Albiol y Urtasun alertan del auge del racismo y reclaman una Directiva contra delitos de odio

En la introducción del informe, Albiol ha reclamado a la Unión Europea que “desbloquee” la Directiva sobre discriminación y delitos de odio, que lleva atascada en el Consejo desde antes de que comenzara la presente legislatura.

Por su parte, Urtasun, ha advertido que, pese a la concepción general de que en el Estado español no hay un partido de extrema derecha” que imponga sus políticas xenófobas y racistas, se debe prestar atención al fondo del informe, “porque demuestra que tenemos un problema y que muchas veces es institucional”.

Mazkiaran ha subrayado durante su intervención que el Estado español necesita una Ley integral contra la discriminación que regule, no sólo los casos más obvios, sino también “el racismo que no se ve, o el microrracismo”.

El secretario federal de SOS Racismo ha explicado que el Estado no ofrecía datos oficiales sobre casos de discriminación hasta hace tres años y que en cualquier caso esos datos están muy sesgados porque sólo incluyen los atestados policiales.

En su informe, SOS Racismo ha tratado de “hacer una fotografía alternativa” a las estadísticas del Gobierno, dando cuenta de los 247 casos que han registrado en sus sedes. Mazkiaran ha dividido en tres clases, las principales denuncias por discriminación y racismo. En el primer grupo, “que engloba la mayor parte de los casos”, se refiere a conflictos vecinales. El segundo “es el de las propias administraciones, que incluye casos como el tratamiento a las personas migrantes en los CIE y cuestiones que tienen que ver con extranjería”.

Por último, el tercero, “viene referido a la Policía y a la seguridad privada”, que refleja casos de “uso desproporcionado de la fuerza, acompañado de insultos racistas que generan situaciones discriminatorias”. “Entendemos que esto también es un delito de odio, que no se refleja en las estadísticas porque la Policía no va a hacer informes en los que ellos sean los agentes discriminadores”, ha denunciado.

Por su parte, Araguás ha señalado la importancia de “abordar de forma integral” todos los casos de discriminación, incluida, por ejemplo, “la discriminación contra las personas LGTBI y las personas sin hogar”. El miembro de SOS Racismo se ha referido también a la discriminación y al racismo institucional con un ejemplo muy sintomático de la situación real: un discurso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, culpando a las personas migrantes de colapsar los servicios sanitarios, provocando que “la gente los viera como competencia”.

Asimismo ha mostrado su preocupación porque haya determinadas situaciones, como “las detenciones por perfil étnico”, que si bien “en Francia se ha asumido que son ilegales”, en el Estado español el Tribunal Constitucional “ni siquiera ha admitido a trámite la denuncia” de un particular.

“En un momento de aumento de discursos xenófobos y de auge de la extrema derecha en Europa, tenemos que hacer algo de forma integrada para dar una respuesta desde Bruselas que obligue a los Estados a abordar esta realidad antes de que nos coma a nosotros”, ha apuntado.

Araguás también ha relatado cómo las víctimas del racismo y la discriminación no tienen siempre asegurado el derecho a poder denunciar ya que, “si por ejemplo, una persona migrante en situación irregular va a una comisaría, lo primero que se va a encontrar es una orden de expulsión”. Por esto, cree que otra de las prioridades es que haya una ley de protección de las víctimas del racismo que proteja también a las personas que no tienen papeles.

Por último, ha llamado a hacer una reflexión sobre el “modelo de ciudadanía” de nuestras sociedades ya que el debate y el marco que se utiliza para establecer lo que son discriminaciones y racismo “debe ser mucho más profundo”. “Debemos establecer la diversidad como mecanismo que nos une y no nos separa. Necesitamos agentes sociales, jurídicos, sociedad civil y también una Policía formada y que combata estas cosas”, ha sentenciado.