Silencio mediático en torno a un delito ecológico

El periodico “diagonal· recoge una información publicada por el británico “The Guardian” el pasado 22 de septiembre; en la misma se desvela que los grandes laboratorios “agroquímicos Syngenta y Bayer han descubierto en sus propios test que sus pesticidas causan daños severos a las abejas, según documentos no publicados y obtenidos por el grupo ecologista Greenpeace, a través de la ley Freedom of Information Act (FOIA) estadounidense.

Estas empresas han llevado a cabo las pruebas en productos que utilizan los controvertidos plaguicidas conocidos como neonicotinoides, o neonics, que durante se relacionan con el rápido declive de las abejas. Los neonics son los pesticidas más utilizados en el mundo.

Según sus propios estudios, el tiamethoxam, de Syngenta, y la clotianidina, de Bayer, causan daños severos en altos niveles de uso, aunque el efecto es menor cuando se usa en menos de 50 partes por billón (ppb) y 40ppb respectivamente, tal como informa The Guardian. el pasado 22 de septiembre.

Sin embargo, tal como señala Greenpeace, la investigación «asume una definición muy limitada del daño a la salud de las abejas y hace caso omiso de las abejas salvajes, lo que evidencia que son más propensas a ser perjudicadas por los neonicotinoides.»

Eso significa que los resultados pueden «subestimar sustancialmente» el impacto de los neonics, apunta Greenpeace.

Aún así, los estudios son clave, no sólo por la certificación del riesgo para las abejas, que ayudan a polinizar tres cuartas partes de la oferta mundial de alimentos, sino también porque ponen de manifiesto la indiferencia de la industria agroquímica ante los temas medioambientales y de seguridad alimentaria, según afirman los expertos.”

Sorprende que una información de tamaña trascendencia haya sido ignorada por la totalidad de los grandes medios españoles y de muchos de los europeos.

Esta noticia casi ha coincido con el anuncio de que la Corte Penal Internacional (CPI) ampliará el espectro de los delitos que son de su competencia. A partir de ahora, el CPI también será competente en casos de acaparamiento de tierras o de explotación ilegal de recursos por parte de empresas privadas y gobiernos.

«El impacto de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otras cosas, el aumento de la vulnerabilidad de las víctimas, el terror causado en consecuencia, o el daño social, económico o medioambiental causado a las comunidades afectadas», argumentado la CPI en su comunicado. 

Además, advierte de que «prestará especial consideración a la persecución de los crímenes comprometidos a través del Estatuto de Roma o que tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de las tierras».