Ecologistas en Acción ante el rechazo del decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico

Ecologistas en Acción clarifica su valoración sobre el RDL7/2025, conocido como “decreto antiapagones”, ante las informaciones y declaraciones políticas de la última semana sobre la opinión de los colectivos ecologistas. La norma contenía, de un lado, recomendaciones para evitar en lo máximo posible futuros posibles apagones, y de otro, propuestas exigidas históricamente por los grupos ecologistas y la ciudadanía para la transición energética. Por último, hay un tercer grupo de medidas que, desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, agilizan o facilitan excesivamente la tramitación de la repotenciación de proyectos renovables y de almacenamiento, lo que puede suponer una merma de las garantías ambientales y de participación popular.

La figura del real decreto ley ha impedido a Ecologistas en Acción y al resto de la sociedad civil participar en el mismo. Para la organización ecologista la lucha frente a la emergencia climática debería estar alejada de movimientos partidistas y responder al bien común. La organización pasa a hacer una análisis de cara a una legislación que regule estos aspectos con la urgencia necesaria.

En este sentido, Ecologistas en Acción considera que los siguientes aspectos del RDL son positivos:

• Ampliación del radio en el que las instalaciones de autoconsumo pueden compartir electricidad de dos a cinco kilómetros, y la creación de la figura del gestor de autoconsumo para facilitar la participación ciudadana en estos proyectos.

• Impulso a la aerotermia, la geotermia y la bombas de calor, gracias a las desgravaciones fiscales similares a otras formas de energía renovable.

• Gestión de la demanda, que permite modular el consumo en función de la disponibilidad de energía y evitar así la puesta en marcha de centrales gasistas.

• Almacenamiento y flexibilidad: la organización valora favorablemente la clarificación normativa y el fomento del almacenamiento energético.

Marina Gros, coordinadora del Área de Energía de la organización, lamenta que “la caída de estas medidas repercutirá en un coste económico para la ciudadanía, que seguirá dependiendo de fuentes fósiles para regular el sistema eléctrico, más caras, volátiles y dependientes de las tensiones geopolíticas”. 

En este sentido, Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, considera que “la urgencia de actualizar nuestro sistema eléctrico mediante nuevas medidas de gestión, la actualización de instalaciones obsoletas y el necesario impulso del almacenamiento, puede y debe combinarse con mayores, no menores, garantías ambientales y de participación popular”. 

Sin embargo, el RDL contiene medidas controvertidas, como la simplificación de trámites ambientales, el apoyo a industrias electrointensivas con subvenciones (250 millones de euros) que no exigen eficiencia energética o uso de renovables.

Por otro lado, Carlos Moreno, activista de Ecologistas en Acción, echa de menos “que el RDL incluyera una clara estrategia para la transición energética y la descarbonización, como medidas que garanticen la salida del gas y la energía nuclear del sistema eléctrico, la posibilidad de que la fotovoltaica apoye en la formación de red, y un enfoque más claro por los modelos de distribución y soberanía energética”. 

Por su parte, Sara López, responsable de la campaña ‘Industria, la justa’ de la organización ecologista, resume que el rechazo del RDL “supone un retroceso en la descarbonización y un mayor coste para la ciudadanía, pero también abre la oportunidad para un nuevo decreto más integral”. En conclusión, Ecologistas en Acción reclama una planificación pública robusta, mayor participación ciudadana y un abandono definitivo de los combustibles fósiles para alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2030. 

Análisis de Ecologistas en Acción del RDL 7/2025 de aprobación de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico

Ante el cero de tensión en el sistema eléctrico sucedido el pasado 28 de abril, un evento histórico que dejó a gran parte de la península ibérica (España y Portugal) sin electricidad durante varias horas, el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros el 24 de junio el Real Decreto Ley 7/2025 de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico (RDL 7/2025), conocido como RDL “antiapagones”.

Este RDL trata de hacer más resiliente el sistema para que la probabilidad de que se produzca el cero de tensión sea minimizada, y que, en el improbable caso de que ocurriese, el sistema pudiera responder más rápido y mejor. Sin embargo, este fue rechazado en la Cámara Baja el 22 de julio, tumbando así este conjunto de propuestas en un procedimiento, el de tramitación a través de real decreto ley, que no fomenta la participación social, ni el debate parlamentario estructurado, ni un análisis crítico que permita rechazar las medidas más controvertidas sin comprometer la integridad del texto y el avance de las medidas que sí que son necesarias.

El RDL contenía un conjunto de propuestas con claras diferencias en su utilidad y valoración. Una primera parte del contenido del mismo recoge las recomendaciones urgentes del comité de análisis de la crisis eléctrica del 28 de abril, otras son propuestas exigidas históricamente por los grupos ecologistas y la ciudadanía que podrían haberse aprobado antes. Mientras que otras medidas agilizan o facilitan excesivamente la tramitación de proyectos pudiendo reducir importantes salvaguardas sociales y ambientales.

En el debate que vimos en el parlamento ha habido muchas referencias a las posibles opiniones de los colectivos ecologistas. Ecologistas en Acción señala que los tiempos y el proceso han impedido que la organización pudiera hacer aportaciones. Por ello, y para clarificar nuestra postura, hemos realizado un análisis sosegado del mismo, que pretende arrojar un poco de luz sobre el conjunto de medidas propuestas por el gobierno, y destacar específicamente aquellas medidas esenciales que reclamamos desde hace años y que, lamentablemente, siguen ausentes en la propuesta normativa.

En un contexto de falta de ambición climática, este real decreto ley incorpora medidas necesarias que avanzan en la descarbonización, en mejorar la robustez del sistema eléctrico y en disminuir los precios para la ciudadanía, pero aún así es claramente insuficiente para enfrentar los retos de una transición energética justa. Además, este RDL tiene importantes aspectos técnicos de difícil valoración, ya que algunas de las medidas tienen sentido en la situación del sistema eléctrico actual, sin embargo, son meros parches que podrán, en unos años, generar problemas adicionales. Por lo que es necesario crear una norma más estable, adaptada a la situación de un horizonte renovable. La norma actual responde claramente a un contexto fósil y no puede responder a los retos presentes y futuros que hay que abordar en el sistema eléctrico.

Lo bueno, lo malo y… lo ausente

Ecologistas en Acción valoramos positivamente algunas de las medidas presentes en el real decreto ley que, si bien son insuficientes, resultan imprescindibles para avanzar en estos momentos en una transición energética rápida y justa. En ese sentido, la ampliación del autoconsumo de dos a cinco kilómetros y la creación de la figura del gestor de autoconsumo son reclamaciones históricas de los movimientos sociales para el fomento y desarrollo de las comunidades energéticas y los autoconsumos colectivos. Sin embargo, esta medida parece más enfocada a la fotovoltaica, por lo que sería necesario reforzar el texto para incluir una visión más distribuida y sostenible de otras tecnologías. También consideramos positivo el impulso a la aerotermia, la geotermia y las bombas de calor, que mejoran el confort térmico de los hogares y reducen las emisiones de forma socialmente justa, incluyendo bonificaciones fiscales y una mayoría más accesible en comunidades vecinales.

Cabe destacar el papel fundamental que se le da a la gestión de la demanda como una de las soluciones principales para obtener flexibilidad en el sistema eléctrico. Desde la perspectiva de Ecologistas en Acción, esta es una propuesta muy positiva, pues permite modular el consumo en función de la disponibilidad de energía, ya mayoritariamente renovable e intermitente, y avanzar así en el proceso de descarbonización del sistema eléctrico.

Otras medidas, de carácter más técnico, abren el camino a la participación de las energías renovables en la gestión de la tensión de la red y que puedan actuar como formadoras de red (grid forming) para dar estabilidad. Estas medidas son esenciales para eliminar los combustibles fósiles y alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2030, y requerirán un mayor desarrollo normativo y más medidas de gestión que las previstas en el RDL. Al mismo tiempo, el impulso al almacenamiento y la clarificación normativa en ese aspecto es también una aportación positiva del decreto, dadas las deficiencias claras de nuestro sistema eléctrico en este ámbito, ya que es necesario para aportar estabilidad a la red y permitir la integración de energía renovable no gestionable.

Por desgracia, la caída de estas medidas repercutirá en un coste económico para la ciudadanía, que seguirá dependiendo de fuentes fósiles para regular el sistema eléctrico, más caras, volátiles y dependientes de las tensiones geopolíticas. Por tanto, hoy contamos con un sistema eléctrico más dependiente de los combustibles fósiles, menos seguro, menos resiliente y menos justo.

La reforma, además, incluye muchas medidas de carácter de ordenación normativa, clarificación de responsabilidades, así como para la recopilación y transparencia de los datos del sector eléctrico. Específicamente se plantean dos mandatos, dirigidos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para elaborar informes, planes de inspección periódicos y propuestas de mejoras de regulación en cuanto al control del sistema de reposición y de tensión. Al operador del sistema, es decir, Red Eléctrica Española (REE), se le mandata el análisis y revisión de la regulación actual y proponer las modificaciones normativas que considere adecuadas para los sistemas de estabilización, velocidad de variación de la tensión, estabilidad en la inyección de potencia activa, regulación de los servicios de ajuste y programación de las restricciones técnicas, coordinación entre los planes de desarrollo de la red de transporte y la red de distribución, requisitos mínimos de monitorización para el análisis de incidentes y la definición de un procedimiento para remitir la información que permita al operador del sistema (OS) realizar el análisis de incidentes. Todo ello previa consulta pública con todos los actores implicados.

Por un lado, la inversión en redes de transporte y distribución es positiva, en cuanto a que se necesitan actualizaciones para dar una mayor robustez a la misma y también para abordar la problemática existente con las peticiones de acceso a la red de las nuevas instalaciones de renovables, que aumentarán con el almacenamiento previsible a corto plazo. Ecologistas en Acción señala que, a estas alturas, habría que tener claro ya un diseño de red final que alcance en 2030 la descarbonización del sistema eléctrico, correctamente dimensionado y viable a largo plazo. Una planificación que debería acercar la producción a la demanda mediante una adecuada distribución del acceso a los puntos de conexión, rechazando ampliar la capacidad de conexión solo porque exista una mayor demanda de puntos de acceso por parte de productores. Además, debería exigirse a los grandes consumidores eléctricos que pongan en marcha proyectos de generación de autoconsumo para abastecerse, total o parcialmente, de la energía necesaria.

Sin embargo, el decreto abusa en la simplificación de los trámites medioambientales: declara de utilidad pública los almacenamientos y sus infraestructuras de evacuación, tal y como ocurre con las instalaciones de generación; en la hibridación de parques renovables con baterías se reduce el trámite a la mitad y, en algunos casos, se permite la exención de Evaluación de Impacto Ambiental. La declaración de utilidad pública permite la expropiación, una herramienta que en opinión de la organización debería ser utilizada exclusivamente cuando no exista una mejor opción posible, social y ambientalmente. Tras un análisis exhaustivo de las alternativas individuales, pero dentro de un marco global que las dote de sentido técnico, para que se conviertan en herramientas que hagan realidad los planteamientos de la tan ansiada justicia ambiental y social.

Aunque la repotenciación y el almacenamiento sean fundamentales para nuestro sistema eléctrico, debemos combinar una aceleración de la transición energética con mayores, no menores, garantías ambientales y de participación popular. Exigimos, en ese sentido, una mejor planificación pública y una administración dotada de mayores recursos, en la que la defensa del medio ambiente prime sobre los intereses económicos, especialmente el de las empresas del oligopolio energético. Solo de ese modo, evitando que la ciudadanía se sienta abandonada a su suerte, puede conseguirse el respaldo social necesario para avanzar con firmeza en los cambios que se requieren. Para ello, se necesitan cambios normativos de mayor calado, como la modificación de las leyes del sector eléctrico que siguen respondiendo a un modelo eléctrico concentrado y fósil.

Al respecto del fomento de la electrificación en el sector industrial, necesario para alcanzar la descarbonización, cabe destacar que las industrias electrointensivas reciben un significativo apoyo fiscal sin que se les exija operar con electricidad de fuentes renovables ni mejorar su eficiencia energética. En ese sentido, el gobierno opta por un apoyo general a la electrificación de la industria, pero sin medidas que promuevan la reducción del consumo eléctrico, exijan condiciones ambientales o planteen la necesidad de una transformación más amplia de la industria. Sin embargo, sí que es positivo el fomento del autoconsumo industrial, también para no saturar al sistema, reduciendo la demanda de la misma, y ahorrando pérdidas derivadas del transporte.

Por otro lado, si bien es cierto que hay propuestas para incrementar la flexibilidad en el sistema eléctrico, mediante la respuesta de la demanda, el almacenamiento de energía y otras soluciones no fósiles de flexibilidad, no dice nada de la exclusión de la energía fósil de la misma. Es esencial que en la normativa que se vaya a desarrollar sobre el futuro Mercado de Capacidad, se excluyan de forma decidida las plantas de gas fósil. Algo esencial para dejar de subvencionar los combustibles fósiles y alcanzar un sistema 100% renovable en 2030. Cabe recordar que el gas no respondió adecuadamente para sostener la red y que, a día de hoy, se está quemando mucho más del necesario, por el miedo a otro apagón, por lo que es urgente la puesta en marcha de medidas que den señal para su abandono.

Otro de los aspectos negativos de este RDL es la apuesta por el incremento del consumo eléctrico. Consideramos que hay que electrificar muchos consumos, pero esto no significa necesariamente que la demanda deba incrementarse en exceso, ya que debería ser absorbida por grandes reducciones en los consumos actuales, tremendamente derrochadores.

Como elemento complementario, el RDL incorpora una disposición adicional por la que se concede a la Comunidad Autónoma de Cataluña una subvención de dos millones de euros con el objeto de minimizar el impacto ambiental de la gestión de purines de la cabaña de porcino, en actuaciones de gestión y de separación sólido-líquido que no prevean la utilización de combustibles fósiles.

Ecologistas en Acción nos oponemos a la existencia de macrogranjas que son el origen de este problema. Las actuaciones previstas para esta subvención no dejan de ser ayudas a esta actividad tan nociva, por lo que no deberían concederse. Sin embargo, estas actuaciones son mejores que la quema de gas fósil para el secado de los purines, que actualmente se realiza, y que en 2024 se ha apoyado (junto con el secado de lodos) con 371,5 millones de euros a través de la retribución específica.

El Estado español debe impulsar la electrificación de su economía, las energías renovables y el almacenamiento, pero debe hacerlo desde una adecuada planificación que ponga fechas al abandono de los combustibles fósiles y fomente los modelos distribuidos frente a los actuales oligopolios energéticos, así como establecer un debate democrático respecto a cuánta energía necesitamos, para qué y cómo producirla de forma justa y responsable con los ecosistemas y los territorios.

Los combustibles fósiles deben ser eliminados de nuestro sistema energético para alcanzar la neutralidad climática en 2040, y esta debe ser una prioridad absoluta para todos los partidos e instituciones. Al mismo tiempo, esto requiere una combinación de sustitución energética por renovables, con una profunda apuesta por el decrecimiento, la eficiencia energética y la eliminación de usos innecesarios de la energía.