Centenares de inquilinas estafadas por honorarios se querellarán contra la inmobiliaria Rentaz y los propietarios

Centenares de arrendatarias de la cincuentena de fincas propiedad de la familia Monleon-Campesino han decidido en una asamblea retomar la lucha contra la propiedad y la inmobiliaria Rentaz, que las estafó con centenares de miles de euros. Las vecinas han decidido emprender acciones legales y volver a movilizarse porque Monleon-Pagès y Rentaz han incumplido el acuerdo firmado en julio después de tres meses de negociaciones con el Sindicato de Arrendatarias.

El conflicto inició a mediados de marzo cuando el Sindicat de Llogateres y las vecinas se organizaron para denunciar la estafa y reclamar mejoras en el estado de las fincas, dado que estaban en muy mal estado. La mayoría sufre un grave deterioro que afecta directamente al interior de las viviendas: rendijas, agujeros, fugas de gas, desprendimiento de fachada, son solo algunos de los problemas que ponen en peligro la salud de las familias arrendatarias. Además, el Sindicat detectó cobros fraudulentos de tasas de gestión por cambios de nombre en el contrato o por servicios que no se prestaban.

A mediados de julio, y después de un intenso proceso de negociación entre el Sindicato, la propiedad Monleon-Pagès y la inmobiliaria Rentaz, se firmó un acuerdo donde las dos últimas partes aceptaban hasta siete demandas de centenares de arrendatarias. Cuatro meses después, sin embargo, el acuerdo se está incumpliendo en gran parte, y las arrendatarias han decidido hacer público el conflicto, estudiar vías judiciales para querellarse y considerar una posible huelga de alquileres si no hay rectificación.

Las vecinas han manifestado hoy su indignación porque se sienten doblemente engañadas. Primero, porque además de descubrir que habían sido estafadas, la inmobiliaria nunca cumplió con su función y responsabilidad de reparar y mantener las fincas. Segundo, porque después de un proceso de tres meses de negociaciones que culminó con un acuerdo, la inmobiliaria y la propiedad han vuelto a incumplir.

Durante las próximas semanas, el Sindicat empezará a implementar las decisiones tomadas y continuará con la campaña que ha impulsado a nivel estatal para hacer frente al cobro ilegal de los honorarios. A pesar de que la LAU establece que los arrendadores siempre deben hacerse cargo de los honorarios de las inmobiliarias relacionados con la gestión de los contratos de alquiler, son sistemáticos los casos donde obligan a los arrendatarios a pagarlos para renovar contratos o acceder a una vivienda.