IU critica a la Junta de Andalucía por permitir que un fondo privado especule con 91 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Écija
Los diputados de Izquierda Unida, Toni Valero, Engracia Rivera y Enrique Santiago, han registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Plurinacional de Sumar, para solicitar al Gobierno información detallada y pronunciarse sobre la situación de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela, sitas en las calles Estatuto de Autonomía y La Lusiana de Écija.

La formación política ha denunciado que en Écija hay 91 familias que “se juegan su casa y el gobierno andaluz se ha puesto del lado de la especulación inmobiliaria y el fondo buitre que ha dejado aparcado un derecho de la mayoría social para hacer negocio con ellas”.
Estas 91 viviendas fueron promovidas, en el año 2000, por SEDESA, sociedad de la que era accionista mayoritario el Ayuntamiento. Durante ese año 2000 y hasta el 2003 estuvo al frente del municipio el Partido Andalucista de Écija, antes de ceder el gobierno local al PSOE. En 2013, el gobierno municipal (PP-PA) procedió a la liquidación de las empresas municipales declarando concurso voluntario de acreedores sobre dichas empresas.
En este punto, destacar la operación de las 91 viviendas protegidas en Écija que “han pasado a manos de un fondo de inversión privado que ahora quiere venderlas a las familias por el triple de lo que costaron”, lo que demuestra, según sus palabras, que “la Junta de Andalucía entiende que los fondos de inversión son los que tienen que determinar quién puede acceder a una vivienda”.
“Esta lucha de años ha supuesto asambleas, manifestaciones tanto en Ecija como en la sede del Gobierno de Andalucía y ante el ayuntamiento, preguntas vecinales en pleno, preguntas y mociones en el Parlamento de Andalucía, preguntas ante la visita del presidente Moreno a Écija, así como también la exploración y el desarrollo de la vía jurídica, y seguirán porque el acceso a la vivienda es un derecho, no un negocio”, han manifestado.
Así, señalan que se debe tener en cuenta que «la actual Ley de Vivienda pone límites al paso de vivienda protegida de carácter social a fondos de inversión. Es imprescindible que se recuperen estas viviendas para el régimen de alquiler de protección social o se les de una salida y una solución habitacional digna a las vecinas y vecinos afectados por esta injusticia».
Por ello, la iniciativa registrada pregunta formalmente al Ejecutivo qué valoración hace sobre la situación de las viviendas en Écija, Sevilla y Andalucía y qué está barajando medidas para mejorar la crisis habitacional que sufren los vecinos y vecinas de Écija.
Asimismo, IU solicita al Gobierno que intervenga con los instrumentos que considere adecuados para recuperar estas viviendas para el régimen de alquiler de protección social o en condiciones similares.