Izquierda Unida exige a Mañueco que negocie una financiación singular para Castilla y León

El modelo de financiación autonómica ha generado choques entre las organizaciones políticas de Castilla y León. Izquierda Unida (IU) ha señalado como poco pertinentes las declaraciones realizadas por Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta de Castilla y León, en Aranda de Duero el pasado martes 16 de julio. Frente a las críticas manifestadas por el presidente autonómico a los acuerdos económicos del gobierno central con sus socios parlamentarios, la organización ha recordado que es necesario reformar el actual modelo de financiación para corregir las desigualdades y fomentar la cohesión territorial.

“Los servicios públicos requieren de políticos que luchen para que se cubran las necesidades de quienes vivimos en esta Comunidad”, explica Juan Gascón, coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León. Así responde ante la problemática generada por Mañueco en su visita a Aranda de Duero, cuando anunció que estaba en riesgo la construcción de un hospital concertado debido a los acuerdos económicos del gobierno central con sus socios parlamentarios. También alertó sobre la posibilidad de eliminar el Grado de Medicina en la Universidad de Burgos o el plan de viviendas de protección oficial para la capital de la Ribera.

Izquierda Unida apunta a la responsabilidad del gobierno autonómico ante los riesgos señalados por Mañueco. Afirma que es necesario reformar actual modelo de financiación aprobado en 2009, que debería haberse revisado en 2014. El sistema estaría desactualizado, ya que presenta fuertes diferencias de financiación por habitante no justificadas entre las comunidades autónomas. De acuerdo a la organización, para mejorar la capacidad financiera las comunidades se debe aumentar su capacidad normativa, corregir las desigualdades y simplificar el sistema cuyo objetivo fundamental es la cohesión social y territorial.

«Si Mañueco reduce impuestos a quienes más dinero tienen no es lógico que pida solidaridad a otras Comunidades o mayor cantidad de fondos al Gobierno de España», explica Juan Gascón. Para la organización que representa, el sistema tiene que contemplar la solidaridad entre territorios y no favorecer la competencia fiscal de algunas Comunidades como Castilla y León. “La reducción de impuestos rompe la igualdad y la equidad entre comunidades y amenaza la financiación de servicios públicos”, continúa el líder de IU. Este ha puesto sobre la mesa las características de Castilla y León para mejorar la financiación de los servicios públicos a prestar a la ciudadanía. «Contamos con una ciudadanía envejecida, dispersa con más de 2.000 municipios, con muchos pueblos, zonas periféricas y con particularidades que el modelo de financiación debe tener en cuenta», explica Gascón.

En su visita a Aranda de Duero, Mañueco tildó los acuerdos del gobierno central con sus socios parlamentarios como una «ruptura de la caja común que amenaza la cohesión territorial de España”. Izquierda Unida responde que esta comenzó con las reducciones de impuestos que el PP ha aprobado a lo largo de sus 38 años de en la Junta de Castilla y León. La organización tampoco considera acertada la afirmación del presidente autonómico de recurrir estos pactos frente al Tribunal Constitucional. “Judicializar el asunto no es buena estrategia para Castilla y León”, afirma Gascón.

Izquierda Unida finaliza su respuesta con una serie de invitaciones al presidente autonómico. Frente a las medidas judiciales anunciadas por este, le instan a solicitar una reunión con el presidente Sánchez para negociar una financiación singular. La propia organización participó el pasado 11 de julio en un encuentro con la ministra de Sanidad de la mano de otras formaciones como CCOO CyL, UGT CyL, Amnistía Internacional y las plataformas por la Sanidad pública de Castilla y León. En ella, señalaron críticas respecto al sistema sanitario de la región, ensalzado por Mañueco en sus declaraciones en Aranda de Duero.

La propuesta de Izquierda Unida consiste en que el gobierno asuma un total de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común. Con ello las comunidades de régimen común podrían liberar los recursos que dedican a pagar esa deuda – que asciende a 7.000 millones de euros solo en intereses- y mejorar su situación. La organización afirma que con estas medidas se cumpliría el compromiso con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y beneficiaría considerablemente a las comunidades del PP que se han opuesto y que recurrirán la Ley en cuanto se tramite. “Nos gustaría que la Ley incluyese condicionalidad positiva, es decir, que lo que se ahorran los territorios vaya a servicios públicos esenciales”, afirma Gascón.

Izquierda Unida invita también a Mañueco a que acuda al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera con propuestas serias para Castilla y León y exentas de amenazas de acabar con los servicios públicos. “Es una oportunidad para nuestra comunidad y la consecución de una financiación singular redundando en políticas públicas y no en bajadas regresivas de impuestos a las rentas más altas”, afirma Gascón.