Ecologistas denuncia que el Gobierno de Aragón promueve prohibiciones de paso en el medio natural al conjunto de la ciudadanía en favor de la caza

En la práctica el Gobierno de Aragón permite que particulares decidan, en base a sus intereses personales de ocio, los lugares por donde el resto del conjunto de la ciudadanía puede transitar en cada momento. Incluyendo caminos públicos y vías pecuarias por donde se ha estado transitando libremente durante siglos. Además de accesos a elementos de nuestro patrimonio cultural y histórico, por no hablar del natural, que desde las administraciones públicas lanzan campañas para su visita.

Aunque hay que seguir avanzando en materia de seguridad en la actividad cinegética no hay datos durante los últimos años que justifiquen una medida de tal calado que afecta y repercute en el conjunto de las personas no cazadoras. Si realmente existieran datos alarmantes, siguiendo la lógica de la medida propuesta, sería más normal prohibir las batidas de caza, pues la mayoría de accidentes por disparo se producen entre los propios cazadores.

Las nuevas medidas de seguridad que se quieran incorporar no debe ir encaminadas a recortar derechos ciudadanos. Por el contrario, como la propia Ley de Caza de Aragón establece, deben ir dirigidas al cumplimiento por los practicantes de la propia actividad cinegética y al control de ésta actividad. La ampliación de las zonas y distancia de seguridad, controles de alcoholemia y estupefacientes de manera periódica en los cotos de caza y exámenes psicotécnicos más exhaustivos a las personas portadoras de armas, pueden ser algunos ejemplos necesarios.

Para Ecologistas en Acción parece más un intento del Gobierno de Aragón de seguir contentando a los colectie de cazadores, que siendo menos del 3% de la población y disponiendo del 90% del territorio aragonés para realizar su actividad excluyente, siguen demandando más medidas en contra del resto de personas usuarias del medio natural.

Establecer esta prohibición excede de que lo es una orden del Consejero de Medio Ambiente y Turismo, cuyo simple objetivo es ordenar el aprovechamiento cinegético cada temporada. La prohibición no se sustenta en ninguna Ley sectorial o normativa de mayor rango, lo que a juicio de Ecologistas en Acción es una chapuza jurídica que deja a la interpretación en el momento de aspectos importantes de seguridad en la batida de caza y de defensa de los derechos de las personas no cazadoras.

Es tan ridícula la situación que el Gobierno de Aragón justifica esta prohibición en base al “Derecho a la vida y a la integridad física” recogido en la Constitución Española y “el derecho de todas las personas a vivir con dignidad y seguridad” recogido en el Estatuto de Autonomía de Aragón. En todo caso parecen olvidarse de otros derechos recogidos en estas normas como el de “disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” el de “la libre circulación por todo el territorio nacional” y el de “gozar de los recursos naturales en condiciones de igualdad”.