El CEO de la empresa gestora del hospital público de Torrejón; «En el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino»
- El País publicó ayer que la empresa gestora del hospital público de Torrejón ordenó rechazar pacientes para ganar más: «Hacemos una actividad que nos perjudica». Se filtra un audio de la reunión que tuvo lugar el 25 de septiembre, del CEO –Pablo Gallart- ante una veintena de mandos del grupo y del hospital.
- El grupo Ribera Salud ha despedido al menos a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético interno las instrucciones del CEO. Los despedidos presentaron denuncias internas por medio del canal ético de la empresa, alertando de decisiones que podían vulnerar derechos de los pacientes. Ante la presión política y mediática, Ribera Salud anunció una auditoría interna y el propio Gallart pidió desvincularse temporalmente de la gestión del hospital.
- El Hospital de Torrejón es un centro de titularidad pública, pero la externalización de su gestión y su cesión a manos privadas puede derivar en el incumplimiento de garantizar la atención, la accesibilidad y la equidad cuando estas premisas se colocan en una balanza frente al beneficio económico.
- Las palabras del CEO de la empresa privada que gestiona el hospital evidencian la principal deficiencia del modelo privatizador de la sanidad que impulsa en PP en varias Comunidades Autónomas: «En Torrejón, en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino«.
La polémica en torno a la gestión del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) continúa creciendo tras la publicación, por parte de El País, de unos audios internos en los que el consejero delegado de Ribera Salud, la empresa que administra el centro, insta a sus responsables a rechazar pacientes y aumentar las listas de espera con el objetivo de mejorar los resultados económicos.
En la grabación -filtrada por el propio equipo directivo del hospital a través del canal ético de la empresa- se puede escuchar cómo el CEO plantea abiertamente que algunos tratamientos “no compensan” y que la prioridad debe ser alcanzar un beneficio anual más elevado. Durante la reunión, llega a poner cifras concretas a ese objetivo económico y señala que atender determinados perfiles de pacientes resulta “perjudicial” para los márgenes de la compañía.
Pocos días después de esta denuncia interna, cuatro directivos del hospital -incluida su gerente- fueron despedidos, lo que ha levantado fuertes sospechas de represalia por alertar de prácticas que, según la documentación publicada, pueden entrar en conflicto con las obligaciones de servicio público que rigen este tipo de contratos.
🚨Mira por qué la sanidad pública hay que defenderla 👇🏻
— Nenedenadie (@nenedenadie) December 3, 2025
⭕️ EL PAÍS publica audios del CEO de Ribera, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón, ordenando subir las listas de espera y reducir intervenciones para aumentar el beneficio.
👉🏻Menos operaciones,… pic.twitter.com/wzHVC4ix1Y
Un hospital público bajo una concesión privada: qué implica legalmente
Es especialmente relevante que el Hospital de Torrejón es un centro público de titularidad de la Comunidad de Madrid. Aunque la gestión diaria está externalizada, el hospital forma parte de la red pública y, por tanto, está sometido a las garantías básicas del sistema sanitario: accesibilidad, equidad y atención sin discriminación económica.
El contrato de concesión establece que la empresa gestora recibe una cantidad fija por cada habitante del área sanitaria —el llamado pago per cápita— independientemente de cuántos pacientes sean atendidos. Precisamente por ello, rechazar actividad o derivar pacientes por motivos de rentabilidad contradice el espíritu del modelo concesional y puede vulnerar tanto el contrato como la normativa sanitaria general.
Las instrucciones reveladas en los audios también chocan con la obligación legal de evitar cualquier práctica que limite el acceso a la atención médica por criterios económicos. Alargar listas de espera de forma deliberada o evitar tratamientos costosos va, además, en dirección contraria al principio fundamental de la sanidad pública: atender según necesidad, no según coste.
🚨 La gestión privada del hospital de Torrejón ordena rechazar pacientes para obtener más beneficios.
— SATSE Madrid (@SATSE_Madrid) December 3, 2025
🟢 En SATSE denunciamos la falta de personal: "vivimos en servicios mínimos constantes" pic.twitter.com/7pm85WPUpq
Una crisis que va más allá de un audio
La reacción pública y política no se ha hecho esperar. Sindicatos, asociaciones de pacientes y varios grupos parlamentarios han denunciado que el caso evidencia los riesgos de subordinar servicios públicos esenciales a lógicas de beneficio privado. El despido de los cuatro directivos ha encendido aún más la controversia, al interpretarse como un intento de silenciar una denuncia legítima desde dentro del propio hospital.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha solicitado explicaciones a Ribera Salud y se enfrenta ahora al reto de determinar si las instrucciones escuchadas en las grabaciones suponen un incumplimiento grave del contrato de gestión.
La gestión del Hospital de Torrejón se adjudicó en 2009 a Torrejon Salud, S.A por UTE ( Ribera Salud, ASISA, FCC y Concessia) por 2.127.651.697,17 euros (Sin iva), durante 30 años pic.twitter.com/OtduIXv9uB
— mmadrigal (@SoyMmadrigal) December 3, 2025
Los hospitales de Madrid con gestión privada: un modelo concentrado en pocas empresas
El caso del Hospital de Torrejón no es una excepción aislada dentro del sistema sanitario madrileño. En la Comunidad de Madrid existen actualmente varios hospitales de titularidad pública cuya gestión se ha externalizado a empresas privadas, principalmente mediante concesiones administrativas o conciertos singulares. Aunque la infraestructura y la financiación siguen siendo públicas, el funcionamiento diario -personal, compras, organización interna- recae en compañías que operan con criterios empresariales.
En los últimos años, este modelo se ha consolidado en torno a dos grandes grupos: Ribera Salud y Quirónsalud. El primero gestiona el Hospital Universitario de Torrejón, epicentro de la polémica actual. El segundo controla la mayor parte de los centros bajo gestión privada en la región: el Hospital General de Villalba, el Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz, esta última con un concierto singular que la integra de facto en el sistema público madrileño.
Entre 2021 y 2024 el conjunto de pagos facturados a los hospitales gestionados por Quirón -créditos iniciales más liquidaciones- sumaron en torno a 4.803 millones de euros, con partidas que se han ido incrementando año tras año. Durante el periodo 2019 a 2024, el hospital gestionado por Ribera Salud habría recibido en torno a 662 millones de euros de la Comunidad de Madrid. En ese periodo, esa cantidad supone unos 146 millones “extra” respecto a lo inicialmente presupuestado. Precisamente, la Asociación Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) acaba de presentar una denuncia por el uso abusivo de los contratos menores (a dedo) por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el año 2020, señalando que junto al SERMAS adjudicaron 408.133 contratos menores por 900 millones de euros.
Audita Sanidad vuelve a denunciar el uso abusivo de contratos menores en la sanidad madrileña https://t.co/K0concPQUX vía @tercerainfo3i
— Audita Sanidad (@AuditaSanidad) December 3, 2025
Aunque cada centro tiene sus particularidades, todos operan bajo un esquema similar: la administración paga una cantidad fija por cada habitante del área sanitaria asignada o por actividad asistencial realizada. En teoría, esto debería garantizar eficiencia sin sacrificar la calidad. En la práctica, sin embargo, este diseño introduce incentivos para reducir costes y limitar actividad, especialmente en procesos clínicos complejos o caros. Justo el tipo de decisiones que revelan los audios filtrados en Torrejón.
La concentración de la gestión en tan pocas empresas también alimenta un debate más amplio. Estos grupos han recibido en los últimos años cientos de millones de euros de la Comunidad de Madrid, tanto en pagos ordinarios como en aportaciones extraordinarias para cubrir desfases presupuestarios o actividad adicional. Para sindicatos y asociaciones de pacientes, esto dibuja un panorama preocupante: la sanidad pública externalizada se convierte en un negocio muy rentable para unos pocos operadores privados, mientras las obligaciones asistenciales -listas de espera, atención de casos complejos, continuidad asistencial- siguen recayendo en el sistema público.
Lo ocurrido no afecta solo a un hospital: reabre un debate que llevaba años latente sobre los límites, la transparencia y el sentido mismo de privatizar la gestión de un derecho fundamental como la salud.
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