Movilizaciones en Chile contra el establecimiento de trabas al derecho al aborto
- Miles de chilenas marcharon en al menos una decena de ciudades para rechazar el proyecto que pretende hoy obligar a la mujer a escuchar los latidos del feto antes de una interrupción voluntaria del embarazo.
La manifestación contra el controvertido proyecto de ley “Escucha su corazón”, impulsado por diputados de los partidos de extrema derecha Republicanos y Nacional Libertario, partió en esta capital desde la Plaza Baquedano y concluyó ante el Palacio de La Moneda, sede de la presidencia.
En declaraciones a Prensa Latina, la integrante de la Coordinadora Feminista 8M, Margarita Peña, recordó que en Chile el aborto solo es permitido por tres causales: inviabilidad fetal, peligro para la vida de la madre o cuando el embarazo es resultado de una violación.
“Una mujer puesta en esas circunstancias está en una situación traumática, dolorosa, y merece ser protegida, sin embargo, los legisladores de ultraderecha proponen aumentar su dolor”, dijo Peña.
La activista calificó el proyecto de ley como cruel, degradante e inhumano.
Mientras, Yasna Castillo, Observadora de Ley del Aborto, recordó que esa legislación aprobada en 2017 tiene de por sí muchas trabas y lo que pretenden esos parlamentarios es poner más obstáculos.
Castillo llamó a los legisladores a trabajar por los temas económicos y de seguridad, por los cuales fueron electos, y no dedicarse a intentar frenar los derechos de las mujeres.
Catalina Lufín, presidenta de las Juventudes Comunistas, calificó el proyecto de ley como un retroceso brutal, mientras Magdalena Silva, estudiante de sociología, consideró una injusticia que en el país hasta el día de hoy el aborto no sea libre, seguro y gratuito.
Además de Santiago, hubo convocatoria de manifestaciones en Valparaíso, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Concepción y Temuco, entre otras urbes.
El “pañuelazo” tuvo como lema Escucha mi decisión, para exigir respeto a los derechos de las féminas.
La propuesta legislativa ha generado un rechazo de amplios sectores, tanto del mundo político, como de defensores de los derechos humanos y especialistas de la salud y -según la encuesta Cadem- 66 por ciento de la población está en contra de la iniciativa.
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