Antonio Maíllo presenta “35 radicales, claras y contundentes contra la corrupción” porque “hay que salir de los lamentos, dar más medidas explicaciones y convertir esta vergüenza en acción política”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha presentado de forma pública un documento con “35 para luchar contra la corrupción medidas”, propuestas “radicales, claras y contundentes”, relativas a la “persecución de los delitos relacionados con esta lacra, con un endurecimiento claro para perseguir a los corruptos pero también a los corruptores, para actuar contra el fraude fiscal, las relaciones con los cargos públicos, las campañas electorales y medidas contra el transfuguismo”.

En declaraciones a los medios en las dependencias de IU en el Congreso, Maíllo destacó que “hay que salir de los lamentos, hay que dar más explicaciones y convertir esta vergüenza en acción política”, porque nos encontramos ante “un momento con graves heridas en la ética pública que exige convertir en acción legislativa la lucha contra la corrupción”.

“Es muy importante -apuntó- dar respuesta a millones de personas de izquierda que están indignadas con razón y que necesitan una respuesta que dé certidumbre y seguridad en forma de cómo tiene que hablar el Parlamento y cómo debe hablar el Gobierno a través de medidas radicales”.

Para el máximo responsable de IU “es el momento de avanzar en una apuesta radical sin matices, contundente, en la que el Gobierno y su salida política tienen mucho que ver con la respuesta que se dé en términos legislativos contra la corrupción”.

Ante la herida abierta en la ética pública, solo hay un camino: medidas legislativas y políticas que ataquen frontalmente a la corrupción.

En @IzquierdaUnida lo tenemos claro, y por eso presentamos hoy 35 medidas concretas para ello. pic.twitter.com/sweMTsKJjA

— Antonio Maíllo 🇪🇭🔻 (@MailloAntonio) June 16, 2025

«Queremos mantener el Gobierno, pero para hacerlo hay que actuar. El Gobierno no se sigue diciendo lo siento, hay que actuar, y un gobierno habla a través de las leyes, habla a través de los acuerdos del Consejo de Ministros y habla a través de los proyectos de ley que se envían al Parlamento», comentó.

De ahí el documento presentado y las 35 medidas que incluye, de las que Maíllo quiso detallar algunas, a las que “Izquierda Unida ha intentado abrir paso a largo de la historia” y que “están actualizadas, por supuesto”.

La primera plantea crear una “Ley Integral Anticorrupción, que tiene mucho que ver con la necesidad de que los corruptos y los corruptores, de los que no se habla, afronten los costos directos e indirectos de todas sus acciones”, entre ellos “los perjuicios a terceros, los costos judiciales y la restitución íntegra de los derechos lesionados” y que incluye “la prohibición de concurrir a concursos públicos de contratación a las empresas condenadas por corrupción o sus directivos en los últimos 10 años”.

IU plantea también una “ley expropiatoria de bienes o beneficios adquiridos por prácticas corruptas y la ampliación de equipos penales” a través de la “reforma del Código Penal”. Maíllo entiende que también debe actuarse contra «las conductas de pasividad, es decir, de gente que conoce actos delictivos de corrupción y no lo comunican, lo que debe convertirse en una obligación. Es lo que llamamos corrupción pasiva».

Reclamó también “endurecer el delito de cohecho o soborno impropio, de las penas de delito fiscal”, así como tramitar una ley para “la creación y desarrollo de la Oficina de Prevención de la Corrupción”, algo que ya presentó hace más de un año en el Congreso, a la vez que se debe “reformar la ley 2/23 de protección de personas que informan sobre infracciones normativas de lucha contra la corrupción”.

Esta treintena larga de medidas “que son una propuesta de inicio” se las explicará comunicará IU “al resto de formaciones que compartimos grupo parlamentario, a los partidos con los que compartimos el pacto de investidura y al partido con el que compartimos Gobierno, el PSOE”.

Además, en las explicaciones a los medios ofrecidas unas seis horas antes de que Pedro Sánchez compareciera en la sede del PSOE, Maíllo detalló que en una reunión que la dirección de IU tiene previsto hacer mañana se valorará si deben incorporarse más contenidos “a tenor de la respuesta y la intervención que tenga el secretario general del Partido Socialista sobre las medidas internas que debe desarrollar su organización” y también “las que a nosotros nos competimos, que son medidas de carácter externo para ejecutar desde el Gobierno”.

A preguntas de los medios sobre qué pasaría si el PSOE resulta vinculado formalmente en la investigación judicial por financiación ilegal, Antonio Maíllo dijo que “ahora mismo en política tenemos que hablar de realidades y no establecer supuestos que no se dan”, aunque aseguró tajante que “todo cambiaría de pantalla todo”.

«Lo peor para el Gobierno es quedarse paralizado»

«Ahora -dijo- hay unos audios que nos han indignado a todos, que nos han sacudido. Ahora mismo hay una herida abierta en la sociedad por estos audios y el informe de la UCO que nos interpela a todas las organizaciones ya lo que hay que dar salida. Si eso se convirtiera en una situación de imputación a un partido estaríamos en otra pantalla, absolutamente incontrolable» y apostillo que «cuando se den las situaciones sobrevenidas que se tengan que dar, Izquierda Unida hablará».

Hasta entonces, Maíllo incidió en que es una “necesidad” que “la gente sepa que hay organizaciones que estamos a disposición de remangarnos claramente para afrontar de verdad la lucha contra la corrupción, que se convertirá en una batería de medidas que no se han tomado hasta ahora y que consideramos absolutamente inaplazables”.

El máximo responsable de IU explicó también con contundencia que “lo peor que podría hacer el Gobierno es quedarse paralizado”, entre otras razones porque “la corrupción corroe tanto que envenena y salpica hasta el debate político y las coordenadas morales de un país. La ética política y pública están heridas y, por tanto, hay que sanarlas y desde ese punto de vista es desde el que vamos a concentrar todas nuestras propuestas”, con la autoridad que da que “hemos pedido transparencia y celeridad en la investigación, y contundencia en la toma de medidas”.

Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción

1. Ley integral anticorrupción.

• Los corruptos y corruptores asumirán los costes directos e indirectos de sus acciones, perjuicios a terceros, costes judiciales, restitución derechos lesionados.
• Prohibición de concurrir a concursos públicos de contratación de empresas condenadas ellas o sus directivos por corrupción en los últimos diez años.

2. Ley expropiatoria de bienes o beneficios adquiridos mediante prácticas corruptas: debe perseguirse de forma especial el rol que juegan las empresas corruptoras y sus dirigentes, ampliando responsabilidades en el seno de la estructura empresarial corrupta.

3. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento en algunos supuestos de penas establecidas en el Código Penal para corruptos y corruptores.

• Deben abordarse también las conductas de pasividad ante la corrupción en supuestos de conocimiento de estas prácticas y falta de denuncia por parte de sujetos de la estructura interna de las empresas, la administración o las organizaciones políticas y sociales.
• Endurecimiento del delito de cohecho o soborno impropio.
• Endurecimiento de las penas del delito fiscal y ampliación del plazo de prescripción.

4. Inhabilitación de 30 años para ocupar cargos públicos y urgencia en los expedientes judiciales con cargos públicos imputados.

5. Tramitación y aprobación de la ley de creación y desarrollo de la Oficina de prevención de la corrupción:

• Siguiendo las indicaciones GRECO, la Oficina de prevención de la corrupción tendrá como función la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas del ejercicio de funciones incluidas en el ámbito de actuación concreto.
• Tendrá independencia y autonomía y su presidencia será elegida por el Pleno del Congreso.

6. Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, tanto en medios materiales como humanos, incluidas las unidades policiales de supervisión y lucha contra la corrupción.

7. Mantenimiento del estatuto legal de las acusaciones populares y limitación legal del máximo a imponer en fianzas para poder ejercer la acusación popular.

8. Reforma de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción para dotar de mayores garantías a los denunciantes de corrupción.

9. Aprobación urgente del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que se encuentra en estos momentos en tramitación y regula por primera vez la actividad de los ‘lobbies’ en sus relaciones con las instituciones y el conjunto del sector público.

10. Aprobación urgente de la reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos o infracciones por parte de los diputados y grupos parlamentarios. Debe exigirse igual reforma en el Senado y el resto de parlamentos autonómicos en los que su normativa siga siendo poco exigente o nula.

11. Modificación de la ley de indultos para que no se pueda conceder a condenados por corrupción.

12. Limitación de aforamientos. En línea con el principio 6 de los 20 principios directores para la lucha contra la corrupción adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 6 de noviembre de 1997 de cuyo cumplimiento se encarga el grupo Greco.

13. Favorecer la especialización de personas u organismos encargados de luchar contra la corrupción y otorgarles los medios y la formación necesarios para el ejercicio de sus funciones.

14. Eliminación de la inviolabilidad del monarca.

Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

15. Desarrollo de la Ley General Tributaria para mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude.

16. Atribución a la Agencia Tributaria la función de investigar el fraude fiscal organizado y blanqueo de capitales.

17. Dotación de medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos a la Agencia Tributaria, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España; a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal; a la Fiscalía Anticorrupción.

18. Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria.

19. Lucha contra el fraude en el IVA.

20. Prohibición para que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. Todo movimiento de fondos con origen o destino a un paraíso fiscal tributarán en España al 24%.

21. Medidas de control de los procesos de contratación de las administraciones públicas.

22. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, para limitar las revisiones de precios y sobrecostes.

23. Reforma de la legislación de transparencia e información pública, para ampliar y profundizar en los supuestos de publicación y transmisión de información de los procesos de contratación.

24. Publicación de documentos relativos a procedimientos y contratos de urbanismo en tiempo real.

25. Registro público de recalificaciones de suelo.

26. Creación de una unidad en la Agencia Tributaria de comprobación de los datos fiscales declarados y los datos registrados como plusvalías de convenios urbanísticos y recalificaciones.

Cargos públicos

27. Los salarios de los representantes electos no excederán al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor. Eliminación de los complementos de cargo.

28. Eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones por ser cargo público.

29. Todas las personas con responsabilidades públicas tendrán la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público.

30. Regulación y transparencia en regalos e invitaciones. Los obsequios con valor superior a 200€ serán rechazados o entregados a la institución.

31. Incompatibilidad de tres años para ejercer en empresas privadas o prestar servicios en sectores directamente relacionados con su cargo.

Campañas electorales

32. Limitar drásticamente los gastos de las candidaturas por partidos políticos.

33. Los registros y archivos del Tribunal de Cuentas serán de acceso público.

34. Código ético del cargo público comprometiéndose a denunciar cualquier dato de corrupción que conozca, separarse de cargos electos o puestos de libre designación tras su imputación, siendo definitiva cuando sean condenados.

Medidas contra el transfuguismo

35. Reforma del Pacto contra el transfuguismo. Imposición de sanciones, suspensión de militancia, eliminación o reducción de dietas e indemnizaciones y exigencia del cargo público a infractores.