El gobierno de la Comunidad de Madrid plantea un nuevo Reglamento de Viviendas de Protección Pública que las aleja todavía más de su carácter social y refuerza su carácter de negocio inmobiliario

 La organización ecologista ha presentado un documento con 17 alegaciones al proyecto de Decreto de Reglamento de Viviendas de Protección Pública (VPP) de la Comunidad de Madrid, donde se incluye  una reflexión general sobre cómo abordar los problemas de vivienda. El proyecto de decreto ha estado en fase de alegaciones por quince días, que incluían el período de vacaciones de Semana Santa, periodo que han calificado como escaso, dada la trascendencia del tema que pretende regular.

Ecologistas en Acción denuncia que este nuevo Reglamento supone un retroceso con respecto a la ya muy negativa regulación actual de las VPP en la Comunidad de Madrid, pues además de mantener los altísimos precios para ese tipo de viviendas, que pueden llegar a costar más de 400.000 € y a las que pueden acceder personas con rentas anuales de hasta 90.000 €, introduce medidas que consideran discriminatorias contra la población migrante como es incluir el requisito de empadronamiento en la región por un mínimo de 10 años para optar a este tipo de viviendas, lo que califican de racismo institucional.

Para la organización ecologista, Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha realizado un estudio detallado del fracaso de las políticas públicas de vivienda (o no lo ha hecho público), pero se ha embarcado una sucesiva y fragmentadamente elaboración de normas dispersas que no van a la raíz de ese grave problema, porque su objetivo fundamental y declarado es impulsar el negocio inmobiliario.

Ecologistas en Acción considera que se debería partir de un balance de la situación de las VPP y el Plan Vive, que valoran como un fracaso, la lógica desreguladora y masificadora del urbanismo, el apoyo a los grandes tenedores de vivienda y fondos buitres, etc., por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, para afrontar el problema de acceso a una vivienda de la población trabajadora, especialmente la más joven, la migrante y otros, y definir políticas a corto, medio y largo plazo para afrontarlo.

Considera también que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha venido utilizando el problema de la falta de viviendas asequibles como coartada para impulsar el expansionismo urbano y desregular muchos aspectos de la construcción de viviendas, pero sin dirigir sus políticas hacia los colectivos que más las necesitan y que no las pueden adquirir o alquilar a los actuales precios.

En sus alegaciones denuncia también el punitivismo y el probable carácter ilegal de las medidas que incluye el proyecto de Reglamento, para impedir que las personas que hayan sido condenadas por ocupación de viviendas puedan acceder a las VPP.

Ecologistas en Acción considera que algunas de las nuevas medidas que incluye el proyecto de Reglamento suponen un fraude del concepto de vivienda social, cuando, por ejemplo, se pretende autorizar sub viviendas de 15 metros cuadrados para estudiantes universitarios y “Erasmus”, a quienes no se aplican límites de renta, o el requisito de empadronamiento y que desviaría suelos y edificaciones a lo que apunta a ser más lucrativo que las viviendas familiares.

Señalan, así mismo, que el proyecto de Reglamento mantiene que a los quince años las VPP queden desreguladas y puedan ser vendidas a precios de mercado, con lo que se fomenta el que se puedan adquirir para especular con la subida de precios y que se malverse la subvención estatal con la reducción del IVA de la que disfrutan las VPP, que solo pagan un 4% por ese impuesto, además se mantienen las condiciones para  que se pueda especular y fijar precios sin limitación a los suelos destinados a VPP, que deberían ser topados.

También hacen referencia a que el Reglamento derogaría las actuales Normas Técnicas de Calidad de las Viviendas con Protección Pública, sin sustituirla por otra regulación que controle las calidades y el fraude en este asunto que con frecuencia se da en las VPP. Plantean además la necesidad de que se norme con detalle las calidades que deben tener las VPP en cuanto a eficiencia energética (A) durabilidad de los materiales, reducción de contaminaciones, etc., así como normar la obligatoriedad de que incluyan entornos arbolados y adecuados para paliar los efectos del calentamiento global.

Ecologistas en Acción expone que lo que se necesitan en la Comunidad de Madrid no son más viviendas, sino viviendas asequibles, en alquiler y públicas, para asignarlas a las personas que más las necesitan, y refuerza este planteamiento con una serie de propuestas que incluyen la incorporación al mercado del alquiler de decenas de miles de viviendas vacías, la reducción drástica de los pisos turísticos, la rehabilitación de viviendas y edificios en ruina o abandonados, la restricción a la compra de viviendas a los extranjeros no residentes y a los fondos buitre, la restricción a la acumulación de viviendas por empresas y particulares con fines de ”inversión”, el control y la reducción de los precios de los alquileres y la vigilancia activa de la legalidad de los contratos y las promociones públicas de viviendas en alquiler social, únicamente en suelos de características urbanas (solares).

Tras argumentar los reparos sobre el proyecto legislativo, la organización ecologista ha solicitado la retirada del mismo, así como que se aborde la situación de manera general, con carácter de ley y a través de un debate público en el que se incluya a todos los colectivos afectados y no solo a las patronales.