La Ley de Memoria que necesitamos

La sentencia del Tribunal Supremo de Marzo de 2012 que absolvía a Baltasar Garzón en la causa del franquismo, a parte constituir una seria advertencia para cualquier juez que en el futuro tuviese la osadía de abrir un procedimiento sobre crímenes franquistas, pretendía cerrar definitivamente las puertas de los tribunales para impedir la investigación de los mismos, negaba explícitamente a las víctimas el acceso a la Justicia, y las derivaba en exclusividad a la vía administrativa consagrada en la Ley de Memoria de 2007.

La Ley de Memoria de 2007 nació lastrada, no solamente porque fuese insuficiente (los gobiernos de M.Rajoy pudieron incumplirla sistemática e impunemente sin necesidad de derogarla), sino sobre todo, porque no cuestionaba sino que apuntalaba la impunidad del franquismo. Como la definieron algunos juristas: la Ley de Memoria proporcionaba una reparación limitada a algunos colectivos de víctimas, apenas posibilitaba el acceso al derecho a la Verdad, pero sobre todo, negaba explícitamente el derecho a la Justicia a las víctimas del franquismo.

Creemos que es inexcusable que en la próxima tramitación del Proyecto de nueva Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno, se apliquen las recomendaciones que, sobre el caso del franquismo, han venido realizando diversos organismos internacionales, que han denunciado el abandono institucional de las víctimas, y el incumplimiento histórico por parte del Estado español de sus obligaciones y compromisos con respecto al Derecho Internacional de los Derechos humanos.

El Anteproyecto constituye un importante avance respecto al texto vigente de la anterior Ley de memoria, pero en realidad, ni políticamente, ni jurídicamente, supone una ruptura con lo que organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han denominado como Modelo Español de Impunidad. Ciertamente, la Ley de Memoria, aún resultando aprobada en los actuales términos significaría un importante empuje a políticas públicas de Memoria de cara al futuro, pero hoy por hoy el texto renuncia a la oportunidad de desmantelar el Modelo Español de Impunidad establecido por el franquismo y certificado en la Transición. Por ejemplo, no garantizando que se puedan investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura, y no incluyendo una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977.

Asimismo, el Anteproyecto ilegaliza parte de las consecuencias del golpe del 18 de Julio de 1936 y de la dictadura, pero se resiste a incluir una ilegalización explícita del régimen en sí. Se echa de menos también una declaración expresa del carácter legítimo de la 2ª República.

En el marco del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, hemos hecho público un amplio documento propositivo de reforma y mejora del Anteproyecto presentado por el Gobierno, que ha sido remitido al mismo, y a grupos parlamentarios e instituciones. Este documento, elaborado a partir de múltiples análisis y propuestas, y respaldado por casi un centenar de colectivos y asociaciones, valora entre otros elementos importantes que:

• En el Anteproyecto se enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo garantiza su persecución penal. No hay en este tema ningún avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007, quedando por tanto cercenado el Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo.
• No podemos conformarnos con declarar las sentencias represivas del franquismo como “nulas e ilegítimas”, como recoge el Anteproyecto, porque esa definición de “ilegitimidad” no tiene validez jurídica alguna. Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos.
• Aunque supone un avance que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas de las fosas comunes del franquismo, el Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en la localización y exhumación. No podemos perpetuar el sistema de exhumaciones extrajudiciales y privadas (subvencionando a familiares y asociaciones para su ejecución), que estableció la Ley de 2007.
• El Anteproyecto no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de instituciones, organizaciones, entidades y particulares, que se beneficiaron del expolio franquista y de los trabajos forzados.
• El Anteproyecto no garantiza la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados sobre la represión franquista. Tampoco se compromete con la desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en los mismos. Por tanto, no asegura el acceso a la información, ni el derecho de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

El Gobierno da por hecho que el movimiento memorialista y los grupos parlamentarios que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez o los PGE, van a apoyar el texto del Anteproyecto de Ley tal y como ha llegado al Parlamento, cerrando filas además ante la previsible oposición de la derecha política y mediática. Pero no todo está cerrado y decidido: recordemos cómo en 2007 el diputado de ERC Joan Tardà defendió el voto contrario de su grupo a la Ley de Memoria de Zapatero, al considerar que no cumplía con los estándares mínimos del derecho penal internacional para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

Corremos además el riesgo de que, tal y como pasó en 2007, el debate en la sociedad y en los medios se circunscriba al conflicto entre la iniciativa específica del Ejecutivo y la reacción exaltada de la derecha negacionista, soslayando las propuestas críticas pero constructivas del movimiento memorialista.

No tenemos derecho a perder esta oportunidad quedándonos a mitad de camino. No podemos esperar 14 años más a otra Ley de Memoria porque la que ahora se presenta resulta insuficiente, ya que no entra en el fondo de la cuestión: que el Estado impide el acceso real de las víctimas del franquismo a la Justicia en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas.