actuación esquiva de la Audiencia Nacional, que es el órgano que juzgó y condenó a los asesinos, que ha rechazado ocuparse de la liquidación de condena y se ha derivado a la Audiencia Provincial de Ciudad Real debido a que cuando estaba en prisión por el asesinato de los abogados, Carlos García Juliá delinquió tras secuestrar al director de la cárcel y su familia mientras esperaba el juicio por los asesinatos de Atocha. Es por ello que, conforme al Código Penal vigente cuando sucedieron dichos hechos, no se le podía aplicar beneficios penitenciarios por su quebrantamiento de condena.

En todo este proceso, se ha tenido al margen a las víctimas causándoseles indefensión con el daño moral que conlleva, puesto que paradójicamente se entiende que los hechos del delito juzgado por la AP de Ciudad Real eran “conexos” al asesinato de los Abogados de Atocha y sin embargo no se les dio traslado y posibilidad de ser parte para defender sus derechos, enterándose a posteriori de los hechos cuando el reo es extraditado desde Brasil y se produce la controversia sobre la liquidación de condena.

Por todo ello, ha brillado por su ausencia una interpretación estricta y con sujeción al principio de legalidad y que se le aplique la legislación penitenciaria con el máximo rigor ante un pistolero de la extrema derecha como es frecuente en otros casos de asesinato y no con enfoque más parecido a un ciudadano que con su buena conducta se reinserta en la sociedad.

Desde el PCE seguiremos trabajando para que se haga justicia, se respete la memoria democrática y se restituya íntegramente a las víctimas, luchando por la máxima de verdad, justicia y reparación.


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