Más de 50 organizaciones exigen al gobierno que cumpla el cierre acordado de Almaraz y alertan de que prorrogar la central costaría más de 3.800 millones euros a la ciudadanía

El 11 de marzo se cumplen 15 años desde el accidente de Fukushima, un recuerdo que ha motivado la presentación del manifiesto ‘Alargar las nucleares, no gracias’ por un amplio colectivo de organizaciones ecologistas, vecinales  y sociales. Esta iniciativa ciudadana reclama al Gobierno de España el cumplimiento estricto del calendario pactado de cierre de las centrales nucleares en la península ibérica, comenzando por los reactores I y II de Almaraz en 2027 y 2028, respectivamente, como primer paso para eliminar los riesgos del sector nuclear, como los que a día de hoy sigue sufriendo la región cercana a Fukushima.

Las entidades firmantes denuncian las presiones de las empresas eléctricas para prolongar la actividad de la central extremeña hasta 2030. De hecho, y a pesar de que las eléctricas y el gobierno pactaron el plan de cierre, la empresa titular de Almaraz, participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, ha solicitado una prórroga de funcionamiento del reactor I hasta el año 2030 que, de aprobarse, retrasaría el calendario previsto de cierre al menos tres años. La ampliación del calendario de cierre supondría, según los datos aportados en el manifiesto, un sobrecoste acumulado en la factura de la luz de 3.831 millones de euros entre 2026 y 2033, además de poner en riesgo 26.129 millones de euros en inversiones previstas en energías limpias.

«Queremos un presente y un futuro con fuentes de energía renovables, locales y más democráticas, para frenar el cambio climático, tener seguridad de suministro y soberanía energética. La energía nuclear es un obstáculo para un futuro más estable, fiable y más seguro», señala el manifiesto, que ya ha comenzado a recoger adhesiones.

Además del riesgo que supone la energía nuclear, el problema sin resolver sobre la gestión de los residuos radiactivos y las implicaciones que suponen como objetivo bélico, como se está demostrando en las guerras de Ucrania e Irán, las organizaciones destacan que en el último año se han desaprovechado 29,5 millones de MWh de renovables por la prioridad de entrada de la nuclear en la red. Además, recuerdan que no aportan seguridad ni robustez al sistema, como se demostró en el apagón eléctrico de 2025. Las nucleares no son válidas para controlar tensión ante inestabilidades que podrían derivar en un nuevo apagón, y fueron «la última tecnología en retomar la producción de electricidad».

El gobierno tiene la última palabra

Las entidades recuerdan que el Gobierno de España tiene capacidad legal para no autorizar la prórroga de Almaraz, ya que el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear no es vinculante salvo si es negativo, y la decisión debe ser coherente con la política energética y climática del Ejecutivo. Alertan de que la prolongación de la vida de las nucleares retrasaría además la transición energética, al impactar y generar incertidumbre en la rentabilidad tanto de las renovables existentes como de los nuevos proyectos. Por lo tanto, autorizar la prolongación de la vida de las centrales es una decisión política que debe entenderse como tal sin remitir a excusas técnicas que no dan razones reales para el mantenimiento de la actividad nuclear.

Residuos radiactivos: un problema sin resolver

El manifiesto también pone el foco en la gestión de los residuos radiactivos. Los emplazamientos nucleares almacenan toneladas de combustible gastado que permanecerán radiactivos durante cientos de miles de años, y critican la ampliación del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), una instalación que solo guarda los residuos de baja y media actividad y que fue «una imposición durante la dictadura, consolidada en democracia sin participación ciudadana». 

Por ello, exigen:

• El cierre de los reactores de Almaraz el 1 de noviembre de 2027 y el 31 de octubre de 2028.

• El fin de la energía nuclear en la península ibérica a más tardar en 2035.

• Que no se subvencione a las nucleares con rebajas fiscales.

• Que se incremente la tasa Enresa para garantizar que las empresas paguen íntegramente la gestión de sus residuos.

• La búsqueda transparente y participativa de soluciones para los residuos radiactivos.

«Si la energía nuclear solo resulta rentable con precios altos de la electricidad y necesita que el gobierno la apoye, sencillamente tiene que cerrar», concluye el manifiesto.

Manifiesto y primeras organizaciones firmantes