Redacción •  Tecnología •  05/03/2021

Petición de moratoria del 5G en los ayuntamientos por su impacto ecosocial

  • La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G presenta su petición de moratoria de esta tecnología en centenares de ayuntamientos por no atender al principio de precaución y profundizar la crisis ecosocial actual.
  • Dicha coordinadora, con una petición apoyada por casi 1.000 organizaciones, considera urgente abrir un debate social plural y que los planes de estímulo europeos Next Generation EU dejen de introducir la extensión del 5G como condición de acceso.
  • La red 5G podría aumentar el consumo energético total de la red entre un 150 % y un 170 % en 2026.
Petición de moratoria del 5G en los ayuntamientos por su impacto ecosocial
Ecologistas en Acción, en el ámbito de la Coordinadora estatal, se ha sumado a llevar la petición de moratoria de la 5G a un centenar de ayuntamientos españoles, reclamada por casi 1.000 organizaciones vecinales, ecologistas, sindicatos agrarios y colectivos de personas afectadas por enfermedades ambientales y de sensibilización central. En la petición recuerdan las llamadas de instituciones y personas expertas que apelan a una evaluación en ámbitos como el de la salud, el ambiental, el climático y el energético. Entre otros, el Defensor del Pueblo ya ha cuestionado que el Plan Nacional 5G y de sus proyectos pilotos no atendiera al principio de precaución ni a la evaluación ambiental.

En países como Francia, diferentes instituciones consultivas han dado la alerta: su Convención Ciudadana por el Clima ya reclamó la moratoria de su implementación “a la espera de los resultados de la evaluación del 5G en el ámbito de la salud y del clima”, al tiempo que su Alto Consejo para el Clima alertó en diciembre del 2020 del fuerte e insostenible impacto energético y climático de dicha tecnología, que no contó con una evaluación ni debate previo.

En esta ocasión, la Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G expone las consecuencias que podría acarrear este proceso de digitalización del 5G y de internet en varios campos: incremento exponencial de la exposición a las radiofrecuencias, emisiones de CO2 y consumo energético, extractivismo minero, obsolescencia tecnológica e hiperconsumismo. Visibilizan igualmente las alertas de que las ‘megaconstelaciones’ de satélites implicados en el despliegue espacial del 5G, comprometan la predicción meteorológica y climática y el estudio astronómico, así como incrementen exponencialmente la basura espacial.
La Coordinadora recuerda que, lejos de ser inmaterial, diferentes estudios muestran que desde el 2015 el consumo de energía digital en el mundo está aumentando en aproximadamente un 9 % por año. En la misma línea las emisiones de gases de efecto invernadero del sector digital convencional aumentan del 1,5 % en 2015 al casi 4 % en 2019, con proyecciones del 8 % en 2025 y del 14 % en 2040. Estas previsiones, que parten de las TICs convencionales, podrían superarse drásticamente con la tecnología 5G y su internet de las cosas (la Unión Internacional de Telecomunicaciones – ITU- prevé un 1 millón de dispositivos conectados por km2).
 
En esa línea, empresas tecnológicas como Vertiv muestran que la red 5G podría aumentar el consumo energético total de la red entre un 150 % y un 170 % en 2026. Técnicos como los del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid muestran que mantener o aumentar los actuales consumos energéticos de todos los sectores no se podría paliar con un uso de energía 100 % renovable sin traspasar los límites biofísicos del planeta.

A la luz de los datos, las organizaciones firmantes de la moratoria enfatizan que, con el argumento de reducir la brecha digital, se aumentaría una brecha social en detrimento de extender otras tecnologías biocompatibles (igual o más rápidas y más seguras, como el cable de fibra óptica), y de otros modelos de consumo, educación y convivencia, como las basadas en redes comunitarias.

En cuanto al anteproyecto de Ley general de Telecomunicaciones, solicitan a los ayuntamientos que se posicionen en contra, ya que deja sin competencias en este ámbito a las administraciones autonómicas y locales. Tampoco evalúa sus impactos (en la salud pública, en sector energético, huella de carbono o impacto climático), no atiende al principio de transparencia, ni a los posibles conflictos de interés, e incumple los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental.

Julio Carmona, portavoz de Ecologistas en Acción en la Coordinadora, explica por qué se demanda a los ayuntamientos que impulsen un debate plural previo al despliegue del 5G: “Este debate está secuestrado y condicionado para acceder a los planes de estímulo europeos del plan Next Generation EU. Dichos fondos están comprometidos a un proceso acrítico de esta implantación tecnológica, auspiciada y maquillada por el Foro Económico Mundial como ‘inocua’, ‘verde’ e ‘inmaterial’, benefactora del planeta y de la humanidad”.

La Coordinadora se suma a las movilizaciones realizadas en todo el Estado para reclamar la participación social en la toma de decisiones sobre el reparto de los Fondos de Recuperación Económica Next Generation EU, que cuestionan que estos fondos vayan a parar a las mismas empresas y sectores industriales relacionados con la grave crisis climática y ecosocial que padecemos actualmente.

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