Premio Nobel argentino denuncia política de EE.UU. contra Venezuela

Durante la presentación la víspera de la conferencia virtual, Venezuela: Sanciones, elecciones y derechos humanos, el activista argentino y la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) María Eugenia Russián, analizaron el impacto del bloqueo norteamericano en este país.

Durante la videoconferencia, los ponentes expresaron sus impresiones acerca de la imposición sistemática de medidas coercitivas unilaterales por parte de Washington contra el pueblo venezolano y su impacto sobre los derechos humanos.

Pérez Esquivel, enumeró las agresiones, bloqueos y golpes de Estados que la administración estadounidense ha promovido en países como Cuba, Honduras, Haití, Paraguay, Brasil, Bolivia y Venezuela.

Para el activista en DDHH, ante el caso de Venezuela y demás países agredidos de la región es necesario profundizar la unidad y solidaridad de los pueblos del continente, así como dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ente al cual instó a democratizar su estructura.

‘El problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, sin injerencia extranjera; por el contrario, con mucha solidaridad y apoyo’, planteó.

Afirmó que si hay país que viola los derechos humanos es Estados Unidos, que atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en forma feroz sin ningún límite y ante el silencio cómplice de los países que se dicen democráticos, como los europeos.

Russián, por su parte reconoció que a lo largo de los últimos 20 años, a partir de la Constitución de 1999, el Estado venezolano impulsó programas sociales, bajo la figura de misiones, en beneficio de los sectores más vulnerables, abarcando los derechos prioritarios como la educación, la salud, la alimentación y la vivienda.

Recordó que en 2015, luego del decreto del expresidente Barak Obama que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad estadounidense se generó una enorme presión sobre la población, debido a que esas medidas obstaculizan la puesta en marcha de las misiones sociales e impiden la compra de medicinas, alimentos e insumos esenciales.

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