Denuncian que el Estado chileno sigue vulnerando derechos de niñxs y trabajadorxs

La mañana de este jueves, trabajadores y trabajadoras del Servicio Mejor Niñez, entregaron una minuta de observaciones a la comisión investigadora de la Cámara, que aborda los hechos ocurridos en la residencia Castellón, afectada por un incendio el pasado 18 de marzo. La misiva contempla la falta de infraestructura adecuada en las residencias, falencias en la activación de protocolos, lo que derivó -según comentan- de la falta de personal, entre otros aspectos.

La Asociación Regional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Mejor Niñez, puso énfasis en que dichas falencias están repercutiendo, directamente, en la atención entregada a niños, niñas y adolescentes, además de propiciar un contexto laboral de estrés y sobrecarga para las y los funcionarios del Servicio.

En 2018, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) abandonó el Ministerio de Justicia y DDHH para pasar a a manos de la administración de la cartera de Desarrollo Social, cambiando su nombre a Servicio Mejor Niñez. A casi 5 años de ocurrido el traspaso, funcionarios y funcionarias del Biobío apuntan a que ha empeorado la calidad de la asistencia brindada a los niños, niñas y adolescentes, debido, por ejemplo, a la externalización de los servicios y la falta de implementación de Residencias de Alta Complejidad (RAE).

Sobre la entrega de antecedentes a la comisión investigadora de la Cámara,  Mary Nourdin, presidenta Asociación Regional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Mejor Niñez, explicó que se produce debido a la vulneración de derechos que está sucediendo dentro de las residencias, de los adolescentes y además, de las y los funcionarios.

Nourdin hace énfasis en los problemas derivados de la implementación del modelo de residencialidad en el Gran Concepción, por ejemplo, en aspectos de infraestructura: «No tienen patio, es demasiado pequeño. Estos adolescentes necesitan caminar, distraerse, hacer actividades. Pero en una residencia con un patio tan reducido, es imposible. Por otra parte, no puede haber residencias de 3 pisos donde tienes que estar subiendo y bajando para atender a los niños: es imposible optimizar el trabajo así».

En cuanto a la falencia en protocolos y su directa relación con la falta de personal, la dirigenta regional comentó que hay falta de dotación: «Con la cantidad de funcionarios que corresponden, se podrían activar los protocolos» esgrime. Y agrega en esta línea que, producto de las extenuantes condiciones laborales, hay alrededor de un 60% de funcionarios con licencia médica.

Sobre las condiciones de trabajo de los y las funcionarias, Nourdin acota que: «se han generado trastornos adaptativos, ya no quieren volver a trabajar al lugar, tienen miedo de ingresar, han sufrido amenazas, están colapsados». Producto de este conjunto de situaciones, se genera, según palabras de la profesional, una «sobrecarga laboral tremenda». Y fustiga: «Cuando falta un encargado de vida familiar, una tutora o una monitora, el funcionario debe suplir el rol, lo que se transforma en un caos».

Como Asociación Regional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Mejor Niñez enfatizan en que se están vulnerando los derechos de los niños y trabajadores a través del modelo de residencialidad. Dicha denuncia ya es parte de la documentación que maneja la comisión de investigación de la Cámara, que indaga el incendio ocurrido en la residencia Castellón, así como también, las condiciones materiales de niños, adolescentes y funcionarios al interior de las cuatro residencias del Gran Concepción.