La Inspección de Trabajo sanciona a la APAE y a su contrata por precarizar al personal técnico de integración social en Málaga

El sindicato CGT Andalucía denuncia incumplimientos graves en materia laboral y de prevención de riesgos que afectan a las trabajadoras PTIS en centros educativos andaluces.

La Inspección de Trabajo de Málaga ha emitido varias resoluciones sancionadoras contra la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y su contrata Externa Servicios Generales de Empresa S.L., tras las denuncias presentadas por la CGT Andalucía a través de su sección sindical de PTIS (Personal Técnico de Integración Social). Estas profesionales, dedicadas a la atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en colegios e institutos, llevan años denunciando condiciones laborales precarias, abusos y la falta de protección frente a los riesgos de su trabajo.

Según las resoluciones, la APAE y su contrata han incurrido en incumplimientos graves en materia de Prevención de Riesgos Laborales, lo que afecta directamente a la seguridad y salud de las trabajadoras. En concreto, la Inspección constata la falta de coordinación de actividades preventivas entre la APAE y la empresa concesionaria, vulnerando el artículo 24 de la Ley 31/1995, hecho calificado como infracción grave por la normativa vigente.

Además, se han detectado múltiples irregularidades:

• Ausencia de formación preventiva adecuada para las PTIS, contraviniendo el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Falta de vigilancia de la salud de las trabajadoras, incumpliendo el artículo 22 de la misma ley.
• Irregularidades en jornada y vacaciones, con actas de infracción levantadas por la Inspección.
• Ausencia de calendario laboral anual en los centros educativos, incumpliendo el convenio colectivo.
• Mala gestión de las vacaciones, al imponer sistemas rotativos plurianuales no ajustados a la legalidad.

Para la CGT Andalucía, estos hechos evidencian el maltrato sistemático hacia un colectivo esencial para la inclusión educativa. El sindicato denuncia que la APAE fue informada previamente de los incumplimientos de su contrata y, pese a ello, no actuó ni sancionó a la empresa, lo que califican de prevaricación administrativa.

Desde CGT se subraya que la situación de las PTIS refleja la política de privatización y precarización impulsada por la Junta de Andalucía, que delega en empresas privadas un servicio esencial que debería prestarse íntegramente desde lo público. “El cuidado y la integración del alumnado con necesidades educativas especiales no puede convertirse en un negocio privado sin escrúpulos”, advierte la organización sindical.

Finalmente, CGT hace un llamamiento a la comunidad educativa –profesorado, familias, asociaciones y direcciones de centros– para exigir la dignificación de la profesión y el respeto de los derechos laborales básicos de las PTIS. El sindicato anuncia que continuará denunciando estas prácticas y vigilando el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras.