Doce años y cuatro días

El 24 de enero de 1977, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal, fueron ametrallados y asesinados vilmente por miembros de Falange Española y vinculados a Fuerza Nueva. Miguel Sarabia, Luís Ramos, Dolores González y Alejandro Ruiz-Huerta quedaron heridos de por vida. Defender a la clase obrera de este país en plena huelga de transportes en Madrid, les convertía en blanco fácil para los pistoleros ultraderechistas, en connivencia con un moribundo régimen franquista que siguió matando impunemente durante la mal llamada Modélica Transición Española. Esa misma semana de aquel fatídico enero, también era asesinada por los grises Mari Luz Nájera. Arturo Ruiz corrió su misma suerte pero esta vez a manos de bandas armadas fascistas que, por entonces, y al grito de «¡¡Viva Cristo Rey!!», campaban a sus anchas.

En marzo 1980, la justicia condenaba a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a 193 años de cárcel a cada uno, como autores materiales de los cinco asesinatos. Fernando Lerdo de Tejada, otro de los autores de la matanza y aun en busca en captura, no pudo ser juzgado porque, la Semana Santa de 1979, le fue concedido un permiso penitenciario y nunca más se supo. Casualmente, Lerdo de Tejada era el hijo de la Secretaria de Blas Piñar, mandamás por aquellos entonces de Fuerza Nueva. Nada nuevo bajo el sol. Cabe señalar que dicho proceso judicial estuvo lleno de irregularidades desde el mismo momento en el que se produjeron las primeras detenciones y su magistrado, Gómez Chaparro, no quiso saber quiénes se escondían tras los asesinatos.

En 1992, García Juliá, aprovechando un permiso penitenciario para viajar a Paraguay con la condición de presentarse todos los meses en la embajada española en Asunción, aprovechó para perpetrar, curiosamente, otra nueva fuga fascista. Tras 24 años en busca y captura, en diciembre de 2018, fue detenido en Brasil y extraditado a nuestro país el pasado mes de febrero. Hoy será puesto en libertad.

La condena a 30 años de prisión que debería cumplir, ha quedado reducida a tan solo 18. La Audiencia Nacional (antiguo TOP franquista), se ha inhibido de la causa, dejándolo en manos de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, de cuya cárcel intentó fugarse García Juliá antes de ser juzgado en 1.980. La Audiencia Provincial Manchega otorga varios beneficios penitenciarios recogidos en el Código Penal de 1973, aplica una redención de la pena por estudios, trabajo y buen comportamiento, convirtiendo los más de 12 años de condena pendiente, en tan solo 287 días. Parece ser que el reo venía con todo atado y bien atado.

Uno de los crímenes de mayor impacto sociopolítico en el periodo de la transacción de la dictadura a la democracia, en el que la Ley de Amnistía de ese mismo año liberaba al franquismo y a sus franquistas de sus crímenes, vuelve a poner de actualidad las llamadas Leyes de Punto Final.

Carlos García Juliá, asesino de los Abogados de Atocha, fugado de la justicia durante 24 años, vuelve a España y en 9 meses salda su condena y todos sus crímenes. Es el mayor de los insultos que pueden recibir sus víctimas. Volver a tu patria en 2020 es volver a encontrar los mismos tribunales, las mismas leyes y los mismos jueces que te juzgaron y que ahora te otorgan sus beneficios por los servicios prestados. Hoy es puesto en libertad y liberado de cumplir los 12 años y 4 días de prisión pendientes. El modelo español de impunidad sigue muy vivo.

Atocha, hermanos, nosotros no olvidamos.

*Sergio Esteban. Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid.