Compromís presenta en Senado pregunta por el desmantelamiento de la sanidad en Castilla y León

PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado) MULET GARCÍA, CARLES (GPIC) XIV

Expediente:
684/017891

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, de COMPROMÍS, , al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
Ciudanos y ciudadanas de Castilla y León elaborado un ·Llamamiento a la Acción por una Sanidad Rural, Digna y de Calidad.

Según el texto ¿Ante el creciente desmantelamiento de la Sanidad Rural, hacemos un llamamiento a todas las personas de Castilla y León para que, juntas, pongamos freno a la eliminación de los servicios más básicos en salud: la Atención Primaria y las Urgencias, entre otras.

El pasado mes de noviembre de 2019, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León aprobaba el Nuevo Modelo de Asistencia Sanitaria en el Medio Rural. A pesar de la ambigüedad del escrito, se indicaba claramente que su objetivo es «transformar la dinámica organizativa y el modelo asistencial de la Atención Primaria en el ámbito rural de Castilla y León». Para ello, se aboga por una centralización de los recursos materiales y profesionales, eliminando las consultas fijas programadas en los consultorios locales.

Esto supone que miles de pequeñas poblaciones que actualmente cuentan con un médico que pasa consulta semanalmente, se quedarán sin él, quedando miles de consultorios locales completamente DESMANTELADOS.

De este modo, se crean dos nuevas figuras: el Consultorio Rural de Agrupación, donde se pasaría consulta diariamente; y los Consultorios de Proximidad, sólo bajo cita previa. Hay que subrayar que el tiempo de desplazamiento desde cualquier localidad al Consultorio Rural de Agrupación más próximo sería de hasta «30 minutos».

A lo que cabe añadir, ¿cómo?, ¿en un transporte público inexistente o en un coche privado del que muchas personas no disponen? El «transporte a la demanda» ha resultado ser un fracaso utilizando el autobús de la ruta escolar para desplazar a las personas que lo solicitan. El riesgo sanitario, para los menores y para los pacientes, así como el tiempo de espera para la vuelta, son indicadores de la pésima calidad y humanidad del nuevo plan. Además, el COVID-19 ha demostrado que cualquier desplazamiento estrictamente innecesario (y con ello la centralización de la atención primaria), es un riesgo.

Asimismo: ¿dónde se van a atender las Urgencias?, ¿cuánto tiempo tardará la ambulancia en llegar hasta el paciente y trasladarlo hasta el centro de salud más cercano?, ¿cuántas ambulancias estarán disponibles para qué extensión geográfica? El silencio abismal acerca de la organización de las urgencias hace presagiar lo peor, porque quien calla, otorga.

Por otro lado, cabe destacar que el documento se justifica en el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. El sinsentido es aún mayor cuando el propio documento afirma que «en estos pacientes es conveniente acercar la atención a su entorno [¿] y dirigir los esfuerzos a evitar desplazamientos». Esto es contrario al desmantelamiento de los consultorios locales y la centralización de todos los recursos.

Otro aspecto que se puede destacar es «la incorporación de los cuidados sociales a través de agentes de salud comunitarios». El papel lo aguanta todo, pero la realidad es bien distinta y hoy podemos afirmar con rotundidad que esto se parece bastante a los «voluntarios sanitarios», es decir, a personas sin cualificación alguna, responsables de realizar la primera atención a cualquier vecino del medio rural que lo necesite.

Con este llamamiento queremos decir:
¿ BASTA al desmantelamiento de la Sanidad Rural,
¿ BASTA a la precarización de la vida en el medio rural,
¿ BASTA a la despoblación (forzosa),
¿ BASTA a la falta de servicios.

La salud es un derecho y si algo nos ha enseñado la pandemia del COVID-19, es que es que las labores del campo son esenciales para la seguridad alimentaria del país. En otras palabras, el medio rural es fuente de alimentos y sustentador de la vida.
Para mantener la vida rural es necesaria una sanidad rural digna y de calidad.

La sanidad está transferida a las Comunidades Autónomas, pero durante este estado de Alarma se ha demostrado la necesidad de tener un servicio sanitario potente, universal y de calidad, ya que es la mejor manera de procurar el bienestar de toda la población.

En la actualidad y ante la situación de emergencia internacional a causa de la Covid-19 se ha demostrado, más si cabe, la imperiosa necesidad de contar con un sistema de salud pública con las mejores garantías posibles para reafirmar el derecho a la sanidad universal en cualquier circunstancia.

Los aplausos a las trabajadoras y trabajadores del sector sanitario que han hecho frente y siguen haciéndolo, a la situación, no deben quedar en una muestra esporádica de apoyo y se tienen que confirmar en medidas políticas que refuercen sus condiciones de trabajo y que, en última instancia, garanticen el servicio a la ciudadanía.

Esta crisis sanitaria de enormes magnitudes ha vuelto a demostrar que es la sanidad pública la que en primera y última instancia garantiza la práctica totalidad del peso del derecho a la sanidad de la ciudadanía en cualquier circunstancia. Esta crisis ha visualizado como los recortes y privatizaciones en el sector sanitario pueden provocar efectos devastadores ante situaciones de especial riesgo.

Expediente:

Esta crisis ha demostrado que los servicios públicos y la fuerza de las instituciones que los sustentan son, a la hora de la verdad, la mayor garantía para los derechos de la ciudadanía. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza a toda persona el derecho a la sanidad, tal como reconocen también la Carta Social Europea y la Constitución española.

Sin embargo, los marcos de gran consenso jurídicos tienen que actualizarse para blindar los recursos y los derechos que se derivan de la sanidad pública. Más bien al contrario, en la última década hemos visto la modificación de cartas magnas como la Constitución española para alterar artículos como el 135, que han legitimado un descenso de recursos para la sanidad pública y otros servicios públicos como la educación, en beneficio de un auge privatizador de servicios que, como se ha visto estas semanas, pone en peligro vidas y derechos fundamentales. Todo esto contribuiría a dar pleno sentido a elementos tan importantes como la definición del artículo 1.1 de la Constitución, que califica el Estado español como ¿social¿; y que como tal es exhortado en el artículo 9.2 al ordenar a los poderes públicos la aplicación de medidas para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. El Estado social es, entonces, un compromiso específico en la lucha por los valores del ordenamiento que obliga a todos los poderes locales, autonómicos o del Estado central. En la actual crisis, entender la salvaguardia de la salud como un factor capital de igualdad, será una necesidad que permita a la ciudadanía recuperar la esperanza, la confianza y favorecer la cohesión social.

Por todo ello se pregunta, ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, dentro de sus competencias, y en colaboración con las CCAA, para asegurar que no existan recortes en la Sanidad Pública, como es el caso de Castilla y León antes expuesto?