Acusan a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de prevaricación administrativa, por incumplir la Ley de Memoria Democrática

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que inició la exhumación científica de desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, en octubre se cumplen veinticinco años, ha registrado una protesta formal dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles. En ella se queja de que la responsable del ministerio ha hecho caso omiso de la Ley de Memoria Democrática que le obliga a tomar una serie de medidas que está incumpliendo desde hace treinta y cuatro meses.

En la queja registrada se le recuerda a la ministra que el próximo mes de octubre se cumplirán tres años de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. En el texto legislativo se explicita que los militares golpistas no pueden recibir honor alguno, ni tratamientos especiales, por parte de las administraciones públicas. Pero a pesar del dictado de la ley, el Ministerio de Defensa la incumple de manera permanente y reiterada en casos como el de Jaime Milans del Bosch, golpista en 1936 y en 1981, que continúa enterrado en el Alcázar de Toledo con honores y recursos de un Estado Democrático.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido republicano identificado genéticamente en España “es muy grave que el mismo Gobierno que ha redactado una ley y ha promovido su aprobación parlamentaria la incumple demostrando su falta de voluntad política”. Y añade que si el “Gobierno no cumple la ley de memoria democrática no puede confrontar con las comunidades autónomas que también la incumplen”

La ARMH ha exigido al  Ministerio de Defensa deje de prevaricar con el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y lleve a cabo sus obligaciones que tiene con respeto a la aplicación de los valores democráticos y al respeto que merecen las víctimas de la dictadura franquista.

Asimismo, la asociación ha reclamado por derecho de acceso a la información pública documentación de las gestiones que el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo para cumplir con la Ley de Memoria Democrática. Y en especial aquellas dirigidas a que el cuerpo del dos veces golpista Jaime Milán del Bosch salga del Alcázar de Toledo, así como con el resto de militares franquistas que se encuentran enterrados con honores que no merecen por parte de un Gobierno democrático.

“Es incomprensible que continúen desaparecidos miles de hombres y mujeres que defendieron la democracia tratando de frenar un golpe de Estado en 1936 y que los golpistas y constructores de una sangrienta y terrible dictadura sigan enterrados con honores y recursos públicos. Por mucho que se conmemoren cincuenta años de España en libertad hay miles de familias que no han tenido la libertad de enterrar donde decidan a sus seres queridos y siguen sin verdad, sin justicia y sin reparación”, concluye Silva.