CCOO denuncia la privatización sistemática de la atención en salud mental en la Comunitat Valenciana

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO del País Valencià denuncia la orientación del nuevo Plan de Salud Mental 2024-2027 de la Conselleria de Sanidad, que profundiza en la privatización de la atención sanitaria y en el desmantelamiento progresivo de la red pública de salud mental, en una comunidad que presenta las mayores tasas de trastornos mentales del conjunto del Estado.

En junio de 2025, la propia conselleria confirmó que los hospitales de día para la atención mental infantil y juvenil no se integrarían en la red pública sanitaria. En su lugar, se optó por la licitación de 480 plazas, bajo el argumento de suplir carencias del sistema público. Para CCOO, esta decisión evidencia una estrategia política deliberada donde se derivan recursos y actividad asistencial al sector privado mediante conciertos en lugar de reforzar el sistema público.

El País Valencià presenta la mayor prevalencia de trastornos mentales de toda España, con un 18,11 % en hombres y un alarmante 32,14 % en mujeres. Pese a esta realidad, nuestra comunidad ocupa el puesto 13 de 16 en número de hospitales de día de psiquiatría. Ante esta situación, la conselleria opta deliberadamente por no integrar los nuevos dispositivos en la red pública, externalizándolos mediante conciertos con empresas privadas que, en muchos casos, carecen actualmente tanto de infraestructura física como de personal especializado. Esta decisión resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que el sistema público ya dispone de espacios habilitados y profesionales cualificados capaces de asumir esta asistencia con plenas garantías.

CCOO considera inaceptable que un plan de salud mental diseñado desde un sistema sanitario público derive la atención de pacientes con trastornos de la personalidad o trastornos de la conducta alimentaria a entidades privadas. Estas patologías están catalogadas como enfermedades mentales graves, con un elevado riesgo de conductas autolesivas y suicidio, y requieren un abordaje especializado, multidisciplinar, estable y continuado. Resulta inadmisible que no sean atendidas desde el sistema público, donde los y las profesionales cuentan con la formación más sólida, como la especialidad PIR en Psicología Clínica, y con una experiencia asistencial contrastada.

Esta estrategia de privatización se agrava con la decisión de Sanidad de destinar 17 millones de euros, que deberían servir para reforzar las plantillas y recursos de los servicios públicos de salud mental, a la externalización del programa de prevención del suicidio y atención a supervivientes y familiares de personas con conductas autolíticas. Una vez más, se prioriza el enriquecimiento del sector privado frente al fortalecimiento de un sistema público ya tensionado y con necesidades evidentes.

CCOO reclama a la Conselleria de Sanidad que abandone esta política de privatización, refuerce de manera urgente los recursos públicos de salud mental, aproveche los espacios y equipos profesionales ya existentes y garantice que la atención prevista en el Plan de Salud Mental 2024-2027 se preste íntegramente desde la red pública.

La salud mental es un derecho fundamental que debe ser garantizado por un sistema sanitario público, universal y de calidad, no un nicho de negocio para empresas privadas.