César Pérez Navarro •  Memoria Histórica • 24/02/2020

Arturo Peinado: «en los 70, les dijeron a nuestros padres y madres que era demasiado pronto para pedir cuentas al franquismo. Ahora los mismos nos dicen que es demasiado tarde»

Conversamos con Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Consideramos este un momento crucial en el debate sobre diversos aspectos de la Memoria Histórica, que debiera contribuir a llevar a buen puerto las reivindicaciones de víctimas del franquismo, de las asociaciones memorialistas y de la sociedad en general.

Arturo Peinado: «en los 70, les dijeron a nuestros padres y madres que era demasiado pronto para pedir cuentas al franquismo. Ahora los mismos nos dicen que es demasiado tarde»

– César Pérez: A muchos nos sorprende el revuelo que se ha levantado con la propuesta del nuevo Gobierno de coalición de sancionar la apología del franquismo en la reforma del código Penal que se prepara. Recordemos que la tipificación de la exaltación de la dictadura era una promesa que figuraba en el programa electoral de Pedro Sánchez. El Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha recordado que «en los países en lo que hubo fenómenos parecidos al que supuso el régimen del general Franco está incluido el delito de apología del fascismo en el régimen penal […] y de una manera muy singular en Alemania, donde no se ha visto resentida en absoluto la libertad de expresión». Pérez-Royo argumenta que tal delito «debe tipificarse con mucha precisión”. Sin embargo, estos días se escuchan críticas a la medida desde la izquierda. Antonio Maestre apuntó que es “un error histórico de cálculo que incide en lo simbólico perdiendo de vista lo estructural”, pero también aprecia argumentos flojos como “considerar la defensa del genocidio franquista como una opinión más. Porque no todas las opiniones son respetables, como recoge nuestra Constitución”.

La crítica más destacada señala que en España no existen procesos judiciales ni de condena sobre el franquismo ni sobre cualquiera de sus responsables como consecuencia de la Ley de Amnistía, que ha archivado todas y cada una de las denuncias presentadas por asociaciones memorialistas como el Foro por la Memoria. Por tanto, siguen vigentes las sentencias franquistas y los tribunales sumarísimos de la dictadura. Considera que estas reparaciones deber ser anteriores al castigo de la apología del franquismo… Por otro lado, dice que aún no se ha “acuñado” en este país una “verdad histórica y no se ha construido una identidad colectiva”.

¿Considera que estos argumentos cuentan con suficiente peso para frenar el castigo de la exaltación del franquismo en el código penal? ¿Cree que, pasados 45 años desde la muerte de Franco aún “no es el momento” para esta reforma?

-Arturo Peinado: Valoramos en principio positivamente el anuncio de modificación del Código Penal para que se tipifique como delito la apología del franquismo. El problema está en que el franquismo nunca ha sido ilegalizado; no hay una ruptura entre la legalidad franquista y la democrática. El número 1 de nuestro actual BOE se publicó en Burgos en octubre del 36. Ciertamente habrá que especificar cómo se va poder a juzgar a alguien por defender un régimen que legalmente no ha cometido ningún delito, y por crímenes que nunca han podido ser juzgados, pero eso no implica que se tenga que dejar de hacer.

Cuando hablamos de impunidad no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; o a que la familia Franco y tantas otras puedan seguir disfrutando aún del producto del expolio y de la corrupción. Es también impunidad que representantes políticos como Ortega Smith o Rafael Hernando, y publicistas de los mitos franquistas, digan y escriban barbaridades sin consecuencias penales ni políticas. Falsificar la historia, mentir y calumniar sale gratis en España cuando se ataca a los defensores de la 2ª República, a los luchadores antifranquistas, o a las víctimas de la dictadura. Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué lo hacen? Y la respuesta es simple: porque pueden.

En cuanto a si es el momento o no de cambiar en ese sentido el Código Penal, en los 70 les dijeron a nuestros padres y madres que era demasiado pronto para pedir cuentas al franquismo. Ahora los mismos nos dicen que es demasiado tarde. Era mentira entonces y es mentira ahora.

-C.P.: ¿Podría indicarnos algunas pinceladas desde el Foro por la Memoria sobre qué podría castigarse en concreto en el código penal como exaltación de franquismo?

-A.P.: Debemos dotarnos de una legislación que defienda a las víctimas, y a los defensores de la República y luchadores antifranquistas, de la falsificación de la historia, y de amenazas, insultos y menosprecios. Y que las políticas de Verdad, Justicia y Reparación dirigidas a las víctimas del franquismo y a los verdaderos responsables de la llegada de la democracia, sean incuestionables, y obligación y patrimonio de la sociedad y de las instituciones. Ni más ni menos que lo que sucede en países democráticos de nuestro entorno que derrotaron al nazismo y a los fascismos en 1945.

Aquellos que desde posiciones progresistas critican estos cambios suponemos que exigirán inmediatamente que la apología del terrorismo y el menosprecio a sus víctimas dejen de ser delito, y que defienden los homenajes a etarras excarcelados como ejercicio de la libertad de expresión. A no ser que consideren que las víctimas del franquismo son de inferior categoría a otras, y no son dignas de los derechos que les reconocen los organismos internacionales de derechos humanos.

-C.P.: Está pasando desapercibido el hecho de que -además del delito en países como Italia o Alemania- el enaltecimiento del Franquismo ya se sanciona en España. La Ley de Memoria Histórica de Extremadura aprobada en 2018 establece que la Junta de Extremadura “tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen y de la represión de la Dictadura”, lo cual, no se diferencia de otras leyes de memoria, la estatal de 2007, u otras a escala regional. Pero añade como “infracción leve” sancionada con entre 200 y 2.000 euros, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria democrática; “incumplir la prohibición de exhibir públicamente escudos, insignias, placas y otros objetos o elementos, conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento del franquismo, emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la Dictadura franquista, cualquier tipo de conducta que suponga el enaltecimiento del franquismo cuando no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio, la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo y promover distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”. Además, la ley de memoria extremeña también contempla que “en caso de reincidencia, las infracciones leves pasan a ser graves”, sancionadas con multas de 2.001 a 10.000 euros.

¿Qué le parece esta ley?

-A.P.:  Precisamente hace un año explicamos nuestra valoración de la ley de memoria extremeña en unas Jornadas en Herrera del Duque. Supone un importante avance en varios aspectos, no sólo en el que indicas, como el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, que va mucho más lejos que la Ley de Memoria estatal; La inclusión de temáticas en los planes de educación sobre la recuperación de la memoria democrática y la promoción de los Derechos Humanos y la Paz; Resulta muy avanzado en el reconocimiento y reparación a los trabajadores forzados, incluyendo la señalización de las obras como lugares de memoria, y promoviendo actuaciones para hacer copartícipes a las instituciones y empresas, que obtuvieron beneficio de ello; Y el compromiso de solicitar al Estado español que declare nulas todas las acciones legales de carácter represivo de la dictadura…

Pero la proliferación de legislación autonómica que se viene produciendo desde 2011 puede resultar contraproducente, ya que genera discriminación entre las víctimas: dependiendo de la comunidad autónoma de dónde procedan, unas víctimas y sus familias tienen muchos derechos, otras pocos y el resto, ninguno. Además, las comunidades autónomas no tienen competencias para legislar en materia de Justicia, particularmente sobre la exhumación de fosas comunes del franquismo. La competencia para la exhumación e identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes corresponde en exclusiva a la administración de Justicia, aunque las administraciones autonómicas puedan participar en la localización y protección de las fosas comunes del franquismo.

En cuanto a la pervivencia de callejero o simbología franquista, el problema está en que no se elaboró un reglamento de la Ley de Memoria del 2007: no hay tipología precisa sobre qué hay que retirar, ni plazos para la retirada, ni un régimen sancionador para las instituciones que incumpliesen la Ley. Lo que se ha quitado y cambiado ha dependido de los titulares de cada institución, a partir de su signo político y de su voluntad de hacerlo o no.

Gran concentración en el Ayuntamiento de Madrid exigiendo la reposición del Memorial del cementerio del Este el pasado 1 de febrero.

-C.P.: ¿Es factible la derogación o la nulidad de la Ley de Amnistía en nuestro país? ¿Cree que tal medida podría implementarse en la presenta legislatura? Mucho se está diciendo y escribiendo sobre el torturador “Billy el Niño”, pero el hecho es que sus graves crímenes seguirían impunes si no se acaba con la Ley de Amnistía. La tortura es considerada un crimen de lesa humanidad que nunca prescribe…

-A.P.: Nosotros/as nunca hemos defendido su derogación, y mucho menos parcial. Exigimos una declaración de nulidad integral de la Ley de Amnistía por el Parlamento, por dos motivos: Primero: Derogar significa que la ley deja de tener validez desde el momento de la derogación, y nosotros pretendemos revisar autos y sentencias en los que se ha aplicado, desde 1977 hasta el día de hoy. Y segundo: aparte de amnistiar a los criminales franquistas, la ley del 77 amnistía hechos tales como el ejercicio de las libertades de prensa, de reunión, de expresión, de huelga, de asociación… por los antifranquistas. Son derechos fundamentales reconocidos por las constituciones de 1931 y 1978. Si la democracia acepta que son “delitos” amnistiables, está sumiendo la legalidad del franquismo, y por eso defendemos que se anule íntegramente.

La tortura es un crimen imprescriptible, pero los gobiernos de Felipe González, Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez se han opuesto a ratificar la «Convención de la ONU de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad». La impunidad del franquismo no es cuestión de un gobierno o de otro, es política de Estado desde los pactos más o menos explícitos de la Transición.

No creemos que el actual Gobierno vaya a cuestionar el modelo español de impunidad, uno de cuyos pilares es la Ley de Amnistía. Al menos eso es lo que se percibe de la Proposición de Ley presentada por el PSOE el 24 de Enero, que aunque supone avance sustanciales con respecto a lo existente, aún queda lejos de hacer efectivos el derecho de las víctimas del franquismo a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Esperamos que en la fase de tramitación, los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez consigan modificaciones de calado, porque 13 años después de la fracasada Ley de Memoria no nos conformaremos con cambios cosméticos. Lo advertía hace unos días Joan Tardà en un artículo titulado “Ningún engaño más a las víctimas del franquismo”.

-C.P.: ¿Exige la Federación de Foros por la Memoria la anulación de las sentencias franquistas por parte de los tribunales sumarísimos de la dictadura?

-A.P.: Siempre lo hemos exigido, incluso lo defendimos en cierta soledad cuando en 2007 no se recogió en la Ley de Memoria Histórica. Todas las sentencias franquistas, que a día de hoy siguen siendo legales y firmes, deben anularse, pero también los consejos de guerra y los tribunales represivos deben ser declarados ilegales.

-C.P.: Los pasados 20 y 21 de febrero tuvieron lugar unas jornadas abiertas sobre acceso a los archivos en la Función Pública en las cuales la Federación de Foros por la Memoria estuvo presente. El Gobierno plantea la apertura de los archivos secretos de la Guerra Civil y de la Transición como uno de los primeros pasos en materia de Memoria Histórica para esta legislatura ¿En qué punto se encuentra esta cuestión en el momento actual y cuáles son vuestras reivindicaciones al respecto?

-A.P.: Deberíamos plantearnos que, hasta ahora, las políticas y la legislación sobre archivos en España no han estado orientadas al libre acceso por parte de la ciudadanía, sino que responden, en buena parte, a políticas públicas activas de olvido dirigidas a apuntalar la impunidad del franquismo.

Valoramos que los archivos juegan una función central en la promoción y realización del Derecho a la Verdad y del deber de recordar de la sociedad. El Estado tiene que garantizar el derecho de libre acceso y establecer por ley la obligación de colaboración de los responsables de los archivos con la Justicia, con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Las medidas anunciadas, en principio parece que van por el buen camino, porque necesitamos una legislación de archivos que revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, para que prevalezca siempre el Derecho a la Verdad. Además, los archivos deben contar con los recursos adecuados para su correcta gestión, y los archiveros necesitan respaldo legal y un marco jurídico claro, para ejercer su profesión con seguridad jurídica, libertad, transparencia e independencia.

Arturo Peinado, en las jornadas sobre acceso a los archivos en la Función Pública: «El sistema de archivos no es disfuncional, al contrario, ha funcionado como se había previsto para permitir la impunidad».

-C.P.: ¿Qué le ha parecido el largo proceso de exhumación de los restos del dictador? El Gobierno ha anunciado que una nueva norma sacará a los monjes benedictinos que desde 1957 regentan el Valle de los Caídos. Parece otra medida de escasa trascendencia respecto a lo que pudiera hacerse allá ¿Qué proponen para el Valle de Cuelgamuros?

-A.P.: Fue una noticia largamente esperada, recibida con alegría por el movimiento social por la recuperación de la memoria y de víctimas del franquismo, y por buena parte de la sociedad española. La exhumación de los restos mortales del dictador ha sido un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de sus víctimas.

Ciertamente la exhumación ha tenido aspectos discutibles, porque el acto fue convertido en un producto televisivo obsceno, con imágenes de exaltación explícita del franquismo. Creemos que debería haberse llevado a cabo de manera expeditiva, privada y discreta.

La salida de Franco de Cuelgamuros ha supuesto sólo un paso (importante) en la lucha contra las pervivencias del franquismo en nuestra sociedad, y contra la impunidad de sus crímenes. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros que pase por su desacralización; la entrega a sus familias de los restos secuestrados de los republicanos; por el desmantelamiento de simbología fascista y nacional-católica; y finalmente, por una resignificación integral del Valle, en línea con otros lugares de memoria destinados a servir de recuerdo y homenaje a las víctimas de las agresiones a los derechos humanos, tales como la ESMA de Buenos Aires, o el Memorial de Auschwitz.

Asimismo el papel de la comunidad de benedictinos, durante este año y medio, demuestra la necesidad modificar urgentemente el estatus legal del Valle. Algo similar puede decirse sobre la pervivencia de la Fundación que lleva el nombre del dictador, algo inconcebible en los países democráticos de nuestro entorno. Y por último, la actuación provocadora de los Franco y de sus abogados ha tenido la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político que conserva la familia el dictador. Después de 44 años, es indispensable llevar adelante la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de los «Franco S.A.», como ha sido norma habitual en todos los países que han pasado de una dictadura a una democracia.

-C.P.: La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha anunciado recientemente la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 con el objetivo de “seguir abriendo fosas”, como si -hasta la fecha- ese trabajo lo hubiese desempeñado directamente el Estado. No se han dado muchos más detalles, pero es bien conocido que la exhumación de fosas junto a todo el trabajo que ello conlleva se ha canalizado a través de organizaciones como la Federación de Foros por la Memoria. ¿Cómo debería afrontarse la recuperación de las fosas en el contexto de verdad, justicia y reparación y de acuerdo con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos?

-A.P.: La Federación Estatal de Foros por la Memoria realizó una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades autónomas, entre 2003 y 2012, llevadas a cabo por profesionales de diversas disciplinas como trabajo militante no remunerado. En cada una de ellas presentamos denuncia ante el juzgado natural, e invariablemente, la respuesta que recibimos fue el archivo de las denuncias sin abrir una investigación incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que cuando aparecen restos humanos ningún juez se persona ni abre un procedimiento (algo que sólo pasa cuando se trata de víctimas del franquismo).

El Estado optó por intentar reconducir todo el problema de las exhumaciones a la vía administrativa, mediante la Ley de Memoria de 2007. El texto niega explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas y de sus familias, y además privatiza y externaliza la gestión de las exhumaciones, subvencionando a familias, asociaciones y profesionales. Posteriormente, la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que absolvió al exjuez Garzón, con el consiguiente rechazo de los juzgados implicados a hacerse cargo de las exhumaciones, dejó meridianamente claro que la vía de la Justicia quedaba cerrada para las víctimas del franquismo.

Se pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, circunscribiendo la exhumación y posterior reinhumación a actos privados formalmente humanitarios.

Como Federación venimos demandando a los poderes judiciales y al Estado que asuman sus obligaciones, y elaboren un plan de exhumaciones para llevar a cabo todas las que sean técnicamente viables. Pero siempre a cargo de un juzgado o fiscalía especializada, dentro de un procedimiento por el tipo penal de crímenes contra la humanidad, ya que una fosa común es, en primer lugar, el conjunto de pruebas de un crimen imprescriptible.

La Proposición de Ley presentada por el PSOE el pasado Enero, si bien supone un avance en el tema de las fosas del franquismo porque establece la responsabilidad de la Administración General del Estado en las exhumaciones y el desarrollo de planes cuatrienales para la exhumación de fosas, sin embargo persevera en la línea de financiar exhumaciones no judicializadas.

Según lo que vamos conociendo, parece que en el Proyecto de Presupuestos generales del Estado para 2021 se va a dedicar para memoria más dinero que en todos los presupuestos de Rodríguez Zapatero, y la partida sustancial se va a destinar mayoritariamente a la exhumación de fosas comunes. Pero al ser exhumaciones extrajuidiciales, ni se cuestiona la impunidad de los crímenes ni se garantiza el acceso de las familias y de la sociedad española a la Justicia.