Caso Sidenor: “No es solo una cuestión administrativa. Es un caso de complicidad con el genocidio en Palestina”

Ayer tuvo lugar en la Audiencia Nacional la declaración de tres directivos de Sidenor por su implicación en la venta de partidas de acero a la industria militar israelí  por el caso Sidenor. En la misma, el Magistrado Juez Luis Francisco de Jorge Mesas acusa a tres altos cargos de la empresa de los delitos de contrabando y complicidad con el genocidio en Palestina.  

Una vez concluida la instrucción, David Aranda, que actúa como acusación popular en nombre de la Comunitat Palestina de Catalunya y la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel”, ha declarado ante los medios de comunicación que los tres investigados se habían acogido al derecho de contestar únicamente a las preguntas de sus letrados. Por ese motivo, ha añadido, “Como acusación popular no hemos podido formular algunas preguntas que considerábamos relevantes para aclarar el caso, como por ejemplo, si los investigados conocían la situación que se estaba viviendo en Palestina y concretamente en la Franja de Gaza”.

Este es un hecho relevante por cuanto no solo se está investigando un delito de contrabando sino también “la complicidad con eventuales delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio. Entendemos que las actuaciones son mucho más complejas que una simple transacción económica por acero” ha expuesto Aranda.

La acusación popular considera que hubiera sido muy importante plantear algunas preguntas relativas a cómo se estructuraba el control por parte de la empresa de a quién se le vendía el acero o cómo se cerraban algunas operaciones económicas.

Los investigados han declarado que el acero que ellos fabrican no es acero incluido en el anexo del reglamento comunitario, es decir, no es  lo que se consideraría como material de doble uso por la normativa comunitaria. Sin embargo, David Aranda, afirma que “lo que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción, y una de las cosas que nosotros sostenemos, es que el acero iba destinado a una empresa que fabrica de forma exclusiva tecnología militar, entre las cuales se encuentran plataformas de lanzamiento de misiles, municiones, etc. En ese sentido, “entendemos que, evidentemente, aunque ese acero no fuera aleado y tuviera que ser aleado en destino, hubiera sido necesario solicitar la debida autorización por cuanto se cumplen unos requisitos determinados en la normativa comunitaria.” 

Lo más importante es que no solo se está investigando un delito de contrabando. No es una mera cuestión puramente administrativa de si Sidenor tenía que solicitar esa autorización o a quién le correspondía hacerlo. Este es un caso de complicidad ya que los envíos de acero se han hecho de manera regular a una empresa armamentística que está colaborando en la ejecución de un genocidio y delitos de lesa humanidad. Por lo tanto hay una complicidad por parte de una empresa del Estado español con la comisión final de un delito de genocidio o un delito de lesa humanidad, constituyendo  una vulneración del derecho internacional humanitario en la franja de Gaza. Sidenor estaba contribuyendo con su actividad comercial al resultado final. 

Según datos de la Audiencia Nacional, Sidenor envió acero a la empresa armamentística israelí IMI en 42 ocasiones por un valor de casi seis millones de euros. Treinta y tres de esos envíos se realizaron después de iniciado el genocidio en Gaza. La empresa envió un total de 4.587 toneladas de acero, recibiendo 5,8 millones de euros a cambio.

David Aranda ha acabado su declaración añadiendo que “es un hito importante que haya un procedimiento de este tipo porque manda un mensaje claro por parte de la justicia del Estado español a todas aquellas empresas que se estén lucrando con el genocidio”  

Por su parte, Natàlia Abu – Sharar, Presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya ha declarado que “es la primera investigación de este tipo en el Estado español, pero no será la última, porque mientras haya empresas que alimenten el colonialismo, la ocupación, el apartheid y el genocidio, seguiremos denunciando, organizándonos y exigiendo justicia”. Así mismo,  ha añadido: “hoy toda Palestina resiste, Gaza bajo los bombardeos, Cisjordania bajo la ocupación militar, Jerusalén bajo asedio cotidiano, el 48, la Palestina histórica, bajo un sistema de apartheid y las palestinas y palestinas de la diáspora perseguidas, silenciadas y reprimidas por levantar la voz contra el genocidio. Un pueblo entero al que quieren borrar, pero que sigue en pie, porque seguimos firmes, seguimos dignas y seguimos vivas, porque nuestra fuerza nace de la justicia, la memoria y la resistencia colectiva”.

Por su parte, Hania Faydi, portavoz de la campaña por “Fin al Comercio de Armas  con Israel” ha declarado que “el gobierno del Estado español sigue sin decretar un embargo integral de armas con Israel. De forma rutinaria se siguen utilizando los puertos del Estado como puntos de acceso que facilitan el tránsito de armas a Israel. La sociedad civil seguimos activas, seguimos haciendo el trabajo que el Estado no está haciendo, denunciando cada complicidad, cada contrato, cada barco que alimenta y financia el genocidio contra el pueblo palestino”. En ese sentido, Faydi ha manifestado también que “no dejaremos de exigir al gobierno español que cumpla con su obligación legal y básica, que es decretar un embargo integral de armas a Israel. Se debe acelerar el proceso parlamentario, incorporar las enmiendas con urgencia, que lo conviertan en un embargo integral, y tramitar la aprobación de la Ley en el Congreso lo antes posible. En este momento, el Real Decreto Ley del Gobierno está muy lejos de asegurar que no llegan armas a Israel procedentes del Estado Español y de que no se está colaborando con el genocidio del pueblo palestino.    La solidaridad con Palestina es un llamado a todas las estructuras que sostienen el colonialismo, la guerra, la ocupación y la violencia con formas de poder.”

Antecedentes

Hoy 12 de noviembre han declarado en la Audiencia Nacional tres altos cargos de la empresa Sidenor. Los directivos de la empresa metalúrgica vasca han sido acusados de contrabando, según la Ley Orgánica de Represión de Contrabando, por la venta de acero a la empresa israelí IMI (Israeli Military Industries) para la fabricación de armamento. También de un delito de participación por complicidad en un crimen de lesa humanidad, recogidos en los artículos 29 y 607 bis y de genocidio del artículo 607 del Código Penal. La querella fue puesta por la Comunitat Palestina de Catalunya, la cual se presenta como acusación popular, en representación de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

La providencia del Magistrado Juez Luis Francisco de Jorge Mesas expone que Sidenor tenía conocimiento que IMI es una empresa que se dedica a la fabricación de armamento. La venta, según la misma resolución judicial, se llevó a cabo “sin comunicarlo al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente”.

Las acusaciones de los delitos de lesa humanidad y genocidio imputadas se sustentan en la calificación provisional atribuida por la Corte Internacional de Justicia y las “denuncias de genocidio hechas por la Relatora Especial de la ONU, Sra. Albanese, la UNRWA y otras personas y agencias de la Naciones Unidas” sobre los acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza.