Algunos efectos sociales del franquismo: cincuenta años después

Un año más lejos de la muerte del dictador y probablemente un año más cerca de la vuelta a un sistema mundial cada vez más antidemocrático.
Las políticas memorialistas del Estado español nunca se han tomado en serio el trauma, que para esta sociedad, supuso la guerra y el franquismo.
Tras cuatro décadas de tergiversación de la verdad, a través de la educación nacionalcatólica, la propaganda y la represión, el surgimiento de un «franquismo sociológico» era inevitable, lo que sorprende es su persistencia e, incluso, su resurgimiento y el blanqueamiento de lo que supuso la dictadura, que se produce no solo por la vergonzante ideología de algunos partidos despreciativos con las libertades y la democracia, sino también por algunas inacciones que nos permiten hoy día cuestionar si nuestro sistema democrático se puede considerar suficientemente sano.
Una sociedad democrática de este tipo debería haberse planteado, en cuanto la correlación de fuerzas políticas lo hubieran permitido, abordar un deber irrenunciable: reivindicar a todas las víctimas de la guerra y el franquismo, recuperar la memoria de los desaparecidos asesinados y represaliados, devolver su identidad a los bebés robados, recuperar los restos de quienes siguen sin inhumar de forma digna, dar razón a las familias y a la sociedad en general de la suerte corrida por ciudadanos que, cuando fueron eliminados por los golpistas, estaban protegidos judicialmente por una legalidad democrática.
Por tanto, condenar al franquismo en sede parlamentaria debería haber sido un objetivo principal para el asentamiento de un régimen democrático que mereciera ese nombre, para romper con el continuismo legal del sistema franquista, para anular todas sus disposiciones administrativas y judiciales, al menos las relacionadas con la represión que sobre la sociedad ejercieron en esos treinta y nueve años infaustos. Perseguir el negacionismo y la exaltación de los verdugos de tantos miles de ciudadanos pacíficos e inocentes es una necesidad de salud pública. Restaurar patrimonios e indemnizar a quienes fueron, no solo asesinados, sino que sus familias tuvieron que afrontar unas multas totalmente injustificadas; denunciar públicamente a las empresas que se sirvieron de mano de obra esclava y hacer que indemnicen a los pocos presos republicanos que quedan y a las familias de quienes padecieron este tipo de explotación… todas estas cuestiones y muchas más debieron ser abordadas en su momento.
La creación de una comisión que hubiera elaborado un «libro blanco de la represión en España», tras esa condena parlamentaria al franquismo, hubiera servido a los legisladores para desarrollar un auténtico corpus legal con verdaderas y efectivas políticas de memoria.
Frente a eso la derecha nostálgica del franquismo, de donde procede, se ha dedicado a frenar y boicotear cualquier tipo de movimiento memorialista.
La izquierda se ha movido entre la práctica inacción y los gestos grandilocuentes, los actos espectaculares, pero no de profundización en las verdaderas necesidades de la sociedad para afrontar su pasado traumático reciente.
Es triste constatar, cincuenta años después de la muerte del mayor criminal de la historia de España, que poco se ha hecho para recuperar para la historia las identidades de quienes fueron tan injustamente asesinados. Se lo debíamos a ellos como ciudadanos y ciudadanas inocentes, a la sociedad para que conociera la verdad sin tergiversaciones ni blanqueamientos, a los familiares para resarcirlos mínimamente, para compensarles moralmente, para devolverles los restos de sus seres queridos y que tuvieran un entierro, por fin, digno. Ya que no encontrarán nunca justicia al menos que el conocimiento de lo que pasó nos lleve a esa garantía de no repetición, que cada día parece menos asegurada.
Esperemos que la siguiente efeméride se pueda recordar con un sabor menos amargo, ojalá, nos interesa a todos.

*Enrique Gómez Arnas.
Presidente ARMHA.