El Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid es un proyecto obsoleto y contraproducente para la viabilidad de nuestra economía, naturaleza y sociedad

Ecologistas en Acción ha presentado sus alegaciones al Plan de Carreteras 2025-2032 de la Comunidad de Madrid.

El Plan incide en errores del pasado: ampliar y construir nuevas carreteras para supuestamente evitar los atascos, olvidando las soluciones de intermodalidad y movilidad sostenible. De llevarse a cabo este Plan de Carreteras, será imposible cumplir la normativa de calidad del aire o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al transporte por carretera.

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha elaborado un extenso documento para poner de manifiesto las enormes deficiencias del Plan de Carreteras que presenta el Gobierno regional junto a su estudio ambiental estratégico. Entre los principales argumentos en contra de este plan, destacamos:

1. Madrid es una de las regiones del mundo con mayor densidad de carreteras por kilómetro cuadrado. Y muchas de ellas, casi 1.000 kilómetros (978 km), son autovías o autopistas, en algún caso hasta con 12 carriles. Esta sobredotación viaria ha provocado una gran dispersión urbana y un incremento constante de los viajes en automóvil (12 millones de desplazamientos al día en la actualidad, mientras mengua el uso del transporte público metropolitano). Sin embargo, la solución que propone el Plan de Carreteras para solventar los problemas de congestión no es sino incidir en las políticas que nos han llevado a esta situación insostenible: ampliar aún más esta enorme red de carreteras: 33 km de nuevas carreteras, 60 km de duplicaciones, 24 km de ampliaciones de capacidad, 36 km de “carreteras 2+1” (con carriles extras en determinadas zonas), etc.

Se ignoran por completo las dinámicas de inducción de tráfico (cada nueva ampliación de viario anima a más gente a usar el coche) y las contrarias, las de evaporación del tráfico (cuando se reduce la capacidad, los conductores buscan alternativas en otros medios de transporte, horarios, etc.).

2. El tráfico por carretera, según el último inventario del Miteco (2025, con datos de 2023), genera el 30,1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Es el sector más emisor y el único que crece mientras todos los demás sectores se reducen notablemente. Los compromisos vinculantes a escala mundial (Acuerdo de París) y europea (Ley Europea del Clima) que tenemos que cumplir suponen reducir en 2030 un 55% las emisiones en relación a las que había en 1990. Pues bien, con su Plan de Carreteras la Comunidad de Madrid pretende que aumente la movilidad en coche un 58% entre 2025 y 2032, lo que hará imposible conseguir la necesaria reducción de emisiones. No es de extrañar que cada vez sean más virulentos los efectos del cambio climático.
3. El Plan de Carreteras presentado por el Gobierno regional toma como referencia en materia de calidad del aire dos directivas europeas antiguas, olvidando que desde octubre pasado se aprobó una nueva directiva, la 2024/2881, sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. Esta directiva es mucho más exigente con los límites tolerables de los distintos contaminantes.

Como ya mostró Ecologistas en Acción en su evaluación de la calidad del aire en 2024 en el Estado español (https://www.ecologistasenaccion.org/342604/informe-calidad-del-aire-en-el-estado-espanol-2024/), donde se analizan los registros de la totalidad de las estaciones de medición de la contaminación oficiales en nuestro país, la Comunidad de Madrid incumple en todo su territorio y para la totalidad de sus habitantes alguno o algunos de los límites máximos legales impuestos por la nueva directiva, bien para partículas (PM₁₀ o PM_2,5), dióxido de nitrógeno o para el ozono troposférico. Estos límites serán de obligado cumplimiento en 2030. Si consideramos que el tráfico rodado es el principal agente contaminador del aire en la Comunidad de Madrid y los incrementos previstos de uso del automóvil por el aumento de las carreteras no es difícil deducir cuál va a ser el resultado de esta política de infraestructuras: el incumplimiento de la normativa que trata de paliar que cada año fallezcan en la Comunidad de Madrid 5.400 personas de forma prematura por la contaminación atmosférica, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2024, con datos de 2022).

4. El Plan adolece de políticas de movilidad sostenible (a pesar de que se hace referencia a una Estrategia de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid 2022-2030 que no existe o no es pública), como la intermodalidad, la gestión de la demanda, el fomento del transporte público y de los medios no motorizados, etc.
5. La evaluación ambiental no pone en cuestión prácticamente ninguna carretera de las que se pretende realizar o ampliar ni se valoran adecuadamente los problemas de deterioro de hábitats, pérdida de conectividad ecológica, daños a espacios protegidos y a vías pecuarias, etc. Resulta llamativo el ridículo número de pasos de fauna, ocho en total, que se plantean para solventar los problemas de accidentalidad provocada por la fauna (no para mejorar la protección de la biodiversidad) en un total de 2.300 km de carreteras de la región.
6. Señalar también la falta de concreción del origen de los fondos que se dedicarán al Plan: un presupuesto que irá subiendo de los 62,8 millones de inversión en 2025 hasta los 289,8 que se prevén en 2032. Entre los métodos de financiación se plantea acudir a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sin embargo caducan en 2026 y sólo se destinan, supuestamente, a iniciativas sostenibles.

Peor aún resulta incluir entre los medios de financiación sistemas tan ruinosos e injustos socialmente como los peajes en la sombra. Baste decir que la Comunidad de Madrid paga en la actualidad por el peaje en la sombra de la M-45 más de 80 millones al año, una cantidad que viene creciendo desde 2002, cuando se inauguró, y que continuará aumentando hasta 2032 y 2037, según los tramos, y que hará que al final de las concesiones la carretera nos haya costado más de cuatro veces su coste si se hubiera construido de forma convencional, con un crédito bancario a la administración de carreteras. Esos 80 millones de euros de pago anual del peaje en la sombra son una cantidad superior al presupuesto del Plan de Carreteras en cada uno de los tres primeros años de vigencia. 

En definitiva, se trata de un plan absolutamente alejado de las necesidades sociales y de la sostenibilidad económica y social exigible a una inversión de este calibre. Por estos motivos, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid exige su retirada y que se canalicen los esfuerzos en una verdadera estrategia de movilidad sostenible que reduzca los problemas ocasionados por el transporte.