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¿Por qué Lula está en la cárcel?

En el primer aniversario de la detención del carismático ex presidente de Brasil, que ha condicionado la política nacional abriendo la puerta a la victoria electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro, Leonardo Fernandes repasa las claves del caso que condujeron a Lula a la cárcel.

Cartel reivindicando la libertad del expresidente brasileño / BdF

Ya era la noche del sábado 7 de abril, cuando el helicóptero de la Policía Federal aterrizó sobre el edificio de la Superintendencia de la PF en Curitiba, llevando consigo al presidente más popular de la historia reciente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Su prisión marcaría el destino de la política brasileña, decidido en la urnas, en octubre de ese mismo año.

Fue una larga jornada desde el decreto de prisión emitido por el entonces juez de la causa Lava Jato, actual ministro de Justicia, Sergio Moro, el día 5 abril, luego que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó un pedido de habéas corpus preventivo, presentado por la defensa del ex mandatario.

La militancia petista y de los movimientos populares de izquierda cercaron el sindicato de Metalúrgicos del ABC paulista, buscando en vano, impedir “ el secuestro” de Lula. Antes de presentarse a las autoridades en Curitiba, el ex presidente dio un discurso emocionado, en el  cual prometió resistir a la injusta prisión y seguir luchando para probar su inocencia.

¿Pero cuándo comenzó todo? ¿Qué llevó al mayor líder político del país a prisión? ¿De qué es acusado? ¿A quién le interesa su prisión? Esas y otras preguntas, Brasil de Fato busca responder a lo largo de los últimos años, desde el inicio de la persecución jurídica desatada por los agentes de la operación Lava Jato.

Antecedentes

El país despertó  el 4 de marzo de 2016 sorprendido por una acción de Fuerza de la Operación Lava Jato, que invadió a las primeras horas de la mañana, el apartamento del ex presidente Lula, en la ciudad de São Bernardo do Campo, en el ABC Sao Paulo. La acción coercitiva fue autorizada por el ex juez Sérgio Moro antes de haber convocado al petista a dar declaración . Todo fue transmitido en directo por algunos medios de comunicación nacionales que fueron advertidos previamente de la operación, según denunció el propio ex presidente Lula tras ser liberado.

A partir de entonces, la defensa del ex presidente pasó a denunciar públicamente la práctica del llamado “lawfare” contra Lula. En resumen, consiste en una estrategia que articula decisiones judiciales con acciones mediáticas, con el objetivo de alcanzar moralmente al acusado, condenándolo antes incluso de concluidas las investigaciones.

Para Aury Lopes Júnior, jurista, especialista en Derecho Procesal Penal, la práctica del lawfare puede ser verificada en diversos momentos en que se percibe una tramitación diferenciada del proceso judicial con objetivos políticos. Pero, según Lopes, los problemas relacionados no pueden ser resumidos a eso. “Nosotros tenemos cuestiones formales relacionadas con el juez natural, a la quiebra de la imparcialidad, que son evidencias, la contaminación del juez Sérgio Moro en ese caso es muy evidente, no sólo en ese caso sino que en varios otros, en que se verifica un prejuzgamiento, una pre-comprensión , y eso es algo que salta a la vista”.

La denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) contra el ex presidente vendría tan sólo cinco días después de la conducción coercitiva, cuando el procurador de la Operación Lava Jato Deltan Dallagnol, protagonizó la famosa escena, que más tarde sería  tema de memorias en las redes sociales, de un power point que vinculaba los casos de corrupción de Petrobras a una foto del ex presidente, en el centro de la pantalla. En ese momento, Lula era acusado de ser “el jefe” de todo el esquema de corrupción.

El juego político de Sérgio Moro, el juez ministro

El 20 de septiembre de 2016, el entonces juez de la 13ª Vara Criminal de Curitiba, Sérgio Moro, decidió aceptar la denuncia del MPF contra Lula en el caso triplex. Según la causa Lava Jato, el ex presidente habría recibido propina de la constructora OAS, por vía de una reforma de un apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral paulista. Por el caso, acusaba al ex mandatario de corrupción pasiva y lavado de dinero.

El 10 de mayo del año siguiente (2017), Lula da testimonio por primera vez al juez de Curitiba. Durante la audiencia, la defensa del ex presidente presenta pruebas de que el apartamento jamás habría sido de propiedad de la familia Lula da Silva, como explica el abogado Cristiano Zanin Martins.

“La acusación no hizo ninguna prueba de culpa del ex presidente Lula. La sentencia condenatoria, así como la confirmación de ella por el segundo grado se dio fundamentalmente sobre la base de un testimonio de un arrepentido, es decir, un testimonio prestado sin el compromiso con la verdad, y por una persona claramente interesada en obtener beneficios del Ministerio Público. Por otro lado, nosotros hicimos la prueba durante varias audiencias, después de las declaraciones de 73 testigos, de que el ex presidente Lula no practicó ningún acto ilícito, no practicó ningún acto de oficio, no recibió ninguna contrapartida, a diferencia de lo que se afirmó por la denuncia hecha por el Ministerio Público”.

Después de 10 meses de proceso, el 12 de julio de 2017, Moro condena a Lula a nueve años y seis meses de prisión en régimen cerrado. Una sentencia que para el abogado criminalista Fernando Hideo, carecía de criterios jurídicos bien definidos por la Constitución Federal y las leyes brasileñas. “[Se trata de] una sentencia que desconsidera todo el conjunto probatorio de la defensa y se afilia simplemente a la palabra de un delator informal”.

La decisión de la primera instancia iba a ser confirmada por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) el 24 de enero de 2018, cuando Lula era apuntado por todas las encuestas de intención de voto como el favorito a ganar las elecciones presidenciales de aquel año.

Incluso con la prisión del ex presidente el 7 de abril, el juez Sérgio Moro no se alejó totalmente del caso, como dice la regla del sistema judicial. El 8 de julio, el desembargador del TRF4 Rogério Favretto reconoce la ilegalidad de la prisión de Lula y determina su libertad. La decisión generó una guerra que terminó siendo incumplida por las autoridades de la ejecución penal, tras intervención directa del juez Moro.

El caso escandalizó el mundo jurídico. “Es un episodio lamentable, realmente lamentable, y lo que se vio este fin de semana fue un capítulo vergonzoso de la historia del proceso penal, precisamente porque nunca se vio nada similar como aquello: una guerra de decisiones en un fin de semana”.

Las sucesivas intervenciones del juez Moro para mantener preso y en silencio el ex presidente durante el proceso electoral no sería en vano. La consiguiente inhabilitación del ex presidente para concurrir a las elecciones presidenciales facilitó el ascenso del liderazgo de la extrema derecha en el proceso, resultando victorioso Jair Bolsonaro. Después de la elección, Sérgio Moro fue anunciado ministro de Justicia del nuevo gobierno.

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