Sumar carga contra los incentivos a rentistas y acusa a su socio de Gobierno de rendirse al mercado del alquiler
- Yolanda Díaz: «Proponer un incentivo fiscal es dar dinero público a quienes ya tienen un 82% más de renta que los inquilinos».
- Pablo Bustinduy critica la información publicada por el diario El País: «La prórroga de los alquileres en los términos que hemos propuesto tiene todas las garantías legales. No hay ninguna disputa jurídica. En todo caso, la que hay es política: proteger a las personas inquilinas o premiar al rentismo».
Las medidas urgentes en materia de vivienda anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez no solo han abierto un nuevo frente con la oposición, sino que han provocado un choque frontal con su propio socio de coalición. En el epicentro de la crítica se sitúan la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que han cuestionado abiertamente el corazón de la propuesta: los incentivos fiscales a propietarios para que no suban el alquiler.
Díaz ha sido especialmente clara. Para la vicepresidenta, el planteamiento del PSOE invierte las prioridades y transmite un mensaje político equivocado en plena emergencia habitacional. “La vivienda no puede abordarse desde la lógica de la recompensa al rentista”, ha advertido en privado y en público, subrayando que el acceso a un hogar digno es un derecho constitucional, no una variable dependiente de la buena voluntad de los propietarios ni de estímulos fiscales pagados con dinero público.
Regalar dinero público a los rentistas es un grave error. En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo. La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 12 de enero de 2026, 13:03
Desde el entorno de Sumar se insiste en que bonificar fiscalmente a los caseros por hacer lo mínimo —no subir precios— supone normalizar una anomalía: que mantener el alquiler estable se considere un comportamiento excepcional merecedor de premio. Díaz ha defendido que el Estado no puede limitarse a “pedir por favor” al mercado inmobiliario, sino que debe intervenir con normas claras, límites efectivos y mecanismos coercitivos para frenar la escalada de precios.
En la misma línea se ha expresado Pablo Bustinduy, que ha sido aún más contundente en el diagnóstico político. El ministro considera que la estrategia anunciada por el Ejecutivo corre el riesgo de consolidar un modelo fallido, basado en incentivos que no garantizan resultados y que ya se han mostrado insuficientes en anteriores crisis del alquiler. Bustinduy ha señalado que, sin controles estrictos y sin una ampliación decidida del parque público, las deducciones fiscales pueden convertirse en un cheque en blanco para propietarios que seguirán teniendo margen para subir precios al término de los contratos.
«Los caseros ya tienen unos ingresos un 82% superiores a los de los inquilinos. No les hace falta un premio; son las mayorías trabajadoras quienes necesitan que sus contratos se prorroguen automáticamente sin subida de precios» ha aclarado en línea con Díaz.
Además, el ministro ha publicado un hilo en la red social Bluesky donde critica una información del periódico El País y expone minuciosamente sus argumentos sobre por qué la prórroga de los alquileres en los términos que ha propuesto Sumar tiene todas las garantías legales;
La prórroga de los alquileres en los términos que hemos propuesto tiene todas las garantías legales. No hay ninguna disputa jurídica. En todo caso, la que hay es política: proteger a las personas inquilinas o premiar al rentismo. Lo explico: elpais.com/espana/2026-…
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 13 de enero de 2026, 11:35
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Bustinduy ha puesto el foco, además, en los contratos de temporada y de habitaciones, una de las grietas más graves del sistema actual. Aunque el Gobierno ha anunciado medidas para frenar su uso fraudulento, en Sumar consideran que el planteamiento sigue siendo demasiado tímido. El ministro ha advertido de que estos contratos se han convertido en un atajo legal para esquivar la regulación del alquiler, precarizar a los inquilinos y expulsar a jóvenes, estudiantes y trabajadores de los centros urbanos.
Tanto Díaz como Bustinduy coinciden en que la crisis de la vivienda no admite medias tintas ni soluciones cosméticas. Reclaman una política que priorice sin ambigüedades a los inquilinos frente a los propietarios, que cierre definitivamente las vías de escape del mercado y que asuma que, en determinadas circunstancias, regular no es una opción ideológica, sino una obligación democrática.
La medida propuesta por el PSOE de dar más incentivos fiscales a los propietarios es injusta e ineficaz. El gobierno de coalición tiene que servir para solucionar los problemas de las clases trabajadoras, no losproblemas de los rentistas, de los fondos de inversión o de los especuladores.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 12 de enero de 2026, 14:38
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El malestar expresado por ambos dirigentes no es menor ni coyuntural. En Sumar temen que la apuesta del PSOE por los incentivos fiscales desdibuje el perfil social del Gobierno y desconecte al Ejecutivo de una ciudadanía asfixiada por alquileres desbocados. La vivienda, advierten, no es un terreno neutro: es un campo de batalla política en el que cada concesión al mercado se paga con pérdida de credibilidad entre quienes ya no pueden permitirse vivir donde trabajan.
En este contexto, las palabras de Díaz y Bustinduy marcan algo más que una discrepancia técnica. Dibujan una línea roja política dentro de la coalición y anticipan un debate parlamentario áspero, en el que el Gobierno deberá decidir si insiste en una vía que genera rechazo entre sus aliados o si rectifica para afrontar la crisis habitacional con la contundencia que reclama su propio bloque progresista.
El choque interno se extiende a otras fuerzas de la izquierda. Podemos, aliado tradicional del PSOE en políticas sociales, ha arremetido con dureza contra las ayudas fiscales. Su secretaria general, Ione Belarra, ha avisado que medidas de este tipo “para que ardan las calles” podrían alimentar la movilización social, y otros dirigentes del partido han tachado de inaceptable que el Gobierno brinde ventajas a quienes se benefician de la crisis del alquiler.
La crítica no se limita a los socios de la coalición. Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, que han apoyado otras iniciativas del Gobierno en materia de vivienda en el pasado, han censurado las ayudas fiscales a caseros como equivocadas y peligrosas para la izquierda. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtió que políticas que favorecen a quienes ya tienen casas podrían alejar al electorado obrero y trabajador de la izquierda en clave electoral, y subrayó que sin un enfoque más contundente para frenar la especulación, la confianza en el proyecto progresista se erosiona
Desde EH Bildu, Oskar Matute ha calificado de “tomadura de pelo” la bonificación del IRPF para propietarios y ha reclamado que lo que se necesita es una prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen este año, no exenciones fiscales que, en su opinión, enriquecen a caseros que ya perciben rentas “exorbitadas”.
La respuesta unánime de estos grupos es que el paquete de medidas anunciado por Sánchez no aborda la raíz de la crisis habitacional, caracterizada por el alza imparable de los alquileres, la escasez de oferta y prácticas especulativas que expulsan a familias de las ciudades. Las críticas apuntan a que premiar a los propietarios por no subir el alquiler es insuficiente y puede resultar contraproducente, cuando desde diversas formaciones se reclama intervención directa del mercado, prórrogas obligatorias de contratos y mayores protecciones para los inquilinos como mecanismos reales para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Más allá de los partidos a la izquierda del PSOE, la propuesta también está recibiendo duras críticas desde sindicatos de inquilinas/os u organizaciones en defensa de los consumidores como FACUA.
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