Conferencia de Santa Marta: Más de 340 organizaciones alertan de que los tribunales de arbitraje internacionales amenazan la transición ecológica y la democracia
- En el marco de la cita de Santa Marta (Colombia), una amplia coalición internacional llama a los gobiernos a abandonar el sistema de arbitraje inversor-Estado (ISDS) y construir una alianza global para superarlo.
- Trabajar por un futuro libre de combustibles fósiles es incompatible con la existencia de este mecanismo que limita la acción climática y las políticas ambientales de los Estados.
Hoy comienza la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar hasta el 29 de abril en Santa Marta (Colombia), con el objetivo de construir impulso político y apoyo para crear e implementar vías concretas hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a escala global. En este marco, más de 340 organizaciones advierten de que este futuro libre de combustibles fósiles es incompatible con la existencia de sistemas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).
Para ello, las organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han firmado una declaración conjunta en la que señalan que los ISDS, incluidos en cientos de tratados de comercio e inversión, representan una amenaza directa para una transición ecológica justa y para la soberanía democrática de los países.
Las organizaciones firmantes celebran que este riesgo haya sido incluido entre los temas centrales de la Conferencia de Santa Marta -una iniciativa impulsado por el Gobierno de Colombia y presidida también por Países Bajos- pero subrayan la urgencia de adoptar medidas concretas.
El sistema ISDS permite a empresas transnacionales demandar a los Estados en tribunales arbitrales privados cuando consideran que una política pública afecta a sus expectativas de beneficio. Este sistema otorga privilegios extraordinarios a grandes inversores, sin equivalentes para pequeñas empresas, ciudadanía o comunidades afectadas.
Un ejemplo reciente de este mecanismo es la resolución final, esta semana, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje internacional que ha resuelto en favor de Telefónica el procedimiento que enfrentaba al grupo de telecomunicaciones con el Estado de Colombia. A consecuencia de ello, el Gobierno de Colombia deberá pagar más de 500 millones a Telefónica por una disputa legal sobre las redes móviles desde 1994. Todo ello, en un momento en el que su presidente, Gustavo Petro, ha propuesto formalmente la salida de Colombia del Ciadi, calificando a estos tribunales como organismos que “lesionan la soberanía nacional”.
Freno a la acción climática
Según la declaración, los impactos del ISDS son amplios y profundos: desde la salud pública y los servicios esenciales hasta la regulación ambiental y la seguridad nacional. Las organizaciones denuncian que se trata de un mecanismo “profundamente antidemocrático” que socava derechos, soberanía y autodeterminación.
En el ámbito climático, las consecuencias son especialmente graves. Desde 1998, empresas de combustibles fósiles y del sector minero han obtenido más de 87.000 millones de dólares en compensaciones mediante este sistema. En los últimos años, además, han aumentado las demandas contra políticas específicas de transición energética, incluyendo medidas de descarbonización, restricciones a nuevas licencias de extracción, impuestos a beneficios extraordinarios o prohibiciones al fracking y la explotación offshore.
Las organizaciones alertan también del llamado “efecto de congelación regulatoria”: el temor a enfrentarse a demandas multimillonarias lleva a muchos gobiernos a retrasar o abandonar políticas climáticas necesarias. Este fenómeno, ya reconocido por diversos países, pone en riesgo la capacidad global para responder a la crisis climática. Las comunidades más afectadas por el cambio climático —y por proyectos extractivos— son, a su vez, las más perjudicadas por este sistema, que limita la capacidad de los Estados para proteger sus territorios y derechos frente a intereses corporativos.
La declaración recoge las crecientes preocupaciones expresadas por organismos internacionales. Informes recientes han señalado la incompatibilidad del ISDS con los compromisos climáticos y de derechos humanos, subrayando que los tratados de inversión deben interpretarse en coherencia con el derecho internacional ambiental y las obligaciones climáticas de los Estados.
Ante este escenario, las más de 340 organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los gobiernos para construir una coalición internacional comprometida con salir del ISDS.
Entre las medidas propuestas se incluyen:
— Cancelar o renegociar tratados de inversión para eliminar el ISDS, abordando las cláusulas de supervivencia.
— Coordinarse entre países para facilitar una salida colectiva del sistema.
— Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos que incluyan ISDS.
— Incorporar su eliminación en futuros marcos internacionales, como un Tratado sobre Combustibles Fósiles.
— Impulsar un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.
Las organizaciones concluyen que abandonar este sistema no es solo una cuestión técnica, sino una condición imprescindible para garantizar una transición energética justa, proteger el interés público y reforzar la democracia frente al poder corporativo.
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