Nueva oleada de denuncias contra inmobiliarias que incumplen la regulación de alquileres en todo el territorio

Los Sindicatos de Llogateres de Cerdanyola y de Montcada i Reixac han interpuesto una nueva oleada de denuncias contra inmobiliarias y arrendadores que publican anuncios de alquiler incumpliendo la normativa vigente. En total, se han presentado 58 denuncias ante la Agencia Catalana de Consumo por anuncios fraudulentos detectados en los portales inmobiliarios Idealista, Habitaclia y Fotocasa.

Esta segunda oleada de denuncias se interpone justo un año después de la entrada en vigor del régimen sancionador de la regulación de alquileres y dos días después de que el Incasòl publique los datos de los precios de los alquileres del último trimestre de 2025, unas cifras que muestran subidas moderadas respecto a trimestres anteriores y que el Sindicat de Llogateres atribuimos a varios factores, entre ellos, la falta de cumplimiento de la regulación de alquileres. De hecho, a día de hoy, la administración solo ha interpuesto 3 sanciones por incumplimiento de la regulación.

Portales llenos de anuncios que se saltan la regulación

Del total de los 58 anuncios denunciados, 35 corresponden a alquileres habituales, 8 son alquileres de temporada y 15 de habitaciones. Además, también se han denunciado 22 anuncios de viviendas en alquiler ubicadas en Montcada i Reixac y Mollet del Vallès, de los cuales 14 corresponden a alquileres habituales, 3 son de temporada y 5 de habitaciones. Esta tarde los Sindicats de Cerdanyola y Montcada i Reixac darán todos los detalles en una rueda de prensa.

Las denuncias se fundamentan en el Decreto ley 1/2025 y el Decreto 11/2025, que modifican la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda. Desde el 4 de enero de 2025, toda publicidad y oferta de alquiler debe incluir obligatoriamente el precio resultante de aplicar el índice de referencia estatal o bien la renta del contrato anterior vigente en los últimos cinco años, así como la condición de gran tenedor cuando la vivienda se encuentra en una zona de mercado residencial tensionado. La falta de esta información constituye una infracción grave, sancionable con multas de entre 9.001 y 90.000 euros, de acuerdo con los artículos 124 y 125 de la Ley 18/2007.

La ley es clara: la obligación de información se aplica a toda publicidad de viviendas en alquiler, también a los contratos temporales o de temporada. Omitir el índice de referencia, el precio del último contrato o la condición de gran tenedor —o indicar que “no aplica”— vulnera la normativa vigente y es denunciable.

Cerdanyola, capital de los alquileres temporales

Cerdanyola se ha convertido en la ciudad con mayor porcentaje de alquileres de temporada de Cataluña: el 27% de los contratos firmados corresponden a esta modalidad (datos Incasòl 2024). Desde la aprobación de la Ley de Vivienda y la regulación de los alquileres, los alquileres temporales y los colivings han crecido exponencialmente como vía para esquivar el tope de precios.

Aunque desde el 1 de enero los alquileres temporales y el alquiler de habitaciones también tienen límite de precio en Cataluña, inmobiliarias y propietarios continúan utilizando esta fórmula para imponer rentas abusivas y precarizar las condiciones de acceso a la vivienda, especialmente en municipios con alta presión universitaria y metropolitana como Cerdanyola.

De hecho, el miércoles 25 a las 11h realizaremos una rueda de prensa en la calle Buenos Aires 60 (Barcelona), donde los inquilinos afectados por colivings de los fondos de inversión NAD y Vandor presentarán un nuevo pliego de denuncias contra los alquileres de habitaciones y colivings que se saltan el tope del alquiler. Más información de la convocatoria

Inmobiliarias y fondos no aplican el tope

El fenómeno no es aislado. En el área metropolitana de Barcelona proliferan empresas de coliving y fondos de inversión que expulsan a inquilinas y ofrecen habitaciones a precios de lujo. El pasado 23 de enero el Sindicat de Llogateres interpuso una denuncia contra la socimi Vandor por esta práctica, y también existen afectaciones vinculadas a otros fondos como NAD.

Aunque hace ya un año que el régimen sancionador está en vigor, la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia Catalana de la Vivienda solo han interpuesto 3 sanciones firmes. Desde el Sindicat exigimos la activación inmediata de un cuerpo de inspectores que garantice el cumplimiento efectivo de la ley, así como un régimen sancionador contundente también contra las inmobiliarias y plataformas digitales que alojan anuncios fraudulentos.

Al mismo tiempo, reclamamos al Congreso de los Diputados que blinde definitivamente la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones mediante una reforma de la LAU que impida cualquier resquicio legal.