La nueva Ley de Pesca avanza en la gestión pesquera pero es injusta en el reparto

Las organizaciones ambientales ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Our Fish, SEO/BirdLife y WWF celebran la aprobación de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera tras casi una década desde la entrada en vigor de la actual legislación pesquera europea, la Política Pesquera Común.
La nueva ley incorpora mejoras considerables de carácter ambiental, social, de gobernanza e investigación respecto a la ley vigente hasta ahora, la Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Entre estas mejoras, cabe destacar la inclusión del enfoque ecosistémico o la mitigación y adaptación al cambio climático como principios generales. Además, se incluye la minimización de las capturas accidentales de especies protegidas y amenazadas, y se contemplan los planes de gestión como herramienta para reconocer las peculiaridades de las diferentes pesquerías bajo los mismos objetivos de gestión y conservación de la biodiversidad.

Las organizaciones ambientales también celebran la apuesta de la Ley por la participación a la hora de fortalecer la gobernanza pesquera. La nueva norma crea, por ejemplo, el Foro Asesor de Pesca a nivel nacional para discutir la política y la gestión pesquera entre todos los actores relevantes.

También se establecen los comités de gestión participativos a nivel local como mecanismos de participación en la gestión, aunque estos sean solo de carácter consultivo, para la creación y el seguimiento de los planes de gestión de las pesquerías o las Reservas Marinas de Interés Pesquero. España es uno de los países del mundo más avanzados en la cogestión pesquera o gestión participativa, pero hasta la fecha no existía un reconocimiento legal de este mecanismo a nivel estatal.

Otra incorporación importante en la Ley es la ciencia pesquera, con una visión sobre el ecosistema en su conjunto que aborda la crisis climática e incorpora el componente socioeconómico. Asimismo, se crea la Mesa de Ciencia Pesquera para garantizar la coordinación entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Esta debería aportar una base sólida de conocimiento para una transición ecológica justa de la pesca, facilitando el abordaje holístico de los problemas complejos que enfrenta el sector pesquero, sus comunidades y el ecosistema del que dependen.
Debilidades de la Ley

Si bien la Ley supone un paso decisivo hacia la transición ecológica de la pesca y un océano sano, las organizaciones ecologistas muestran su preocupación porque se queda coja en algunos aspectos importantes. La principal debilidad es no establecer un adecuado marco de reparto de los derechos de pesca que incentive las mejores prácticas socioambientales.

Además, no refleja adecuadamente los objetivos europeos de finalización de la sobrepesca o de mitigación de las capturas accidentales, aspectos que podrían ser cuestionados con razones más que suficientes por la propia Comisión Europea.
Próximos pasos

ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Our Fish, SEO/BirdLife y WWF hacen un llamamiento a las autoridades, al sector pesquero y demás actores involucrados para poner en marcha la Ley con decisión antes de la finalización de la legislatura, aprovechando desde el comienzo los mecanismos de participación, de forma transparente, informada e inclusiva. Las organizaciones proponen que se prioricen los siguientes pasos en la aplicación de la Ley:

— Constitución y puesta en marcha del Foro Asesor de Pesca, así como dinamización de la Mesa de la Ciencia Pesquera.

— Definición y puesta en marcha de los planes de gestión basados en el ecosistema más urgentes, como los planes de cerco para el Mediterráneo, Golfo de Cádiz y Atlántico Noroeste.

—  Avances firmes para la puesta en marcha del Plan Nacional para la Reducción de las Capturas Accidentales en la Actividad Pesquera, definiendo acciones concretas, con un enfoque participativo. Además, es necesario incorporar tiburones, rayas e invertebrados en el citado Plan al ser de los grupos de especies más vulnerables a la pesca accidental.

— Reparto de posibilidades de pesca: inicio del desarrollo normativo que indique de forma clara, transparente y cuantificable los criterios que se van a usar para el reparto de posibilidades de pesca, teniendo en cuenta que para cada pesquería deberían usarse simultáneamente criterios sociales, ambientales y económicos, tal y como establece el artículo 17 de la Política Pesquera Común. Dicho diseño debe contar con la contribución de expertos externos al MAPA y con la participación de todos los actores involucrados.

— Protección de los ecosistemas marinos. Debe comenzarse, en colaboración con el sector pesquero y expertos, la identificación y declaración de zonas potencialmente relevantes para su restauración ecológica desde un punto de vista pesquero (zonas de restauración de hábitats de interés para la pesca), áreas potenciales para el establecimiento de nuevas Reservas Marinas de Interés Pesquero o expansión de las existentes, incluidas las áreas de protección integral que deberán tener todas las reservas marinas.

— Desarrollo de una estrategia de adaptación al cambio climático y mitigación de las emisiones de CO2 de la flota pesquera española.