Corte argentina pide desafuero de Cristina Kirchner para detenerla
La Justicia argentina pide desaforar a la expresidenta Cristina Kirchner y a su canciller Héctor Timerman para arrestarlos por entorpecer el caso AMIA.
El juez federal Claudio Bonadio decidió el miércoles esta medida en el marco de las investigaciones en torno al atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), reabiertas el años pasado por la Cámara de Casación Penal.
La orden incluye también la detención del ex secretario general de la Presidencia Carlos Zannini y del dirigente piquetero Luis D’Elía, que se han hecho efectivas a primera hora de la madrugada de hoy jueves.
La Corte aún no ha dictado prisión preventiva para la exmandataria y actual senadora, pero el excanciller debe cumplir la orden en su domicilio debido a su delicado estado de salud.
La sentencia avanza una denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman hizo en 2015 en la que acusaba a la expresidenta y los demás dirigentes kirchneristas de un presunto delito de “traición a la patria” y del encubrimiento del atentado, ocurrido en 1994 en Buenos Aires (la capital argentina).
La denuncia de Nisman fue desestimada por dos instancias judiciales, al no contar con pruebas de tales delitos, pero la Cámara de Casación Penal le dio un nuevo impulso después de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.
Uno de los jueces que rechazó la denuncia fue el juez federal Daniel Rafecas, quien ha sido citado hoy jueves a la indagatoria para explicar su decisión, tomada hace dos años.
Fernández había rechazado con anterioridad las acusaciones en su contra, denunciando que la investigación sobre la AMIA fue un escenario de operaciones políticas y de intereses cruzados.
Cabe recordar que Irán fue acusado por los lobbies israelíes de haber estado detrás del atentado de la AMIA, pero en 2013, siendo presidente Fernández, los Gobiernos de Buenos Aires y Teherán —que desmiente con rotundidad las acusaciones— firmaron un memorándum de entendimiento para esclarecer el caso.
El acuerdo fue aprobado en el Congreso argentino por diputados y senadores, sin que aquellos que votaron en contra advirtieran que fuera ilícito.
msm/mla/fdd/tas
Relacionado
