Arévalo deroga acuerdo para seguridad de exfuncionarios de Guatemala

“La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos”, expresó a través de sus redes sociales el actual jefe de Estado, al presentar una de las primeras medidas de la administración, anunciada con anterioridad.

Mediante el oficial Diario de Centroamérica, el Ministerio de Gobernación divulgó el acuerdo 24-2004 firmado por Arévalo, quien tomó posesión del cargo hace menos de una semana.

El documento detalló que el Estado de Guatemala se organiza con el propósito fundamental de proteger a la persona y la familia, con el fin supremo de la obtención del bien común.

“En este contexto, se establece como deber ineludible del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”, acotó.

Calificó de obligaciones esenciales para alcanzar el bienestar colectivo, la seguridad, la paz y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, estableció que el ministro de Gobernación, a través del director general de la Policía Nacional Civil (PNC), deberá proporcionar protección a las personas que hayan desempeñado los cargos de Ministro de Gobernación y Viceministros de esa cartera.

Incluyó además al director general del Sistema Penitenciario, de inteligencia Civil, de la PNC, director general adjunto de esa fuerza y Subdirectores Generales de Operaciones, de Investigación Criminal y de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC.

Ello, enfatizó, con el propósito de resguardar su vida e integridad ante riesgos o amenazas derivadas del cumplimiento de sus atribuciones, cuya protección puede ampliarse a su núcleo familiar.

Esta –agregó- se proporcionará a partir del día en que el funcionario cese en el desempeño de su cargo, por el plazo proporcional y razonable a la necesidad comprobada, según el análisis de riesgo realizado por la dirección general de la PNC.

El acuerdo 320-2023 estableció otorgar seguridad por un tiempo similar al que tardaron en sus cargos, aparte de los extitulares de Gobernación y exfuncionarios de ese órgano, los exministros de todas las carteras y secretarios de la presidencia.

El diputado del partido Movimiento Semilla Samuel Pérez consideró entonces un abuso querer utilizar recursos para brindar seguridad a esas personas sin motivo alguno.

Otros congresistas y expertos en leyes utilizaron las redes sociales para apuntar que era necesario anular el acuerdo firmado por Giammattei en los últimos días de su gestión.

Desde el 18 de septiembre de 2020 con la disposición 445, el Gobierno de Guatemala reguló la seguridad de funcionarios y de la PNC que dejaran el cargo.

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