Correos internos de Ribera Salud reavivan el escándalo de la externalización sanitaria: material de un solo uso reutilizado hasta diez veces para reducir costes
- Un correo electrónico del pasado 6 de octubre evidencia que este material sanitario se esterilizaba en el hospital público que gestiona esta empresa en Elche, aunque está prohibido por el riesgo de infección.
- «Cada catéter se reutiliza normalmente 10 veces”, se ordenó a la jefa de Enfermería de Torrejón y a su director médico de entonces. Además, sobre las cuentas se dice: “Supervisión de Enfermería tiene un Excel con el control de usos para desecharlos una vez alcanzada esta cifra”. Y añade: “Obviamente, si antes se observa que el catéter no está en óptimas condiciones de uso, se desecha antes”.
- La Plataforma por la reversión del Vinalopó exige una auditoría a la conselleria de Sanitat, de la que el conseller afirma que no han detectado reutilización de catéteres, mientras que PSPV y Compromís llevarán el caso a Fiscalía.
La gestión privada de hospitales públicos vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la filtración de correos internos y grabaciones que apuntan a prácticas destinadas a reducir costes en centros gestionados por grandes grupos sanitarios.
La última polémica de Ribera Salud se centra en el Hospital del Vinalopó a colación de una información publicada por eldiario.es, sobre un correo interno indicando que se debían reutilizar catéteres de un solo uso evidencia el desastre de la privatización de la sanidad pública y un modelo fracasado que exige reversión.
El foco se sitúa esta vez en Ribera Salud, empresa concesionaria de varios hospitales públicos en la Comunidad Valenciana y Madrid. Un correo interno de la compañía, enviado por un cargo directivo del área de auditoría, revela que en al menos uno de los centros gestionados por el grupo se reutilizaron hasta diez veces catéteres de electrofisiología etiquetados por el fabricante como material de un solo uso.
Según el contenido del mensaje, los catéteres eran esterilizados tras cada intervención y se llevaba un control del número de usos antes de su retirada definitiva. El objetivo explícito era reducir el gasto en material sanitario. La instrucción, según las informaciones publicadas, no se habría limitado a un único hospital, sino que se planteó como una práctica extrapolable a otros centros del grupo.
La reutilización de este tipo de material está prohibida por la normativa sanitaria salvo que exista un proceso de reacondicionamiento autorizado, algo que, según los expertos consultados por los medios, no se corresponde con una simple esterilización interna. Ribera Salud ha negado que se haya reutilizado material de un solo uso y sostiene que las inspecciones sanitarias realizadas no han detectado irregularidades, aunque no ha cuestionado la autenticidad del correo filtrado.
El precedente de Torrejón y las grabaciones internas
El caso de los catéteres se suma a un escándalo previo que ya había puesto bajo sospecha el modelo de gestión privada en hospitales públicos. En diciembre salieron a la luz grabaciones de reuniones internas del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, también gestionado por Ribera Salud, en las que el entonces máximo responsable del centro instaba a su equipo directivo a priorizar el equilibrio económico.
En los audios, difundidos parcialmente por distintos medios, se hablaba de la necesidad de “corregir” la reducción de listas de espera y de centrar la actividad en procedimientos más rentables para mejorar los resultados financieros del hospital. En una de las grabaciones se mencionaba como objetivo alcanzar varios millones de euros de beneficio operativo.
La empresa y el directivo implicado han defendido que las grabaciones están sacadas de contexto y que no reflejan el contenido completo de las reuniones. Sin embargo, el impacto político y social fue inmediato. Partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid solicitaron la apertura de investigaciones y el PSOE anunció su intención de personarse en la causa judicial abierta para esclarecer los hechos.
Gestión privada negligente y criminal
Las filtraciones han reactivado el debate sobre el modelo de concesión administrativa en la sanidad pública, por el que empresas privadas gestionan hospitales financiados con fondos públicos. Plataformas en defensa de la sanidad pública han convocado concentraciones y reclaman la reversión de estos centros a gestión directa, al considerar que la lógica del beneficio es incompatible con la seguridad del paciente.
En la Comunidad Valenciana, varios grupos parlamentarios han anunciado que llevarán el caso de los catéteres a la Fiscalía para determinar si pudo existir un delito de negligencia o un riesgo para la salud pública. Las consejerías de Sanidad implicadas han asegurado que reforzarán las inspecciones y que actuarán “con contundencia” si se confirman las prácticas denunciadas.
Mientras tanto, los sindicatos médicos y de enfermería advierten de que la presión para abaratar costes no es un hecho aislado, sino un problema estructural en los modelos de gestión privatizada. “Cuando el margen económico se convierte en el principal indicador de éxito, la calidad asistencial pasa a un segundo plano”, señalan fuentes sindicales.
Aunque las empresas afectadas niegan irregularidades y subrayan que cumplen la legislación vigente, las revelaciones han vuelto a poner en cuestión la transparencia y los mecanismos de control en los hospitales públicos gestionados por operadores privados. Se evidencia como la externalización de la sanidad pública está deteriorando el servicio e incluso poniendo en riesgo la salud y atención a los pacientes.
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