Ante la propuesta del PSOE de incentivar a los caseros, Bustinduy reitera que «lo primero es proteger a los inquilinos con soluciones estructurales»
El Gobierno ha abierto un nuevo frente en la crisis del alquiler con una propuesta que busca incentivar fiscalmente a los propietarios que mantengan sin subir la renta al renovar los contratos de arrendamiento. Según el Ejecutivo, esta deducción permitiría a los caseros beneficiarse de una bonificación del 100 % en el IRPF por mantener el alquiler estable durante 2026, una medida que se incluiría en un real decreto ley para contener la escalada de precios en un mercado cada vez más tensionado.
La iniciativa, defendida por el presidente Pedro Sánchez como un mecanismo para frenar subidas bruscas de alquiler en los más de 600.000 contratos que vencen este año, ha generado una fuerte controversia dentro del propio Gobierno de coalición y entre entidades sociales.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, calificó ayer la medida de “injusta e ineficaz” y subrayó que la política pública debería centrarse primero en proteger a los inquilinos, no en premiar a los rentistas. En su opinión, la propuesta fiscal favorece a quienes ya tienen una posición económica acomodada mientras deja desprotegidos a los hogares que sufren el alza de los precios del alquiler.
Durante una entrevista ayer en La Sexta, el ministro defendió que “lo primero es proteger a los inquilinos”, y apostó por medidas alternativas como la prórroga automática de contratos y una mayor intervención del mercado para frenar la especulación. Bustinduy insistió en que la verdadera prioridad del Ejecutivo debe ser blindar los derechos de las personas arrendatarias, algo que, en su opinión, no resuelve el incentivo a los propietarios.
Esta semana: ➡️ La prórroga de los contratos de alquiler es la forma de proteger a los inquilinos ➡️ Sí, es constitucional ➡️ Los caseros ingresan un 82% más que los inquilinos ➡️ Consumo investiga a los grandes portales inmobiliarios
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 18 de enero de 2026, 12:02
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El ministro insistió en que calificar la propuesta del PSOE de “injusta e ineficaz” no es solo una frase política, sino un análisis de fondo: para Bustinduy, la medida no va a equilibrar la brutal subida de los alquileres porque las bonificaciones fiscales que se proponen son menores que el incremento de precios que ya se está produciendo en el mercado. Explicó que la estrategia de Sumar pasa por garantizar estabilidad a los inquilinos mediante la prórroga de los contratos que vencen este año, una herramienta que, según él, ya se ha aplicado en ocasiones anteriores con resultados positivos. Recordó que esta prórroga se ha utilizado hasta en ocho ocasiones fuera del estado de alarma y que, a su juicio, es constitucional y ayuda a “neutralizar la espiral alcista” de los precios, ofreciendo seguridad sin perjudicar a ninguna de las partes.
En la misma intervención, el ministro puso el foco en el problema estructural del mercado inmobiliario. Para Bustinduy, la especulación y el rentismo se han convertido en un motor de incremento de precios: destacó que hay grandes actores —incluso personas jurídicas con miles de viviendas— cuya lógica económica es obtener el máximo beneficio, lo que presiona los alquileres al alza. Bajo esa perspectiva, los incentivos fiscales a propietarios “no atacan la raíz del problema” sino que, en su opi
El ministro también abordó otros factores que, según él, tensionan el mercado, como los pisos turísticos, especialmente en grandes ciudades y zonas costeras. Bustinduy subrayó que estas viviendas han contribuido a reducir la oferta disponible para arrendamiento tradicional y que muchas de esas actividades —añadió— se han desarrollado fuera de la legalidad, obligando a su departamento a actuar para poner orden.
Hay que prorrogar los contratos del alquiler automáticamente para que los inquilinos e inquilinas puedan vivir tranquilamente. Es la única solución en la que no pierde nadie.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 17 de enero de 2026, 23:40
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De forma más directa, Bustinduy planteó la vivienda como “el principal problema de la clase trabajadora” y afirmó que las políticas públicas deben centrarse en proteger al arrendatario, no en ofrecer beneficios fiscales a quien recibe ingresos por rentas. “El rentismo no genera empleo ni inversión real, solo extrae riqueza de las familias trabajadoras”, afirmó, poniendo en contraste su visión con la de quienes, desde el PSOE, apuestan por medidas como la bonificación fiscal a los caseros que refuerzan una lógica de mercado que ya está expulsando a muchos hogares de sus barrios.
En Sumar creen que bonificar fiscalmente a los propietarios no garantiza que los precios bajen ni que se frene la especulación, y defienden que el esfuerzo público debe dirigirse a medidas más directas, como la prórroga automática de contratos o una regulación más estricta del alquiler de temporada y por habitaciones.
Una línea similar mantiene Izquierda Unida, que ha sido especialmente dura con el planteamiento socialista. Desde la formación hablan de un “regalo a los rentistas” y alertan de que este tipo de incentivos acaban beneficiando a quienes ya cuentan con patrimonio inmobiliario, sin ofrecer soluciones reales a las familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler. IU insiste en que el problema no es la falta de estímulos para los caseros, sino la ausencia de límites efectivos al mercado.
Por su parte, Podemos ha aprovechado el debate para volver a cargar contra la política de vivienda del PSOE, a la que acusa de quedarse a medio camino. Aunque no ha centrado su discurso únicamente en la bonificación fiscal, el partido sostiene que las medidas basadas en acuerdos voluntarios con los propietarios han demostrado ser insuficientes y reclama una intervención más contundente del Estado para frenar los precios y ampliar el parque público de vivienda.
Otros grupos como ERC y EH Bildu llevan tiempo defendiendo un mayor control sobre el mercado del alquiler y han respaldado iniciativas para limitar el papel de grandes propietarios y fondos de inversión, mostrando reticencias ante soluciones que pasan por incentivos fiscales sin contrapartidas obligatorias.
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