Derogado el artículo del Código Penal que criminalizaba el derecho a la huelga
CCOO y UGT celebran que por fin se haya derogado el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho a huelga y por el que han sido encausados, de manera injusta, cerca de 300 sindicalistas solo por ejercer este derecho fundamental. Esta derogación aprobada por el Pleno del Senado, garantiza el derecho de huelga, refuerza el derecho a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
El Senado ha dado luz verde, por 139 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones, a la derogación definitiva del art. 315.3 del Código Penal, en el que se basaron cientos de acusaciones e imputaciones a sindicalistas en toda España, para pedirles penas de cárcel y multas por el ejercicio de su actuación durante los piquetes de huelga.
El derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28 de la Constitución. Sin embargo, en los últimos diez años hemos asistido a una intensa ofensiva penal contra la libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga, especialmente por parte de los Gobiernos del PP, con la acción concertada entre el Ministerio del Interior, la acción de la policía y el Ministerio Fiscal, que no dudaron en reactivar la aplicación del art. 315.3 del Código Penal (aprobado en la época franquista) y la Ley Mordaza para criminalizar las protestas sindicales y sociales contra las políticas de recortes y austeridad impuestas a la ciudadanía.
Hoy se deroga en el @Senadoesp el artículo 315.3 del Código Penal que cercenaba parte de los derechos de las personas trabajadoras
📸REPASAMOS LA HISTORIA RECIENTE DE LA LUCHA POR EL DERECHO DE HUELGA #HuelgaNoEsDelito pic.twitter.com/c9zVdzu0cg
— COMISIONES OBRERAS (@CCOO) April 14, 2021
Como consecuencia, más de 300 sindicalistas fueron encausados, algunos condenados, con peticiones de hasta ocho años de cárcel por su participación, la mayoría, en las últimas tres huelgas generales contra los recortes o en otros conflictos de carácter laboral. Uno de los casos más graves y significativos fue el juicio de los 8 trabajadores de Airbus, para quienes la Fiscalía pidió 8 años y 3 meses de cárcel por su participación en la jornada de huelga de 29 de septiembre de 2010, en un proceso lleno de irregularidades que parecía más una operación de castigo que un acto de justicia.
“Unas penas y sentencias absolutamente desproporcionadas”, en palabras del secretario general
de CCOO, Unai Sordo, que constituyeron una estrategia de represión de un derecho fundamental,
y que desencadenó una intensa campaña de movilización, encabezada por CCOO para exigir su derogación.
La criminalización de los piquetes informativos y del derecho a huelga nunca debió tener lugar en nuestro Código Penal. La derogación por el Senado del art. 315.3 elimina un precepto injusto, restableciendo libertades y garantizando la expresión democrática de la protesta social. pic.twitter.com/MUPRv1Dawn
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) April 14, 2021
“Hoy gana la democracia. España es más libre que ayer”. Una victoria del movimiento sindical, que CCOO quiere dedicar especialmente a todos los compañeros y compañeras sindicalistas,
trabajadores y trabajadoras que, desde 2010, fueron represaliados y perseguidos mediante sentencias que pedían años de prisión.
Como declara el Tribunal Constitucional, los piquetes informativos forman parte del contenido esencial del derecho de huelga, y son instrumentos de difusión y publicidad de la misma, reconocidos y garantizados constitucionalmente “con funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar trabajando”.
Autor Gallowolf
Además de la citada derogación, la ley aprobada hoy contempla la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto, una condición exigida por CCOO y UGT como consecuencia indispensable de la derogación del Art. 315.3 del Código Penal.
En los años de gobierno del PP la acción concertada entre el Ministerio Interior con sus reformas legales (Ley Mordaza) y la acción de la policía y el Ministerio Fiscal llevó a una aplicación generalizada y abusiva del Art. 315.3 CP, solicitando a sindicalistas que participan en piquetes penas de hasta 8 años de cárcel. Cerca de 300 sindicalistas se vieron amenazados de cárcel por ejercer el derecho de huelga en defensa de los trabajadores y trabajadoras y algunos de ellos entraron en prisión. La causa de esta actitud fue claramente política. Los sucesivos recortes en derechos laborales y sociales llevados a cabo por gobiernos de la derecha dieron lugar a una multitud de protestas, especialmente de los sindicatos, muchas veces en forma de convocatorias de huelgas generales y parciales.
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