CCOO valora los decretos del Gobierno pero echa en falta herramientas para garantizar la eficacia de las medidas

CCOO valora que el Gobierno haya reaccionado con un nuevo paquete de 80 medidas, valoradas en 5.000 millones de euros, para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio. La organización es consciente de que la “aritmética parlamentaria” ha obligado a dividir el paquete en dos decretos: uno con medidas fiscales y económicas en materia energética y para los sectores productivos más afectados, y otro con medidas sociales, incluyendo la congelación de los precios del alquiler.

El sindicato considera necesaria la aprobación de ambos decretos en un contexto marcado por el fuerte encarecimiento de la energía —más del 30% en el diésel y el 18% en la gasolina en apenas tres semanas—, lo que, según distintos think tanks, podría provocar un repunte de la inflación por encima del 4%, con su consiguiente traslado a precios como los de los alimentos o la vivienda.

Las medidas de reducción de impuestos a los combustibles o a la energía son asumibles solo en la medida que se garantiza que sus efectos llegan a los bolsillos de los consumidores y la ciudadanía, aliviando la economía de los hogares.

En materia de empleo, CCOO considera que es muy positivo que las empresas que reciban ayudas públicas no puedan despedir por causas objetivas. Igualmente es acertada la prórroga del bono social eléctrico y el refuerzo del bono térmico para los colectivos más vulnerables, así como la prohibición de cortes de suministros básicos como la luz, el agua o el gas.

Otra medida que la organización aplaude es que los sectores que se beneficien de la coyuntura para ampliar sus márgenes y beneficios deban contribuir a paliar las consecuencias de la crisis. En este sentido, es necesario recuperar el impuesto extraordinario a las energéticas que decayó a finales de 2024.

A pesar de las dificultades que existen para aprobar el decreto ley relacionado con la vivienda, su aprobación resulta urgente para los hogares en régimen de alquiler, que actualmente se encuentran entre los colectivos con mayores dificultades para llegar a fin de mes. Estos hogares no podrían asumir una nueva crisis inflacionista que, además del aumento del coste de la vida, implique renegociaciones de contratos con subidas que pueden superar ampliamente los dos dígitos. Por ello, mientras dure la crisis inflacionista, es necesario prorrogar los contratos que venzan en este ejercicio.

No obstante, la experiencia reciente —como las medidas adoptadas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania— demuestra que cualquier incentivo fiscal destinado a contener los precios energéticos debe ser controlado para asegurar que cumple su objetivo y no incrementa los márgenes empresariales. Por ello, deben incorporarse mecanismos de control de precios que eviten prácticas abusivas en la fijación de precios por parte de las empresas.

Adicionalmente, serían necesarias otras medidas focalizadas en los colectivos que más lo necesitan. En este sentido, consideramos que el paquete actual resulta insuficiente para abordar de forma justa y estructural el nuevo shock inflacionario.

CCOO echa en falta la incorporación de propuestas clave que ya ha defendido, como el control dinámico de precios, especialmente en carburantes, para evitar subidas especulativas y suavizar los picos inflacionarios vinculados al encarecimiento energético. Este control debería referenciar los precios de mercado a la media de los últimos treinta días de los principales índices europeos de futuros de gasolina y diésel, limitando los márgenes de forma coherente con los costes reales de la cadena del petróleo.

También la gratuidad del transporte público, como medida eficaz, progresiva y de impacto directo tanto en la economía de los hogares como en el medio ambiente, al reducir el uso del vehículo privado. Y, finalmente, medidas fiscales y transferencias directas dirigidas a los colectivos más vulnerables, que protejan a las rentas bajas frente al aumento del coste de la vida de manera más equitativa. Estas podrían articularse mediante devoluciones en el IRPF de entre 200 y 300 euros para personas con rentas inferiores a 23.000 euros. Asimismo, los perceptores del IMV o de prestaciones por desempleo deberían recibir ayudas directas vinculadas a sus prestaciones.

Independientemente de la aprobación final del decreto ley de vivienda, será necesario realizar un seguimiento y control de los precios de la vivienda —tanto en alquiler como en hipotecas— para evitar que la crisis energética se traslade a uno de los principales gastos de los hogares.

Asimismo, es imprescindible avanzar hacia un enfoque más estructural que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y refuerce la transición energética, única vía para garantizar estabilidad económica y una menor vulnerabilidad ante crisis internacionales.

En definitiva, aunque las medidas del Gobierno suponen un paso en la buena dirección para contener los efectos más inmediatos de la crisis, resulta necesario reforzarlas con políticas más ambiciosas, selectivas y orientadas a proteger a la mayoría social, evitando que, una vez más, el coste de la inflación recaiga sobre las personas trabajadoras.