CCOO exige que la Administración General del Estado proteja a su personal frente a los riesgos de la exposición al gas radón

Numerosos organismos internacionales han alertado del riesgo para la salud que supone la exposición al gas radón y se han emitido tanto normas como recomendaciones para controlar o minimizar este riesgo, ya que una exposición a altas concentraciones de este gas, presente de forma natural en ciertas áreas en función de su composición geográfica, se ha asociado a un aumento de la incidencia de enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón.

El CSN emitió una instrucción con carácter vinculante sobre este asunto el 9 de abril de este año, que se publicó en el BOE el 1 de mayo. En ella, se incluye el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón y se establecen directrices para las mediciones de este gas en el interior de los centros de trabajo ubicados en ellos. Ya en 2013 se había aprobado una directiva europea sobre este asunto, que se traspuso a la legislación española mediante el Real Decreto 1029/2022.

Desde CCOO, siempre hemos defendido la necesidad de aplicar la normativa vigente y adoptar las medidas necesarias para evaluar la presencia de gas radón en los centros de trabajo. Pero, pese a la existencia de legislación y de la insistencia de CCOO para su aplicación, Función Pública no se lo ha tomado en serio y persiste en incumplirlas: la mayoría de los centros de trabajo de la Administración General del Estado (AGE) siguen sin conocer siquiera si existen filtraciones de gas radón en sus dependencias.

Exigimos que con carácter inmediato se instalen medidores, conforme a la instrucción del CSN, en todos los centros de trabajo de la AGE ubicados en los municipios señalados en la como prioritarios para actuar con carácter inmediato. Rechazamos asimismo que la prevención de riesgos laborales y la protección de las plantillas sean una actividad meramente burocrática, ya que precisamente la administración debería dar ejemplo. 

El personal de la AGE está expuesto a riesgos laborales que se ven agravados por la elevada edad media de las plantillas, a riesgos psicosociales, a violencia en el trabajo o una vigilancia de la salud prestada por servicios sanitarios públicos. Hace falta una auténtica cultura de la prevención que forme parte de la gestión diaria de los centros de trabajo y que se cubran todas las vacantes en los servicios de prevención. Desde CCOO, seguiremos defendiendo el derecho a la salud y su protección en la Administración General del Estado.